Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La actual crisis de credibilidad de la justicia en Colombia es una de las más graves de su historia reciente.
Lo cual, ante una suerte de bloqueo institucional para su reforma, ha animado la incierta idea de revocar a los magistrados de las Altas Cortes como solución al problema.
Lo cierto es que no hay un diagnóstico claro sobre lo que origina esta crisis, entre otras porque no existe una comunidad científica para hacer seguimiento a la rama judicial. A excepción de lo que hacen la www.cej.org y Dejusticia, en general, la academia no se ocupa del tema. Poco sabemos de cifras y de la calidad de las decisiones judiciales.
La Cuarta Encuesta de Profundización sobre la percepción del servicio de justicia (2011) tuvo poca difusión y discusión, con lo cual se desperdició un insumo muy importante, en parte porque el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) eludió un debate público sobre los resultados.
Parece existir un consenso sobre que el diseño institucional es la principal causa de esta crisis y, especialmente, en lo relacionado con la competencia de las Altas Cortes para designar y nombrar funcionarios como Procurador, Fiscal y Contralor, lo cual habría metido en el mercado político a los magistrados, alejándolos de la función judicial. Esto se resuelve quitando dichos poderes, reforma urgente que el próximo gobierno ha de impulsar. Pero esto no explica la crisis de eficacia en los niveles inferiores de la rama judicial.
También es necesaria una cirugía extrema al propio CSJ, para que la Sala Administrativa refleje la composición de la rama judicial y mejore sustancialmente sus funciones de gerencia, y suprimir la sala disciplinaria que ha demostrado su ineficacia. Adicionalmente, es necesario crear un órgano de rango constitucional donde el gobierno y otras instancias, junto con la rama judicial, puedan hacer parte de las orientaciones generales de las políticas en justicia sin que ello afecte el principio de autonomía e independencia en su diseño e implementación.
La congestión, el incumplimiento de términos procesales, la eficacia de las sentencias y el acceso a la justicia siguen siendo males endémicos de la justicia en el país. Los planes de descongestión han logrado avances marginales en algunos campos, pero la realidad y la percepción indican que ingresar un conflicto al sistema de justicia no solo es costoso, demorado, sino que los resultados son impredecibles y de difícil aplicación, salvo en la tutela. La Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas http://encuestaminjusticia.co/ ofrece un panorama sobre el acceso a la justicia en Colombia que no ha sido debatido ni considerado por la propia rama judicial para la elaboración del próximo Plan Sectorial de Desarrollo.
En el foro de la revista Semana sobre la justicia, los magistrados Pedro Munar y Francisco Ricaurte no aceptaron el panorama de crisis, lo atribuyeron a percepciones equívocas de la opinión pública y pidieron más recursos. Otro tanto hicieron los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El ministro de Justicia, como es habitual en él, se fue por las ramas y convocó a un etéreo e insustancial pacto nacional por la justicia.
Más allá de reformas institucionales, mientras la cúpula de la justicia no esté en condiciones de dar un debate a fondo sobre la integridad ética de sus miembros, todo serán paños de agua tibia, incluida la revocatoria.
@cuervoji
