Un proceso de paz entre un Estado y un grupo alzado en armas pasa por diversas fases hasta su consolidación final. Cada fase tiene hitos que permiten ver el éxito o fracaso a medida que se va negociando, pero la prueba de fuego de un proceso de paz es la reconciliación, que implica una mejor convivencia y una estabilización de la forma de tramitar los conflictos sin el uso de las armas. Reconciliación no es sinónimo de consensos absolutos sino de reglas mínimas de convivencia en medio de las diferencias.
La primera fase es propiamente la de la negociación, que empieza por la decisión de sentarse a negociar, lo que supone el reconocimiento recíproco entre los actores. El Estado reconoce cierta legitimidad política al actor armado, y este a su vez reconoce la legitimidad del orden político en el que se fundamenta dicho Estado. En el caso de la negociación con las Farc, sumando el tiempo de la fase exploratoria, esto tomó cerca de seis años y terminó con el Acuerdo Final y la redefinición de algunos términos luego del plebiscito. Esa parte de la negociación debe ser fortalecida con otros mecanismos de refrendación porque la refrendación política hecha por el Congreso no sustituye los resultados de la no refrendación popular.
Luego viene la fase de la desmovilización y de la dejación de las armas, que se viene cumpliendo con ciertos tropiezos logísticos pero en general con éxito y buena fe. Se espera que esta parte termine a mediados de este año, cuando ya se podrá decir que las Farc no son un grupo en armas. Luego viene toda lo relacionado con la reintegración política, social y económica, que cuenta con un Estado paquidérmico y clientelizado que dificulta que esta fase se lleve a cabo de buena forma. Las reformas institucionales propuestas se antojan insuficientes y muy lejos de la necesidad de ofrecer una alternativa política y sobre todo económica a los desmovilizados.
Mientras eso sucede se debe ir construyendo lo necesario para la reconciliación, que pasa por la aplicación de la justicia transicional que, en el caso de Colombia, corresponde a la Justicia Especial para la Paz; la verdad, que buscará la llamada Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y luego las medidas de reparación en todas sus formas, tanto las que prevé el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición como las del Estado en general.
Todas estas medidas avanzan a distinto ritmo y en medio de una situación muy compleja de falta de consenso político y de una creciente crisis de legitimidad, tanto del Gobierno y del régimen político en su conjunto, como consecuencia de un desgaste natural reforzado por los recientes escándalos de corrupción asociados a esa internacional de la corrupción que es Odebrecht.
Pero a juzgar por los desacuerdos en torno de los temas de justicia y participación en política de los miembros de las Farc, y el tono agrio y descompuesto del debate entre los distintos actores, lo cual por su parte contribuye al escepticismo de los ciudadanos sobre el futuro del proceso, el horizonte de reconciliación está en entredicho y eso pondrá en su momento a tambalear los éxitos logrados en otras dimensiones. Muchos opositores al proceso consideran que las concesiones a las Farc son exageradas, inmerecidas y vulneran derechos de las víctimas, y las propias Farc consideran que la falta de compromiso del Estado, por ejemplo para enfrentar el rebrote paramilitar, no da garantías para consolidar la negociación.
La comunidad internacional ha jugado un papel importante para mantener la confianza, pero si se no se adoptan medidas para encauzar la negociación hacia la reconciliación, tendremos el desmonte de un aparato militar y las condiciones para que otros actores armados ocupen ese espacio, así como cuando se desmontó el grueso de la estructura militar del paramilitarismo sin que las condiciones para su regreso se diluyeran.
Paz sin reconciliación es una paz a medias, y no nos podemos dar ese lujo.
Un proceso de paz entre un Estado y un grupo alzado en armas pasa por diversas fases hasta su consolidación final. Cada fase tiene hitos que permiten ver el éxito o fracaso a medida que se va negociando, pero la prueba de fuego de un proceso de paz es la reconciliación, que implica una mejor convivencia y una estabilización de la forma de tramitar los conflictos sin el uso de las armas. Reconciliación no es sinónimo de consensos absolutos sino de reglas mínimas de convivencia en medio de las diferencias.
La primera fase es propiamente la de la negociación, que empieza por la decisión de sentarse a negociar, lo que supone el reconocimiento recíproco entre los actores. El Estado reconoce cierta legitimidad política al actor armado, y este a su vez reconoce la legitimidad del orden político en el que se fundamenta dicho Estado. En el caso de la negociación con las Farc, sumando el tiempo de la fase exploratoria, esto tomó cerca de seis años y terminó con el Acuerdo Final y la redefinición de algunos términos luego del plebiscito. Esa parte de la negociación debe ser fortalecida con otros mecanismos de refrendación porque la refrendación política hecha por el Congreso no sustituye los resultados de la no refrendación popular.
Luego viene la fase de la desmovilización y de la dejación de las armas, que se viene cumpliendo con ciertos tropiezos logísticos pero en general con éxito y buena fe. Se espera que esta parte termine a mediados de este año, cuando ya se podrá decir que las Farc no son un grupo en armas. Luego viene toda lo relacionado con la reintegración política, social y económica, que cuenta con un Estado paquidérmico y clientelizado que dificulta que esta fase se lleve a cabo de buena forma. Las reformas institucionales propuestas se antojan insuficientes y muy lejos de la necesidad de ofrecer una alternativa política y sobre todo económica a los desmovilizados.
Mientras eso sucede se debe ir construyendo lo necesario para la reconciliación, que pasa por la aplicación de la justicia transicional que, en el caso de Colombia, corresponde a la Justicia Especial para la Paz; la verdad, que buscará la llamada Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y luego las medidas de reparación en todas sus formas, tanto las que prevé el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición como las del Estado en general.
Todas estas medidas avanzan a distinto ritmo y en medio de una situación muy compleja de falta de consenso político y de una creciente crisis de legitimidad, tanto del Gobierno y del régimen político en su conjunto, como consecuencia de un desgaste natural reforzado por los recientes escándalos de corrupción asociados a esa internacional de la corrupción que es Odebrecht.
Pero a juzgar por los desacuerdos en torno de los temas de justicia y participación en política de los miembros de las Farc, y el tono agrio y descompuesto del debate entre los distintos actores, lo cual por su parte contribuye al escepticismo de los ciudadanos sobre el futuro del proceso, el horizonte de reconciliación está en entredicho y eso pondrá en su momento a tambalear los éxitos logrados en otras dimensiones. Muchos opositores al proceso consideran que las concesiones a las Farc son exageradas, inmerecidas y vulneran derechos de las víctimas, y las propias Farc consideran que la falta de compromiso del Estado, por ejemplo para enfrentar el rebrote paramilitar, no da garantías para consolidar la negociación.
La comunidad internacional ha jugado un papel importante para mantener la confianza, pero si se no se adoptan medidas para encauzar la negociación hacia la reconciliación, tendremos el desmonte de un aparato militar y las condiciones para que otros actores armados ocupen ese espacio, así como cuando se desmontó el grueso de la estructura militar del paramilitarismo sin que las condiciones para su regreso se diluyeran.
Paz sin reconciliación es una paz a medias, y no nos podemos dar ese lujo.