Qué daño le ha hecho al debate político la desafortunada expresión mermelada para referirse a todo gasto público del Gobierno que va hacia las regiones, desdibujando la frontera entre lo que es corrupción, instrumentalización política del gasto y la inversión pública necesaria.
El autor de esta expresión fue el exministro de Hacienda y hoy presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, quien en una sesión en el Congreso usó esta metáfora para explicar el nuevo sistema de distribución de las regalías, que ahora irían a todos los entes territoriales, y no como en el anterior sistema, que iban solo para los municipios donde hubiera recursos naturales no renovables. Es necesario distribuir la mermelada en toda la tostada, dijo.
En estricto sentido, lo que se llama mermelada, tal y como lo explicó con un excelente informe el portal digital La Silla Vacía, es el nombre que se la ha dado a las asignaciones presupuestales que hace el Gobierno nacional a los alcaldes o gobernadores por indicación de los legisladores de los departamentos respectivos y las partidas que se asignan a los congresistas en entidades del orden nacional para hacer inversiones regionales. (http://goo.gl/2k0ihz)
El antecedente más remoto de estas partidas regionales son los llamados auxilios parlamentarios de la Constitución de 1886, que se iniciaron a partir de la reforma de 1968 y fueron suprimidos en la Constitución de 1991. En estricto sentido, era un instrumento de negociación entre el Gobierno nacional y los congresistas, es la esencia del sistema político y de lo que se llamaba la gobernabilidad política.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, se crearon los llamados cupos indicativos, partidas del presupuesto nacional y de las entidades nacionales que eran distribuidas entre los congresistas, bajo la idea de que su función de intermediación no solo era inherente a su oficio, sino que ellos conocían mejor que nadie las necesidades de sus regiones. Esto se hizo durante los gobiernos de Uribe, y Santos lo continuó, y para su propia reelección lo llevó hasta el paroxismo en departamentos como Córdoba, cuando conocimos los nombres de Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile. Durante el primer gobierno de Santos, dicha negociación era con los jefes de los partidos, pero después empezó a darse directamente con los congresistas, en función de su importancia política. Esos recursos son direccionados a los municipios, y en el proceso de estructuración del proyecto y contratación, el congresista beneficiado incide sobre a quién debe asignarse, generalmente a personas que han financiado su campaña política, quienes en agradecimiento pagan una comisión. Así se da el círculo perverso de la corrupción que los gobiernos nacionales estimulan por sus necesidades políticas. Además, los organismos de control están neutralizados para impedir que intervengan.
Pero no todo es mermelada. No toda inversión pública regional obedece a esa lógica; no toda asignación presupuestal de las entidades nacionales hacia los municipios es corrupción, pero la oposición –tanto la de derecha como la de izquierda– ha logrado sembrar en el imaginario que todo lo que hace el Gobierno es mermelada, es decir, inversión pública nacional que alimenta el círculo de corrupción regional, y el Gobierno, dubitativo para defenderse, no ha logrado desarrollar una contra narrativa, y siempre actúa bajo sospecha.
Es necesario diferenciar la buena inversión pública, necesaria y atada a las líneas estratégicas del plan de desarrollo que se necesita en las regiones con sistemas de seguimiento y control, de la mala inversión pública, coyuntural y por fuera de una lógica de pertinencia y sostenibilidad para atender la voracidad de los políticos locales.
@cuervoji
