La crisis de la justicia

La falta de integridad ética de algunos magistrados de la Corte Constitucional, y en el pasado del Consejo Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, nos ha llevado a la más grave crisis de prestigio y credibilidad de la rama judicial durante la vigencia de la Constitución de 1991.

Hoy estamos ante un escenario límite con el grave riesgo de que se utilice esta coyuntura para debilitar la autonomía e independencia de la justicia que, mal que bien, es un activo importante en una sociedad democrática con graves problemas de inclusión política.

El gobierno tiene la sartén por el mango en esta coyuntura, pero debe cuidarse del canto de sirenas que lo invitan a declarar una conmoción interior y revocar a todos los magistrados de las Altas Cortes, y a convocar a una asamblea constituyente, escenarios donde pescarían en río revuelto sectores antidemocráticos y oportunistas de todos los pelambres. Afortunadamente, ni el ministro del Interior ni el de Justicia le han caminado a la propuesta.

Ahora bien, este gobierno tiene que esforzarse más para convencernos de que la reforma a la justicia que se tramita en la llamada reforma de Equilibrio de Poderes, resolverá los problemas de funcionamiento de la administración de justicia y de falta de integridad ética de algunos magistrados que han decidido usar su poder para enriquecerse o ayudar a sus familiares y amigos, porque hasta ahora no lo ha logrado, y dada la gravedad de la crisis, parecen pañitos de agua tibia.

No olvidamos que este gobierno en el cuatrienio anterior se coludió con los otros dos poderes para tramitar una reforma a la justicia inconveniente y ajena a las necesidades de la ciudadanía, y al haber desperdiciado esa oportunidad, de alguna manera hoy es corresponsable de la crisis, algo en lo que tiene razón el uribismo, si bien como ya es habitual, no tiene la autoridad moral para decirlo, porque si algún gobierno debilitó y maltrató a la justicia, fue el de Uribe.

La solución a la crisis debe darse en el marco de la reforma al Equilibrio de Poderes, con un tribunal disciplinario por fuera del Congreso capaz de disciplinar a los magistrados que se desborden de sus funciones, con un nuevo y más exigente régimen de inhabilidades y de incompatibilidades para los magistrados de los tres tribunales, Fiscal, Procurador y Contralor; con un nuevo órgano de gobierno de la rama judicial representativo de las distintas jurisdicciones y la Fiscalía General de la Nación, con presencia de las facultades de derecho y el ministro de Justicia para hacer de la política judicial una política de Estado y no una política corporativista como lo es hoy.

Es necesario incrementar los procesos de rendición de cuentas de la rama judicial, se debe buscar un mecanismo de publicidad de todas las decisiones judiciales, en los términos del artículo 139 de la Constitución peruana; no todas las tutelas que se profieren deben llegar a la Corte, y las seleccionadas deben serlo con base en unos criterios objetivos de unificación de jurisprudencia y defensa de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional; debe suprimirse esa facultad de insistencia y selección de tutelas por parte de los magistrados, reforzar la presencia de la Defensoría del Pueblo; debe existir un mecanismo de suspensión de un magistrado por sus pares de corporación cuando se investigue penal y disciplinariamente, y de esa manera desligar los problemas de una persona de la institución, entre otras medidas.

En fin, con buen criterio, voluntad política y vocación republicana, se puede salir de la crisis.

@cuervoji