Otras reformas al Estado

En tiempos en los que se habla de rediseños institucionales, poco se mira a otros aspectos del funcionamiento del Estado sobre los cuales es necesario reformas para incrementar su eficacia y legitimidad. Me referiré a tres temas: la generación de las estadísticas, la planeación y la evaluación de las políticas públicas.

Sobre la necesidad de tener un sistema de generación de estadísticas independiente del gobierno ya se han pronunciado otros columnistas de este diario http://www.elespectador.com/opinion/un-dane-independiente-columna-525421. A lo dicho por Uprimny, agregaría que el discurso sobre el buen gobierno incluye la llamada accountability, que supone información a la cual pueda acceder el ciudadano de manera directa sin tener que agotar los largos y tediosos trámites del derecho de petición. Los riesgos de manipulación para fines políticos siempre están a la orden del día y la opacidad de lo público no contribuye al fortalecimiento democrático, razón por la cual se necesita de una agencia estatal independiente del gobierno encargada de procesar y dar a conocer las cifras.

De otro lado, los problemas de la sociedad colombiana no se van a superar con instrumentos de planeación de cuatro años, como lo son los planes de desarrollo. Esto que había señalado en una columna anterior http://www.elespectador.com/opinion/el-enfoque-de-derechos-y-el-plan-de-desarrollo-columna-526299 se evidenció en la manera cómo se discutió y aprobó el actual plan de desarrollo, bajo la lógica de una lista de mercado – de necesidades- aderezada por demandas políticas regionales, sin una visión de país ni una lógica de estrategia integral de mediano o largo plazo.

Se cumplieron 20 años de la ley orgánica del plan, la ley 152 de 1994, norma que amerita una revisión profunda, introduciendo mecanismos de mayor alcance temporal – como los planes decenales- y adoptar las políticas públicas como la herramienta de orientación de la inversión pública de mayor nivel de agregación, por encima de los programas y los proyectos de inversión. De otro lado, reformular todo lo concerniente a los consejos de planeación, para que sean verdaderas instancias de representación y deliberación de la sociedad civil, para lo cual, es necesario modificar la forma de la elección de los consejeros y la fuerza vinculante del concepto de los consejos. Esto debe armonizarse con reformas en las normas presupuestales e introducir por ley la obligación del presupuesto participativo en un porcentaje importante – de 10% a 20% - de los ingresos corrientes de los entes territoriales. Así mismo, pensar en vigencias fiscales de dos o tres años, para evitar las maratones de contratación que conspiran contra la eficiencia en la inversión y contra la transparencia.

Finalmente, el tema de la evaluación. Más allá de que el gobierno tenga mecanismos de monitoreo y seguimiento a sus políticas, programas y proyectos, es necesario que la evaluación de políticas la realice una agencia independiente del gobierno. Hoy el Departamento Nacional de Planeación es juez y parte en la evaluación de políticas. Eso no es transparente ni técnico porque muchas veces los gobiernos deben escuchar que sus políticas no van bien para hacer los ajustes necesarios, y eso nunca pasará con una evaluación hecha o contratada por el DNP. Esa labor la debe desarrollar la Contraloría General de la República en su función de velar por los resultados de la administración, en un modelo similar al de la Government Accountability Office de los Estados Unidos, que no depende del gobierno sino del Congreso.

Pequeñas y puntuales reformas para generar grandes transformaciones.
@cuervoji