Causó profunda indignación en varios sectores de opinión el fallo del juez administrativo de Bogotá que ordenó restablecer las pruebas PCR a los viajeros internacionales, además de un aislamiento controlado de 14 días luego del ingreso al país, una medida que algunos países como China —el origen de esta emergencia sanitaria— siguen aplicando de manera estricta con resultados satisfactorios en el control de la pandemia.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha señalado que esta es una medida ineficaz e inconveniente, y se basa para ello en una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud según la cual este tipo de medidas no sirven mucho cuando el nivel de contagio interno en el país es de tal magnitud que un nuevo positivo de COVID-19 no hace la diferencia y, de todos modos, se han venido desplegando una serie de controles y monitoreo a los viajeros por las dos semanas siguientes de ingreso al país. Tampoco es que lleguen y no se vuelva a saber de ellos.
El ministro Ruiz, en primera instancia, anunció que no acataría el fallo, lo cual fue respaldado por varios orientadores de opinión, es decir, un claro quiebre de uno de los pilares del Estado de derecho como lo es el cumplimiento de las decisiones judiciales, un escándalo. Gracias a la intervención del procurador Fernando Carrillo, se pasó del desacato a un diálogo —el derecho dialógico— para que el Ministerio explique la imposibilidad de cumplimiento de la medida y las razones para ello, así como la impugnación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como correspondía desde un principio.
La intervención de los jueces en asuntos que son responsabilidad del Gobierno no es un fenómeno solo de Colombia. El llamado activismo judicial ha sido documentado por diversos constitucionalistas, pero destaco a David Landau quien ha señalado que ante la insuficiencia de la protección de los derechos por parte de los poderes legislativo y ejecutivo, se legitima la intervención del juez constitucional, que lo son todos a la hora de tramitar una acción de tutela como el caso en cuestión.
En el manejo de la pandemia del COVID-19, el enfoque de derechos ha sido marginal por parte de las autoridades nacionales y locales. Como toda situación de emergencia, el foco ha estado puesto en cómo responder a los efectos negativos del fenómeno pero no en perspectiva de derechos, como corresponde a un Estado como el colombiano. Las restricciones a la libertad en los aislamientos, los excesos de los policías en el espacio público, la desigual atención de los contagios por estrato socioeconómico, el uso de los poderes de excepción por parte del Gobierno, entre otros temas, no han estado orientados por la protección de los derechos de los ciudadanos. Eso fue lo que recordó el juez administrativo, quizás no con los argumentos científicos que respalden su legítima preocupación, a lo cual se sumaría qué pasa con un pasajero contagiado de COVID-19 en un avión con el potencial de contagiar a otros pasajeros, a la tripulación y al personal de tierra de la aerolínea, y entonces ya no estaríamos hablando de un solo foco de contagio sino de varios, muchos de ellos seguramente asintomáticos que podrían extender el virus a otras personas, a raíz de cerca de 90 vuelos mensuales y un promedio de 14.000 visitantes.
¿Es una discusión técnica que debe ser dejada a los especialistas de la salud? Sí. ¿Que un juez no debería sumergirse en consideraciones científicas que están lejos de su alcance? También. Pero las decisiones basadas en evidencia también deben sopesar derechos, y ante un nuevo positivo de COVID-19 no identificado están involucrados derechos de otras personas, situación que el Gobierno no puede minimizar y que debe estar en el núcleo de la decisión definitiva del tema.
Mientras se da este debate, y con un promedio de 180 muertes reportadas diarias, se estaría cumpliendo la cifra proyectada por el Instituto Nacional de Salud de 42.000 muertes a finales del año, y con una meseta interminable que no da señales de ceder, estaríamos al finalizar el primer trimestre de 2021 con cerca de 58.000 muertes. Una tragedia por donde se mire, una cifra a la cual el Gobierno parece haberse resignado, y sobre lo cual no se ve mucha indignación, porque si algo ha demostrado esta pandemia en una sociedad tan desigual como la colombiana, es la mala distribución hasta de la indignación.
@cuervoji
Causó profunda indignación en varios sectores de opinión el fallo del juez administrativo de Bogotá que ordenó restablecer las pruebas PCR a los viajeros internacionales, además de un aislamiento controlado de 14 días luego del ingreso al país, una medida que algunos países como China —el origen de esta emergencia sanitaria— siguen aplicando de manera estricta con resultados satisfactorios en el control de la pandemia.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha señalado que esta es una medida ineficaz e inconveniente, y se basa para ello en una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud según la cual este tipo de medidas no sirven mucho cuando el nivel de contagio interno en el país es de tal magnitud que un nuevo positivo de COVID-19 no hace la diferencia y, de todos modos, se han venido desplegando una serie de controles y monitoreo a los viajeros por las dos semanas siguientes de ingreso al país. Tampoco es que lleguen y no se vuelva a saber de ellos.
El ministro Ruiz, en primera instancia, anunció que no acataría el fallo, lo cual fue respaldado por varios orientadores de opinión, es decir, un claro quiebre de uno de los pilares del Estado de derecho como lo es el cumplimiento de las decisiones judiciales, un escándalo. Gracias a la intervención del procurador Fernando Carrillo, se pasó del desacato a un diálogo —el derecho dialógico— para que el Ministerio explique la imposibilidad de cumplimiento de la medida y las razones para ello, así como la impugnación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como correspondía desde un principio.
La intervención de los jueces en asuntos que son responsabilidad del Gobierno no es un fenómeno solo de Colombia. El llamado activismo judicial ha sido documentado por diversos constitucionalistas, pero destaco a David Landau quien ha señalado que ante la insuficiencia de la protección de los derechos por parte de los poderes legislativo y ejecutivo, se legitima la intervención del juez constitucional, que lo son todos a la hora de tramitar una acción de tutela como el caso en cuestión.
En el manejo de la pandemia del COVID-19, el enfoque de derechos ha sido marginal por parte de las autoridades nacionales y locales. Como toda situación de emergencia, el foco ha estado puesto en cómo responder a los efectos negativos del fenómeno pero no en perspectiva de derechos, como corresponde a un Estado como el colombiano. Las restricciones a la libertad en los aislamientos, los excesos de los policías en el espacio público, la desigual atención de los contagios por estrato socioeconómico, el uso de los poderes de excepción por parte del Gobierno, entre otros temas, no han estado orientados por la protección de los derechos de los ciudadanos. Eso fue lo que recordó el juez administrativo, quizás no con los argumentos científicos que respalden su legítima preocupación, a lo cual se sumaría qué pasa con un pasajero contagiado de COVID-19 en un avión con el potencial de contagiar a otros pasajeros, a la tripulación y al personal de tierra de la aerolínea, y entonces ya no estaríamos hablando de un solo foco de contagio sino de varios, muchos de ellos seguramente asintomáticos que podrían extender el virus a otras personas, a raíz de cerca de 90 vuelos mensuales y un promedio de 14.000 visitantes.
¿Es una discusión técnica que debe ser dejada a los especialistas de la salud? Sí. ¿Que un juez no debería sumergirse en consideraciones científicas que están lejos de su alcance? También. Pero las decisiones basadas en evidencia también deben sopesar derechos, y ante un nuevo positivo de COVID-19 no identificado están involucrados derechos de otras personas, situación que el Gobierno no puede minimizar y que debe estar en el núcleo de la decisión definitiva del tema.
Mientras se da este debate, y con un promedio de 180 muertes reportadas diarias, se estaría cumpliendo la cifra proyectada por el Instituto Nacional de Salud de 42.000 muertes a finales del año, y con una meseta interminable que no da señales de ceder, estaríamos al finalizar el primer trimestre de 2021 con cerca de 58.000 muertes. Una tragedia por donde se mire, una cifra a la cual el Gobierno parece haberse resignado, y sobre lo cual no se ve mucha indignación, porque si algo ha demostrado esta pandemia en una sociedad tan desigual como la colombiana, es la mala distribución hasta de la indignación.
@cuervoji