La condena a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, es la pieza que le faltaba al rompecabezas para entender la trama de corrupción de Odebrecht en Colombia.
Siempre que se habla de corrupción, de cómo se materializa, de cómo es posible que suceda ante los ojos de todos y no haya forma de impedirlo, se tiene claro que son muchos los actores que tienen que intervenir —por acción u omisión— para que ello suceda, y seguramente por eso se habla de trama, de algo que hay que desentrañar, para lo cual se necesita voluntad política de investigar hasta las últimas consecuencias y capacidad para hacerlo.
En el capítulo Odebrecht-Colombia ya se sabe que en el entramado participaron servidores públicos que facilitaron y recibieron el soborno, como el caso del exviceministro de Transporte Gabriel García Morales —de quien ahora nadie se hace responsable por su nombramiento— y, según la Fiscalía General de la Nación, el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, aunque no se sabe bien cuál fue su grado de involucramiento.
Pero también hay operadores políticos como los exsenadores Musa Besaile, Bernardo Ñoño Elías, Plinio Olano y otros más, conocidos como los Bulldozer, congresistas señalados de ser el brazo político de Odebrecht, asociados con lobistas privados como Otto Bula y Roberto Prieto, este último a quien la Fiscalía le imputó delitos tales como tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, entre otros, en el contexto de su función de recoger fondos para campañas políticas, dineros que luego retornaba a los financiadores con influencia suya en entidades públicas para direccionar contratos.
Pero también está suficientemente demostrado que la operación de Odebrecht en Colombia hacía parte de una estrategia corporativa de esa empresa en varios países de América Latina, donde sobornaron a diestra y siniestra para obtener contratos con entidades públicas, por lo cual, por ejemplo, en Perú ya han respondido cuatro expresidentes (Humala, Toledo, García y esta semana Kuczynski). En Colombia, se aliaron en un consorcio con Episol, filial de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval, y CSS Constructores para el proyecto Ruta del Sol II.
Lo que pudo probar la justicia colombiana en primera instancia es que el entonces presidente de Corficolombiana conocía del ofrecimiento y pago de un soborno de parte de Odebrecht al exviceministro García Morales por 6,5 millones de dólares, que además lo autorizó y conoció de la operación ficticia con la empresa española DCS Management, para de esa manera compensar el pago del soborno que se hacía con cargo al consorcio. También se supo que el abogado Néstor Humberto Martínez recomendó hacer un contrato de transacción para que Odebrecht retornara esos dineros al consorcio, lo cual podría configurar un lavado de activos, de lo cual, mientras él sea el fiscal general de la Nación, sobre ese particular no se va a saber nada, pero tiene al Grupo Aval dando explicaciones ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Así que a pesar de que el nivel de responsabilidad en el caso de Odebrecht en Colombia no ha llegado a los niveles de Perú o Panamá, a cuenta gotas ya tenemos claras las piezas del rompecabezas, ya están los insumos para hacer correctivos con reformas normativas y políticas de integridad, ya sabemos de los vasos comunicantes entre sistema político, Estado y sector privado, ya podemos hacer propósito de enmienda e impedir que este tipo de cosas vuelvan a suceder, con sanciones penales, disciplinarias y económicas y, sobre todo, con sanción social, lo cual implica, especialmente para los periodistas —quienes cumplen una labor fundamental en la denuncia de casos de corrupción—, no tomarse selfies en tono jovial con los condenados por hechos tan lamentables como el de Odebrecht.
La condena a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, es la pieza que le faltaba al rompecabezas para entender la trama de corrupción de Odebrecht en Colombia.
Siempre que se habla de corrupción, de cómo se materializa, de cómo es posible que suceda ante los ojos de todos y no haya forma de impedirlo, se tiene claro que son muchos los actores que tienen que intervenir —por acción u omisión— para que ello suceda, y seguramente por eso se habla de trama, de algo que hay que desentrañar, para lo cual se necesita voluntad política de investigar hasta las últimas consecuencias y capacidad para hacerlo.
En el capítulo Odebrecht-Colombia ya se sabe que en el entramado participaron servidores públicos que facilitaron y recibieron el soborno, como el caso del exviceministro de Transporte Gabriel García Morales —de quien ahora nadie se hace responsable por su nombramiento— y, según la Fiscalía General de la Nación, el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, aunque no se sabe bien cuál fue su grado de involucramiento.
Pero también hay operadores políticos como los exsenadores Musa Besaile, Bernardo Ñoño Elías, Plinio Olano y otros más, conocidos como los Bulldozer, congresistas señalados de ser el brazo político de Odebrecht, asociados con lobistas privados como Otto Bula y Roberto Prieto, este último a quien la Fiscalía le imputó delitos tales como tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, entre otros, en el contexto de su función de recoger fondos para campañas políticas, dineros que luego retornaba a los financiadores con influencia suya en entidades públicas para direccionar contratos.
Pero también está suficientemente demostrado que la operación de Odebrecht en Colombia hacía parte de una estrategia corporativa de esa empresa en varios países de América Latina, donde sobornaron a diestra y siniestra para obtener contratos con entidades públicas, por lo cual, por ejemplo, en Perú ya han respondido cuatro expresidentes (Humala, Toledo, García y esta semana Kuczynski). En Colombia, se aliaron en un consorcio con Episol, filial de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval, y CSS Constructores para el proyecto Ruta del Sol II.
Lo que pudo probar la justicia colombiana en primera instancia es que el entonces presidente de Corficolombiana conocía del ofrecimiento y pago de un soborno de parte de Odebrecht al exviceministro García Morales por 6,5 millones de dólares, que además lo autorizó y conoció de la operación ficticia con la empresa española DCS Management, para de esa manera compensar el pago del soborno que se hacía con cargo al consorcio. También se supo que el abogado Néstor Humberto Martínez recomendó hacer un contrato de transacción para que Odebrecht retornara esos dineros al consorcio, lo cual podría configurar un lavado de activos, de lo cual, mientras él sea el fiscal general de la Nación, sobre ese particular no se va a saber nada, pero tiene al Grupo Aval dando explicaciones ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Así que a pesar de que el nivel de responsabilidad en el caso de Odebrecht en Colombia no ha llegado a los niveles de Perú o Panamá, a cuenta gotas ya tenemos claras las piezas del rompecabezas, ya están los insumos para hacer correctivos con reformas normativas y políticas de integridad, ya sabemos de los vasos comunicantes entre sistema político, Estado y sector privado, ya podemos hacer propósito de enmienda e impedir que este tipo de cosas vuelvan a suceder, con sanciones penales, disciplinarias y económicas y, sobre todo, con sanción social, lo cual implica, especialmente para los periodistas —quienes cumplen una labor fundamental en la denuncia de casos de corrupción—, no tomarse selfies en tono jovial con los condenados por hechos tan lamentables como el de Odebrecht.