Las Farc dijeron desde el primer día de las negociaciones en la Habana que no estaban dispuestas a pagar ni un día de cárcel, y el problema fue que el gobierno compró demasiado fácil y rápido esa teoría, y ahora ya no hay forma ni siquiera de discutir el asunto.
Una pretensión razonable de justicia en un conflicto como el de Colombia empieza a leerse como un obstáculo para la paz, no en vano la llamada Comisión de la Verdad excluye la palabra justicia de su mandato, tornando anacrónico y reaccionario un reclamo que anteriormente era sinónimo de mínima decencia, el de sin justicia no hay paz.
Claro, que al frente de este reclamo estén el uribismo y el procurador Ordoñez, el primero, la antítesis de la justicia, y el segundo, acostumbrado a aplicar la justicia selectivamente y en general en contra de los más vulnerables, no resulta una idea fácil de vender. Por su trayectoria, por su narrativa, por la forma como ha interpretado su mandato al frente del Ministerio Público, Ordoñez no es creíble en su defensa de las víctimas ni de enarbolar la bandera de la justicia. Así que la derecha no será quien ponga el tema en la agenda con la autoridad moral que se requiere para ello.
La izquierda democrática no será la que hable duro en favor de las víctimas de las Farc, como sí lo hizo en relación con las víctimas del paramilitarismo y de los agentes del Estado. De alguna manera, muchos de sus voceros han aceptado el discurso, según el cual, todo se justifica en un conflicto con orígenes políticos y sociales donde el Estado y la clase dirigente son los primeros responsables de la violencia, como si lo uno excluyera lo otro.
Ahora bien, no es viable ni deseable un escenario de responsabilidad para todos. En ese orden de ideas, los guerrilleros rasos y los mandos medios deben movilizarse en los términos de la ley de orden público, esto es, dando información que pueda tener valor judicial – aunque no es estrictamente necesario- e ingresar a los programas para desmovilizados del gobierno.
Pero también es necesario pensar en un escenario de crímenes atroces y emblemáticos con máximos responsables, casos que deben ser seleccionados por la llamada Comisión de la Verdad, tales como Nogal, Bojayá, La Chinita, entre otros, y luego de un juicio con todas las garantías, penas privativas de la libertad en los términos de la ley de Justicia y Paz, es decir, entre 5 y 8 años a cambio de verdad y reparación a las víctimas, y de restablecimiento pleno de los derechos políticos al final de la condena.
Unos estándares razonables de justicia es el costo que deben pagar esos máximos responsables por integrarse a la legalidad. Dicen las Farc que estarían dispuestos a un escenario de esa naturaleza si se aplica el estándar a paras y agentes del Estado, y hablan como si hubiera absoluta impunidad en ese tema, como si no hubiera condenas y penas efectivas para paramilitares, políticos o agentes del Estado, como si un César Pérez García no estuviera condenado y preso, o Maza Márquez no estuviera ad portas de ser hallado responsable en coautoría por el crimen de Galán.
No podemos aceptar, así como así, la paz a cambio de nada, y si eso llegare a pasar, en el momento de la refrendación de los acuerdos votaré contra ese punto, y exijo que no me trasladen la responsabilidad moral de seguir con la violencia, yo que nunca la he ejercido, ni justificado.
Si quieren seguir en la guerra por eso, porque no tienen el valor civil de aceptar sus crímenes y responder por ellos, allá ustedes señores de las Farc, pero no me responsabilicen por ello, por exigir un mínimo razonable de justicia.
