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El conflicto es inherente a las sociedades.
En la medida en que existen diferentes concepciones de bien, de justicia, de felicidad, habrá conflicto porque esas visiones entran en contradicción unas con otras y no todas pueden ser realizables. Si estas además se inscriben en ideologías, religiones, partidos políticas, el conflicto trasciende lo subjetivo y en el lenguaje del sociólogo alemán Lewis Coser, hablamos de conflictos sociales.
Ahora, no es deseable anular el conflicto, lo que es deseable es que no sea la violencia el recurso preferido para tramitarlo. Como señalaba Estanislao Zuleta: una sociedad madura para el conflicto es una sociedad preparada para la paz. Puede que Colombia esté lista para lograr la paz pero no para tramitar los conflictos sociales de manera no violenta.
De llegarse a firmar un acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las Farc, cesará la confrontación armada entre un Estado y un grupo subversivo, y el sólo de hecho de que no tenga que acudirse al uso de la violencia para zanjar las diferencias políticas e ideológicas ya es un gran avance y un escenario que la sociedad colombiana necesita y merece.
Por supuesto que cada quien tiene una visión de paz, con más o menos impunidad y más o menos sanción a los responsables; con mayor o menor reconocimiento y reparación a las víctimas; con mayor o menor verdad sobre los crímenes cometidos en estos 60 años, por parte de las guerrillas, los grupos paramilitares y la propia Fuerza Pública, y seguramente los términos finales del acuerdo no lograrán satisfacer a todos, especialmente a sectores como el uribismo, que presionarán de todas las formas para asegurar un escenario de no responsabilidad para el ex presidente y otros actores políticos y sociales, lo cual ya viene ambientándose desde diversos sectores bajo la idea de una ley de punto final, como la que propuso desde el liberalismo el ex presidente Cesar Gaviria, y desde el conservadurismo, el analista José Manuel Acevedo y el maestro Osuna.
La firma de un acuerdo no acabará con la distribución de la riqueza o con la discriminación racial o la violencia de género, pero permitirá que las autoridades puedan dedicar mayores esfuerzos – y presupuesto- a enfrentar estos fenómenos y otros como el de la intolerancia que produce más muertes que el propio conflicto armado, 48% de total de los homicidios ocurridos en el 2014, según cifras de la Policía Nacional.
Y es que más allá de la reducción de muertes y otras violaciones a los derechos asociadas directa o indirectamente al conflicto armado, su terminación es importante para que las autoridades dejen de usarlo como excusa para no cumplir con sus funciones constitucionales y legales.
El conflicto armado se ha vuelto una suerte de relato para justificar los problemas de funcionamiento del Estado, especialmente en el ámbito local, no solo por las asignaciones de gasto – se invierte más en seguridad que en justicia- sino porque todo avance en términos de equidad o de realización de derechos queda subordinado a la superación del conflicto. Ese ha sido el expediente preferido de las autoridades políticas para excusar su responsabilidad, y el argumento central de las deficiencias en la concreción del Estado Social de derecho.
Quiero ver a los gobernantes y a la clase política en general sin conflicto armado, para ver como justifican su incapacidad de tramitar las demandas sociales en bienes públicos de calidad. Solo por eso, vale la pena apoyar la paz.
@cuervoji
