El presidente Iván Duque tiene tres agendas políticas por desarrollar durante estos cuatro años.
La del uribismo, que no es la misma del uribismo 2002 -2010, porque muchas cosas han cambiado, como la desmovilización de los paramilitares y el acuerdo con las Farc, lo que implica que el discurso de seguridad no cala de la misma manera que entonces, porque los desafíos de seguridad son distintos. Pero sí hay viejas demandas, como la de desconocer el carácter político del conflicto armado – a pesar de su degradación – y de esa manera bajarle el tono y el ritmo a la implementación del acuerdo, dividiendo a la cúpula de la base guerrillera, y de esa manera generar incertidumbre y crear el espacio político para revertir temas esenciales en justicia y participación política. El uribismo nunca aceptó que el acuerdo fuera producto de una negociación política sino que debió serlo de una rendición militar lograda durante los gobiernos de la seguridad democrática, y bajo esa lógica le exigirán actuar a Duque.
En la agenda uribista también está la de regresar a la fumigación de los cultivos ilícitos y, de esa manera, darle gusto al gobierno de los Estados Unidos y retroceder treinta años en la políticas contra las drogas ilícitas penalizando el consumo por la puerta de atrás, con el estrambótico decreto de incautación de dosis mínima.
Luego está la agenda de los sectores cristianos que se sumaron al uribismo en el plebiscito por la paz y que acompañaron a Duque en su elección, la cual constituye un riesgo para las libertades civiles y el pleno desarrollo de la Constitución de 1991. Ahí ya se pagan favores concretos con Vivian Morales en la embajada en Francia, con el impresentable Alejandro Ordoñez en la OEA y con la propuesta del ministerio de la familia, una vieja aspiración de muchas iglesias cristianas para imponer su visión de sociedad.
Y, finalmente, la agenda tradicional, la del establecimiento político representado en el apoyo del partido liberal, Cambio Radical, partido de la U y Conservador. Cualquiera dirá que se trata de la agenda santista 2.0, sin mermelada, pero en el fondo es la misma de Uribe, de Pastrana, de Gaviria en materia económica e institucional, la de la élite tecnocrática incrementalista y conservadora que concibe el desarrollo social como sinónimo de más cobertura de servicios sociales y subsidios, que ha sido incapaz de forjar Estado en los territorios y de lograr un desarrollo regional equilibrado entre las regiones y en el interior de estas, como lo exige un modelo descentralizado. Que está pendiente más de las calificadoras de riesgo a la hora de hacer las reformas institucionales y tributarias que de promover nuevos diálogos Estado – sociedad, que le temen a la participación ciudadana, y por eso allí Vargas Lleras encontrará – con el apoyo de la Corte Constitucional – espacio para limitar las consultas populares. Es una agenda que se decide e impone desde Bogotá, con poca sensibilidad hacia lo ambiental, la receta que impedido el desarrollo programático de la Constitución en materia de derechos económicos y sociales.
Duque jugará a desarrollar las tres, pero no tendrá capital político para impulsar la agenda legislativa en cada caso, dado el esquema de gobernabilidad que propone, sin mermelada. En algún momento tendrá que elegir a cuál de las tres agendas le termina apostando: si a la agenda del pasado que le propone la coalición uribista – cristiana, o a la agenda tímidamente modernizante con las que suele gobernarse acá, que ahora parecería tener una ventana de oportunidad para transformarse en una agenda de desarrollo social, ahora que el conflicto armado ya no es más una excusa.
@cuervoji
