Mucho se habla en estos días sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para enfrentar la crisis de la administración de justicia, y como una forma de sellar un eventual acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc.
Daré tres razones por la cuales la propuesta no es procedente, ni necesaria, ni conveniente.
No es procedente porque no estamos en una situación de bloqueo institucional como la de 1990, antesala de la Constituyente de 1991. Releyendo el texto de Humberto de la Calle, Contra todas las apuestas, Historia íntima de la Constituyente de 1991, recordamos el grave clima de ingobernabilidad y deterioro institucional de finales de los 80 del siglo pasado: un país asediado por el terrorismo, los carteles de la droga y la ofensiva de grupos guerrilleros como Farc y Eln. No en vano, la Corte Suprema de Justicia dijo en el fallo que declaró exequible el decreto 927 de 1990 que permitía contabilizar los votos de la llamada séptima papeleta: “Los hechos mencionados demuestran a las claras que las instituciones tal como se encuentran diseñadas no son suficientes para enfrentar las diversas formas de violencia…” Ese no es el caso actual. No estamos ante una situación de zozobra social y política y de debilidad institucional que amerite acudir al constituyente primario.
De otro lado, una Constituyente no es necesaria porque los eventuales acuerdos con las Farc se pueden legitimar con un proceso de refrendación diferente, como un referendo, y los temas contenidos en el Acuerdo Inicial (Políticas de desarrollo rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas), se pueden materializar con reformas de ley o acto legislativo sin necesidad de tener que recurrir a un mecanismo tan excepcional como una constituyente. Ni siquiera un escenario de justicia transicional exigiría semejante aventura de la cual se sabe cómo empieza pero no como termina.
Pero además, con las Farc no se negocia un desajuste de representación como para que volvamos a redefinir el pacto social con ellas. En estricto sentido, las Farc en la mesa de negociación sólo se representan a sí mismas, y el déficit de representación de minorías políticas y sociales no se corrige con una constituyente sino con unas nuevas reglas del juego político, como estatuto de la oposición, nueva representación de las regiones, reglas para financiación de las campañas, lo cual puede hacerse sin acudir al constituyente primario.
Pero además, una constituyente es inconveniente porque dada la actual correlación de fuerzas políticas, todo indica que sectores reaccionarios de esta sociedad tendrían una importante participación en ella, y si se da unas gabelas de representación a miembros de las Farc, el resultado sería el de un retroceso en relación con la actual Constitución de 1991, en temas como pluralismo, carta de derechos, autonomía territorial, independencia del poder judicial, entre otros temas.
Finalmente, se trata de una elección, donde los votos definirán la composición de dicha asamblea, y existe una alta probabilidad de que las fuerzas políticas contrarias a la Constitución vigente materialicen su sueño de regresar al orden político anterior.
En fin, una constituyente es un escenario de río revuelto, que por el bien de esta democracia, es mejor evitar.
@cuervoji
Mucho se habla en estos días sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para enfrentar la crisis de la administración de justicia, y como una forma de sellar un eventual acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc.
Daré tres razones por la cuales la propuesta no es procedente, ni necesaria, ni conveniente.
No es procedente porque no estamos en una situación de bloqueo institucional como la de 1990, antesala de la Constituyente de 1991. Releyendo el texto de Humberto de la Calle, Contra todas las apuestas, Historia íntima de la Constituyente de 1991, recordamos el grave clima de ingobernabilidad y deterioro institucional de finales de los 80 del siglo pasado: un país asediado por el terrorismo, los carteles de la droga y la ofensiva de grupos guerrilleros como Farc y Eln. No en vano, la Corte Suprema de Justicia dijo en el fallo que declaró exequible el decreto 927 de 1990 que permitía contabilizar los votos de la llamada séptima papeleta: “Los hechos mencionados demuestran a las claras que las instituciones tal como se encuentran diseñadas no son suficientes para enfrentar las diversas formas de violencia…” Ese no es el caso actual. No estamos ante una situación de zozobra social y política y de debilidad institucional que amerite acudir al constituyente primario.
De otro lado, una Constituyente no es necesaria porque los eventuales acuerdos con las Farc se pueden legitimar con un proceso de refrendación diferente, como un referendo, y los temas contenidos en el Acuerdo Inicial (Políticas de desarrollo rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas), se pueden materializar con reformas de ley o acto legislativo sin necesidad de tener que recurrir a un mecanismo tan excepcional como una constituyente. Ni siquiera un escenario de justicia transicional exigiría semejante aventura de la cual se sabe cómo empieza pero no como termina.
Pero además, con las Farc no se negocia un desajuste de representación como para que volvamos a redefinir el pacto social con ellas. En estricto sentido, las Farc en la mesa de negociación sólo se representan a sí mismas, y el déficit de representación de minorías políticas y sociales no se corrige con una constituyente sino con unas nuevas reglas del juego político, como estatuto de la oposición, nueva representación de las regiones, reglas para financiación de las campañas, lo cual puede hacerse sin acudir al constituyente primario.
Pero además, una constituyente es inconveniente porque dada la actual correlación de fuerzas políticas, todo indica que sectores reaccionarios de esta sociedad tendrían una importante participación en ella, y si se da unas gabelas de representación a miembros de las Farc, el resultado sería el de un retroceso en relación con la actual Constitución de 1991, en temas como pluralismo, carta de derechos, autonomía territorial, independencia del poder judicial, entre otros temas.
Finalmente, se trata de una elección, donde los votos definirán la composición de dicha asamblea, y existe una alta probabilidad de que las fuerzas políticas contrarias a la Constitución vigente materialicen su sueño de regresar al orden político anterior.
En fin, una constituyente es un escenario de río revuelto, que por el bien de esta democracia, es mejor evitar.
@cuervoji