Minorías invisibles y crisis de lo público

No solamente son invisibles las víctimas de accidentes de tránsito, como lo señala el profesor Mauricio García, columnista de El Espectador, a raíz de la absurda y triste muerte de su padre, Jaime García Isaza, atropellado por un motociclista en Medellín, sino que también lo son esos cientos de personas que deambulan por nuestras ciudades como en una escena del holocausto zombi, a quien de manera eufemística llamamos habitantes de la calle.

Y ambos fenómenos, el de las víctimas de accidentes de tránsito, cerca de 6.000 al año, y el de los habitantes de la calle, reflejan la crisis de lo público: la incapacidad que tenemos como sociedad para tener institucionalidad y políticas públicas que se encarguen de incluir estas tragedias silenciosas como un problema público que debe ser atendido por el Estado.

Este año nos sorprendimos con el descubrimiento de un hecho aterrador en las laderas del cerro de Monserrate en Bogotá: restos de varias mujeres asesinadas por un habitante de la calle, Freddy Armando Valencia, quien las convencía de ir a su cambuche para luego matarlas por distintas razones. Su macabro accionar se dio durante más de dos años ante el desconocimiento de las autoridades de policía quienes se encontraron con el asesino serial por una casualidad.

Esas mujeres murieron en el más completo anonimato y profunda soledad. Gracias a Medicina Legal, sabemos los nombres de seis de ellas: Sandra Lucía Acosta, María del Pilar Muñoz, Adriana Patricia Porras, Sonia Jineth Martinez, Ludy Johana Lara Muñoz y Jesica Lorena Urrego, mujeres que un día desaparecieron de sus casas, se metieron al mundo de la calle y seguramente de la droga, y terminaron en el proceder sicótico de Valencia.

Tiene razón Mauricio García cuando sostiene, en sus sentidas y admirables columnas sobre la muerte de su padre, que es el transporte el ámbito por excelencia donde necesitamos mejores reglas colectivas e incluyentes de comportamiento ciudadano, dado el riesgo que implica actuar cada quien por su cuenta, y agrego que esta característica puede extenderse a la ciudad, el ámbito de igualdad y de diferencia por excelencia de la modernidad, pero también de cuidado y protección, funciones que deben compartirse entre el Estado y el ciudadano.

En muchas de nuestras ciudades nos encontramos, todos los días, seres abandonados en el espacio público, sin horizonte de vida, sin ningún arraigo social, peregrinando entre la indiferencia, el desprecio y el miedo. Problema que viene incrementándose a medida que las cifras de extrema pobreza no ceden y las ciudades se hacen más hostiles.

Curiosamente, sobre los habitantes de calle en materia de leyes y directrices jurisprudenciales el Estado colombiano no se ha quedado quieto. Existe la ley 1641 de 2013 que fija lineamientos para la formulación de la política social para habitantes de calle, reforzada, entre otras, por la sentencia T-043 de 2015 que ya recogió el Ministerio de Salud en el documento Propuesta de Lineamientos y Líneas estratégicas de la Política Social para las Personas Habitantes de la Calle, que debe estar próximo a aprobarse.

Ahora falta que las ciudades donde esté presente el problema incluyan lineamientos en los planes de desarrollo que están siendo discutidos en estos momentos, objetivo que debe plantearse el gobierno de manera prioritaria para este año, sobre el cual, deben estar atentos Procuraduría y Defensoría.

Víctimas invisibles como las de los accidentes de tránsito y minorías marginadas como los habitantes de la calle exigen una respuesta inmediata de un Estado que se sustenta en el principio de la vida digna.

@cuervoji