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Las elecciones locales nos dejan ver toda la miseria de la política en Colombia.
Cientos de historias donde se reproduce lo peor de la cosa política, y que es la antesala de malos gobiernos, carruseles de la contratación, licitaciones a dedo y amañadas, alianzas con organizaciones criminales, y todo el repertorio del que está hecha esa sopa densa de la política colombiana.
Ahora, lo que podría considerarse una anomalía que se superaría con más democracia y controles institucionales adecuados, eficaces y oportunos, parece ser una cualidad del sistema. Veamos algunas cuentas.
Según el decreto 1096 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el salario para gobernadores según la categoría del departamento (ley 617 de 2000), va de $8.994.865 para los de cuarta categoría y hasta $12.831.139 para los de categoría especial; Respecto del salario de alcaldes, los de municipios de sexta categoría tienen una asignación mensual de $3.208.837 y los de primera, $10.871,979.
En una ciudad como Armenia, un microcosmos de cómo se hace política en Colombia, como lo estamos viendo con la crisis del partido Verde, donde el candidato a la Alcaldía, Orlando Mosquera, se inscribió a sabiendas de estar inhabilitado y gestionó que una candidata se bajara de la lista para la Asamblea, y de esa manera favorecer la lista que apoya la gobernadora como se puede escuchar en este audio, dicen los que saben que una campaña suele costar alrededor de 10.000 o 12.000 millones de pesos.
Los salarios y prestaciones del alcalde de una ciudad capital, durante los cuatro años, no debe sumar más 700 millones de pesos. La pregunta es, ¿qué tipo de negocio es en el que usted invierte 12 mil millones para ganarse 700? Un alcalde en esas condiciones queda hipotecado a quienes financiaron su campaña, que en el caso del Quindío es al negocio del chance, juegos de azar, y quienes aspiran luego a ser contratistas de la ciudad o a participar de otros servicios como el de la salud, los restaurantes escolares, entre otros.
Es decir, el sistema está diseñado de tal manera que tiene todos los incentivos para que la corrupción en todas sus formas condicione la gobernabilidad, todo esto aderezado en un contexto de presencia de organizaciones criminales, debilidad del Estado y de los partidos políticos.
Allí hay una realidad que indica que en Colombia hay un pacto de gobernabilidad que descansa sobre una serie de prácticas que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad, de la cual el clientelismo es su eje articulador. Algo que ya había sugerido Edgar Reveiz en los 90 con los llamados mesocontratos, y que en la parapolítica se vio en más grotesca expresión.
Pero se equivocan quienes creen que este es un mal sólo de la provincia, en Bogotá ya lo vimos con el carrusel de la contratación de los Moreno, y, como bien lo señala Laura Ardila de La Silla Vacía, muchos de esos nuevos jefes locales que están reconfigurando el escenario político son impulsados, apoyados y legitimados desde Bogotá, práctica que tiene en el partido Cambio Radical a su más aventajado exponente.
¿No será hora de ir viendo si es el modelo de descentralización que descansa en una entidad territorial débil como el municipio, las reglas del sistema político -el voto preferente obliga a que cada candidato busque sus fuentes de financiación sin control ni responsabilidad del partido- y un Estado asistencialista que hace dependiente al votante de las clientelas, es el caldo de cultivo para una corrupción que ya tiene visos de sistémica?
