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Cero y van tres reformas a la justicia que fracasan: dos en los gobiernos de Santos (una en el Congreso de la República y otra en la Corte Constitucional) y la del gobierno de Duque que se hunde en las primeras de cambio, sin pena ni gloria, entre otras razones gracias al presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Carlos Chacón, quien dilató y dilató hasta darle entierro de tercera.
No aprendimos de las fallidas reformas anteriores, y ahora se suman una frustración más y argumentos para que muchos empiecen a defender la idea de una constituyente, ya que parecería no haber forma de reformar la administración de justicia.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, una conocedora del tema, señaló al momento de presentar la reforma que ésta venía acompañada de importantes consensos: con las altas cortes, con los partidos políticos y con la academia, lo cual resultó no ser cierto, porque precisamente la falta de consenso para su trámite terminó enredando al tema.
El Gobierno se apresuró en presentar la reforma, y luego su defensa ante el Congreso de la República y la opinión pública fue errática. El tal Gobierno sin mermelada que ha anunciado el presidente Duque debe ser compensado con un exigente trabajo ante el Legislativo que, en el caso de la reforma a la justicia, no se vio. La ministra en su momento ofreció su cargo si la reforma se hundía, lo cual suena desproporcionado, salvo que ese hubiera sido el compromiso con el presidente.
Con el fallo de la Corte Constitucional sobre la Reforma de Equilibrio de Poderes, sentencia C-285 de 2016, el margen de maniobra para una reforma a la justicia se redujo considerablemente, máxime si quien la promueve es el Gobierno en un tema de altísima sensibilidad para la rama judicial, como lo son los principios de autonomía e independencia.
Sugiero que el Gobierno y la ministra Borrero se tomen seis meses y presenten un paquete de reformas en la próxima legislatura el 20 de julio de 2019, y que durante la primera parte del año se trabaje en un proyecto de consenso, en la medida de lo posible, con las altas cortes, los magistrados de los tribunales, los jueces, la academia y los centros de pensamiento sobre temas de justicia, que incluya el apoyo de centros internacionales como el Centro de Justicia para las Américas, la Fundación Debido Proceso y la Fundación Konrad Adenauer, entre otros.
Que se defina muy bien lo que se quiere hacer y con qué objetivos, y en el marco del Plan Decenal de Justicia. No puede pensarse en una reforma exprés, sino en un conjunto de reformas de distinto nivel e intensidad a lo largo de unos diez años. Los problemas son tantos y tan complejos que no es suficiente una sola reforma, que de fracasar deja la sensación de perderlo todo.
Hay temas que implican reformas a la Constitución –deben ser los menos–, y otros con los que basta una reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, donde buena parte de los problemas en materia de congestión, celeridad y desajuste de la oferta judicial con la demanda se pueden corregir; también son necesarias reformas a los códigos de procedimiento y algunas otras leyes de carácter ordinario, y otros asuntos que se resuelven con modificaciones a los reglamentos, y luego gestión y políticas públicas.
Hay cierto consenso en que con el actual órgano de gobierno de la rama judicial va a ser muy difícil avanzar, pues se trata de un Consejo Superior que no ha entendido su función y son más los problemas que crea que los que resuelve, como puede verse con los acuerdos que ha expedido y que tienen a buena parte de la jurisdicción civil en Bogotá en cese de actividades. Si el Gobierno tiene prisa, con que le apunte a esto en el primer semestre es suficiente, mientras prepara todo el paquete de reformas que debe ser discutido con los distintos actores del sistema judicial.
Este nuevo fracaso debe servir para que se piense la reforma a la justicia como un propósito nacional.