Ustedes podrán tener la calle, pero nosotros tenemos el poder y lo vamos a hacer valer, parece ser la respuesta del gobierno de Iván Duque en el contexto del paro nacional, a la movilización social sin precedentes que viene dándose dese el pasado 21 de noviembre.
El escenario de la conversación nacional que ha ofrecido el gobierno no parece ser la vía para tramitar las múltiples demandas que se derivan de esta inesperada y sorprendente movilización. A juzgar por los temas definidos de manera unilateral por el gobierno, el ritmo de las conversaciones y los facilitadores elegidos, parece más una estrategia dilatoria y de adormecimiento que una real negociación.
A los voceros originales del paro, las centrales obreras y algunas otras organizaciones sociales, también los ha desbordado esta movilización, jalonada principalmente por los jóvenes, razón por la cual, una estrategia de negociación tradicional, con pliegos y puntos que se van negociando en la mesa con concesiones de parte y parte, tampoco es el marco apropiado para tramitar esta inconformidad que se concreta en el gobierno de Duque, pero que va más allá, en un descontento con los términos de inclusión en el pacto social, pero que a diferencia de la situación chilena no supone que estemos en un momento pre constituyente, por el contrario, muchas de las demandas exigen un cabal cumplimiento de los postulados del Estado social de Derecho de la Constitución de 1991 y el cumplimiento del acuerdo de paz.
Un barco dirigido por un capitán inexperto en un mar tranquilo es algo que puede solventarse, pero cuando llegan los tiempos de crisis y de mar agitado se precisa de un capitán experto con muchas horas de navegación para capear el temporal, lo cual no parece ser el caso de Duque, quien ha demostrado que le faltaba más de un hervor para ocupar el cargo. Su baja popularidad es una variable que no puede desconocerse para entender la crisis, porque si bien muchos de los temas que sustentan la protesta – desigualdad, precarización laboral, incertidumbre pensional, entre otros- no se originaron en este gobierno, la forma de abordarlos y de entenderlos ha logrado que buena parte de la crisis pase por la falta de credibilidad en la figura que ocupa el sillón presidencial.
Tres escenarios pueden darse para salir de este momento. Uno, con avances significativos en las negociaciones, que parte de reconocimiento a los distintos voceros de los sectores que componen la movilización, con mesas diferenciadas para definir las velocidades de las medidas: una, de corto plazo que aterrice en la legislatura que inicia en el mes de marzo, que exige ajustes en el gabinete y reorientación de políticas; otra, de mediano plazo para desarrollar durante lo que resta del período de gobierno, que incluye nuevas agendas legislativas concertadas en aquellos temas sensibles como pensiones y mercado laboral, pero también reformas a la justicia, al sistema de regalías, lo cual supone reformas constitucionales.
Un segundo escenario es la de la deriva autoritaria, a la cual lo están convocando voceros del partido de gobierno. Declaratoria de conmoción interior, restricción de libertades, militarización de ciudades, uso del ESMAD ante toda protesta social y judicialización de los líderes por estimular el caos y la anarquía. En los discursos de algunos voceros del gobierno ya hay signos de que esa vía no está descartada si las protestas se mantienen con la misma energía el próximo año. Un gobierno débil suele optar por un escenario de esa naturaleza, y al lado tenemos a Venezuela y Nicaragua como ejemplos de ello. Este escenario no es sostenible más allá de seis meses en los términos de la Constitución y podría tener desenlaces inesperados con altos costos políticos, sociales e institucionales.
Un tercer escenario será el de un gobierno que resiste, realiza algunas concesiones, se fortalece con el apoyo de los partidos tradicionales y los gremios económicos, y dilata el tema durante todo el período, apostándole al cansancio de la movilización y al rechazo de quienes, en el corto plazo, se ven afectados por ella, con lo cual, todo se resolverá en las próximas elecciones, y entonces se elija un gobierno y un Congreso que entiendan el proceso de transición por el que pasa la sociedad colombiana, algo que no ha podido o no ha querido ver el gobierno de Duque, quien cree que puede salir de la crisis con discursos de motivación y autoayuda, y apelando a las nebulosas mayorías silenciosas.
Ustedes podrán tener la calle, pero nosotros tenemos el poder y lo vamos a hacer valer, parece ser la respuesta del gobierno de Iván Duque en el contexto del paro nacional, a la movilización social sin precedentes que viene dándose dese el pasado 21 de noviembre.
El escenario de la conversación nacional que ha ofrecido el gobierno no parece ser la vía para tramitar las múltiples demandas que se derivan de esta inesperada y sorprendente movilización. A juzgar por los temas definidos de manera unilateral por el gobierno, el ritmo de las conversaciones y los facilitadores elegidos, parece más una estrategia dilatoria y de adormecimiento que una real negociación.
A los voceros originales del paro, las centrales obreras y algunas otras organizaciones sociales, también los ha desbordado esta movilización, jalonada principalmente por los jóvenes, razón por la cual, una estrategia de negociación tradicional, con pliegos y puntos que se van negociando en la mesa con concesiones de parte y parte, tampoco es el marco apropiado para tramitar esta inconformidad que se concreta en el gobierno de Duque, pero que va más allá, en un descontento con los términos de inclusión en el pacto social, pero que a diferencia de la situación chilena no supone que estemos en un momento pre constituyente, por el contrario, muchas de las demandas exigen un cabal cumplimiento de los postulados del Estado social de Derecho de la Constitución de 1991 y el cumplimiento del acuerdo de paz.
Un barco dirigido por un capitán inexperto en un mar tranquilo es algo que puede solventarse, pero cuando llegan los tiempos de crisis y de mar agitado se precisa de un capitán experto con muchas horas de navegación para capear el temporal, lo cual no parece ser el caso de Duque, quien ha demostrado que le faltaba más de un hervor para ocupar el cargo. Su baja popularidad es una variable que no puede desconocerse para entender la crisis, porque si bien muchos de los temas que sustentan la protesta – desigualdad, precarización laboral, incertidumbre pensional, entre otros- no se originaron en este gobierno, la forma de abordarlos y de entenderlos ha logrado que buena parte de la crisis pase por la falta de credibilidad en la figura que ocupa el sillón presidencial.
Tres escenarios pueden darse para salir de este momento. Uno, con avances significativos en las negociaciones, que parte de reconocimiento a los distintos voceros de los sectores que componen la movilización, con mesas diferenciadas para definir las velocidades de las medidas: una, de corto plazo que aterrice en la legislatura que inicia en el mes de marzo, que exige ajustes en el gabinete y reorientación de políticas; otra, de mediano plazo para desarrollar durante lo que resta del período de gobierno, que incluye nuevas agendas legislativas concertadas en aquellos temas sensibles como pensiones y mercado laboral, pero también reformas a la justicia, al sistema de regalías, lo cual supone reformas constitucionales.
Un segundo escenario es la de la deriva autoritaria, a la cual lo están convocando voceros del partido de gobierno. Declaratoria de conmoción interior, restricción de libertades, militarización de ciudades, uso del ESMAD ante toda protesta social y judicialización de los líderes por estimular el caos y la anarquía. En los discursos de algunos voceros del gobierno ya hay signos de que esa vía no está descartada si las protestas se mantienen con la misma energía el próximo año. Un gobierno débil suele optar por un escenario de esa naturaleza, y al lado tenemos a Venezuela y Nicaragua como ejemplos de ello. Este escenario no es sostenible más allá de seis meses en los términos de la Constitución y podría tener desenlaces inesperados con altos costos políticos, sociales e institucionales.
Un tercer escenario será el de un gobierno que resiste, realiza algunas concesiones, se fortalece con el apoyo de los partidos tradicionales y los gremios económicos, y dilata el tema durante todo el período, apostándole al cansancio de la movilización y al rechazo de quienes, en el corto plazo, se ven afectados por ella, con lo cual, todo se resolverá en las próximas elecciones, y entonces se elija un gobierno y un Congreso que entiendan el proceso de transición por el que pasa la sociedad colombiana, algo que no ha podido o no ha querido ver el gobierno de Duque, quien cree que puede salir de la crisis con discursos de motivación y autoayuda, y apelando a las nebulosas mayorías silenciosas.