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FUI INVITADO A FIRMAR LAS DOS cartas que un grupo de académicos y personalidades políticas, bajo el liderazgo de la senadora Piedad Córdoba, han dirigido a las Farc. No las suscribí por las razones que expongo a continuación.
En primera medida, considero que un diálogo con las Farc debe empezar por exigirle a esa agrupación subversiva una liberación incondicional de secuestrados. Las cartas, por el contrario, buscan establecer un diálogo para lograr un acuerdo humanitario, término que ha sido usado de manera equívoca por tirios y troyanos. Un acuerdo humanitario en los términos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) no puede darse porque partiría de reconocer como susceptible de ser regulada por las normas humanitarias una situación que, como el secuestro, es contraria a esa normatividad. Los secuestrados son personas privadas injustamente de la libertad, no son prisioneros de guerra y, por lo tanto, no pueden ser objeto de canje.
Los guerrilleros presos están legítimamente privados de la libertad, y si bien esta asimetría jurídica es objeto de profundas discusiones, un Estado no puede equilibrar unos y otros así como así. Así suene retórico, lo que procede es un acuerdo político por razones humanitarias, en atención a la condición de indignidad en la que viven los secuestrados. No sobra decirlo, los guerrilleros presos han podido contar con un abogado, saben por qué los juzgan, tienen el beneficio de una condena cierta, visitas de sus familias, rebaja de penas, atención en salud, y no pesa sobre ellos una permanente condena de muerte. Los secuestrados, como ya lo hemos visto, no tienen nada.
Si los intelectuales consideran que tienen un poder moral suficiente para impulsar un acuerdo humanitario y destrabar la incomunicación entre las Farc y el Gobierno, deben partir de unos mínimos éticos, como es el de exigir que una situación como la del secuestro termine de manera inmediata y sin condiciones, y oponerse a que la libertad de unas personas sea valor de cambio en una negociación. El ataque a la misión médica en San Vicente del Caguán es una prueba más de la renuencia de las Farc por ajustar sus acciones al cumplimiento de unos mínimos humanitarios. El DIH no es negociable, y ahí quisiera ver una posición mucho más firme y coherente por parte de los intelectuales. No basta con preguntarles en tono condescendiente si están dispuestas a abandonar la práctica del secuestro: hay que exigírselo como punto de partida para cualquier diálogo.
Este intercambio epistolar, sin embargo, puede llevarnos por senderos nunca antes recorridos. El aislamiento comunicacional en que se ha visto la guerrilla como estrategia de guerra por parte del Estado, ha impedido la humanización del conflicto. La comunicación humaniza, y en ese sentido el hecho de que las Farc reconozcan un interlocutor, puede ser un esfuerzo en la dirección correcta, siempre y cuando se acepten unos mínimos éticos.
Apostarle a un diálogo político en estos momentos es una carta incierta. Es un tema que no está en la agenda del Gobierno. Pero humanizar el conflicto puede ser el punto de partida para generar confianzas que permitan algún nivel de interlocución, aunque me temo que el tono usado en las cartas y la negativa del Gobierno a reconocer ese diálogo como legítimo, puede llevar a los intelectuales a gastar capital moral a cambio de nada.
