Paz y Odebrecht

Tenemos acuerdo de paz con las Farc, pero no tenemos paz, como bien lo señaló el procurador Fernando Carrillo. Además, un acuerdo rechazado en las urnas que fue objeto de una refrendación política por parte del Congreso insuficiente para corregir ese déficit de legitimidad, lo cual puede complicar la implementación de lo pactado y da margen de maniobra a los sectores políticos que harán de su rechazo la bandera electoral en el 2018, con buenas probabilidades de triunfo en un escenario internacional proclive al fervor populista.

Ahora se suma el escándalo de Odebrecht que afecta directamente la legitimidad del Gobierno Santos y que puede hacer más complicado este tramo final, en cuanto a la paz se refiere. Es un hecho que las elecciones de 2018 van a depender del avance de la implementación de los acuerdos. Si hay logros significativos en desarme, reinserción y aplicación de justicia transicional, los opositores al acuerdo tendrán menos argumentos, pero si sucede lo contrario, esa será su bandera.

Los distintos sectores políticos se alinearán en torno de esta disyuntiva, razón por la cual, es fundamental atender el llamado de Todd Howland, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre la necesidad de cumplir lo pactado con eficacia y responsabilidad. Esto supone la presencia integral por parte del Estado en las zonas que abandonaron las Farc, pues la reocupación de estos territorios por parte de otros grupos armados parece ser la variable que explica las muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, un escenario similar al de la Unión Patriótica en el contexto del proceso de paz en tiempos de Belisario, y que alargó el conflicto otros 30 años.

Lo sucedido en el Congreso de la República con la aprobación de la llamada Justicia Especial para la Paz deja muchas dudas sobre el verdadero compromiso de sectores del establecimiento político para cumplir lo pactado con las Farc. Incluso, hay voces dentro de los opositores que dicen que una vez entreguen las armas se podría desconocer el acuerdo, como lo ha dicho, entre otros, el senador Alfredo Rangel, lo cual podría volverse una causa popular, un punto de fuga sin precedentes en el derecho internacional.

Santos fue reelegido en el 2014 para hacer la paz y ha cumplido. En 2010 era el candidato uribista con un mandato de continuar la confrontación, legado que pronto abandonó con un alto costo político en los sectores de derecha de donde provenía, y que hoy hacen fiesta por el mal momento por el que está pasando. Los ingresos de recursos de Odebrecht en ese entonces, hecho ya comprobado y aceptado por el gerente-lobbysta Roberto Prieto, dejan una sombra de duda sobre la legitimidad de ese triunfo en contra de la propuesta moralizante de Antanas Mockus. Hay información creíble sobre que esa multinacional del soborno aportó recursos para las campañas de Santos y Zuluaga en 2014, algo que la Fiscalía debe establecer con absoluta claridad para evitar equívocos y extender los efectos políticos más allá de lo razonable.

Si la crisis de legitimidad del Gobierno se recrudece, esto podría afectar la implementación de los acuerdos, y Santos tendría que considerar un escenario donde deba sacrificar su permanencia para preservar su legado más preciado.

Coletilla. Inaceptable la convocatoria de Pablo Armero a la selección Colombia. Sus antecedentes de maltrato a su pareja deberían ser suficientes para descartarlo, amén de lo futbolístico. Con el caso de Hernán Darío Gómez se avanzó en rechazo social a la violencia contra la mujer, con el llamado de Armero se ha retrocedido.

@cuervoji