Colombia no ha logrado consolidar una línea de conducta coherente para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Pasamos del susto inicial, con España e Italia como referentes, con una cuarentena rigurosa jalonada por las decisiones de Bogotá y otras ciudades, a extensiones recurrentes con excepciones que son cada vez más la regla, definidas sin un criterio claro y consistente, más para satisfacer sectores económicos que para configurar y ajustar una estrategia de salida sostenible en términos de contención del virus y de recuperación económica y social.
El modelo se ha ido configurando de acuerdo con el liderazgo de cada mandatario local, la lectura que del avance de la crisis hacen el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, y el liderazgo insípido de un presidente que encontró una ventana de oportunidad para reinventarse políticamente, pero a quien se le han ido agotando los recursos de comunicación y la comprensión de la gravedad de la situación. Hoy ya entramos en la fase caricaturesca de la estrategia, sacando carita feliz y carita triste ante la llamada indisciplina social, que es una forma de decir que la responsabilidad corre por cuenta del ciudadano, porque el Gobierno parecería estar perdiendo el pulso ante el avance de la epidemia.
La respuesta tiene otro componente. La reactivación de la economía es responsabilidad del Gobierno nacional y los efectos sobre el avance del contagio del virus son responsabilidad de alcaldes y gobernadores, lo cual refleja la inequidad sobre la que está montado el modelo de descentralización de Colombia.
Ante la imposibilidad de mantener una cuarentena por tanto tiempo, de facto, los ciudadanos, unos por necesidad, otros por rebeldía o egoísmo, han regresado a las calles en las distintas ciudades, y la avalancha de comparendos no alcanza para lograr control social efectivo. Las autoridades amenazan con reforzar las medidas para sancionar las conductas irresponsables, como no usar tapabocas, no respetar el distanciamiento social, fiestas, aunque la compra de televisores sin IVA parece estar entre en las excepciones.
La confusión e incertidumbre crecen a medida que aumenta el número de contagios y avanza del virus. Aunque aún no pasamos de cien muertes diarias, el panorama que planteó el Ministerio de Salud ante la Corte Constitucional, de un número de muertes que oscilaría entre 15.000 y 53.000 al 31 de diciembre, permite advertir que los momentos más difíciles todavía están por llegar, con el agravante de que ya empieza a verse un deterioro de la seguridad y se advierte un descontento social que puede agravar la situación.
Con medidas autoritarias no se controla el avance del virus, no se recupera la economía y sí se afecta el Estado de derecho. Es necesario un alto en el camino, pensar sobre la seriedad de la crisis, tratar de construir un relato común y una estrategia de país donde los gobiernos enfoquen sus esfuerzos a la atención de la crisis sanitaria, concertar estrategias graduales y responsables de reactivación de actividades económicas esenciales y pedagogía con la ciudadanía, incrementando el autocuidado y la solidaridad, con especial protección de los más vulnerables.
Esto exige un esfuerzo monumental que como sociedad nunca hemos hecho, todavía estamos a punto de pasar a la fase de sálvese quien pueda.
Colombia no ha logrado consolidar una línea de conducta coherente para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Pasamos del susto inicial, con España e Italia como referentes, con una cuarentena rigurosa jalonada por las decisiones de Bogotá y otras ciudades, a extensiones recurrentes con excepciones que son cada vez más la regla, definidas sin un criterio claro y consistente, más para satisfacer sectores económicos que para configurar y ajustar una estrategia de salida sostenible en términos de contención del virus y de recuperación económica y social.
El modelo se ha ido configurando de acuerdo con el liderazgo de cada mandatario local, la lectura que del avance de la crisis hacen el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, y el liderazgo insípido de un presidente que encontró una ventana de oportunidad para reinventarse políticamente, pero a quien se le han ido agotando los recursos de comunicación y la comprensión de la gravedad de la situación. Hoy ya entramos en la fase caricaturesca de la estrategia, sacando carita feliz y carita triste ante la llamada indisciplina social, que es una forma de decir que la responsabilidad corre por cuenta del ciudadano, porque el Gobierno parecería estar perdiendo el pulso ante el avance de la epidemia.
La respuesta tiene otro componente. La reactivación de la economía es responsabilidad del Gobierno nacional y los efectos sobre el avance del contagio del virus son responsabilidad de alcaldes y gobernadores, lo cual refleja la inequidad sobre la que está montado el modelo de descentralización de Colombia.
Ante la imposibilidad de mantener una cuarentena por tanto tiempo, de facto, los ciudadanos, unos por necesidad, otros por rebeldía o egoísmo, han regresado a las calles en las distintas ciudades, y la avalancha de comparendos no alcanza para lograr control social efectivo. Las autoridades amenazan con reforzar las medidas para sancionar las conductas irresponsables, como no usar tapabocas, no respetar el distanciamiento social, fiestas, aunque la compra de televisores sin IVA parece estar entre en las excepciones.
La confusión e incertidumbre crecen a medida que aumenta el número de contagios y avanza del virus. Aunque aún no pasamos de cien muertes diarias, el panorama que planteó el Ministerio de Salud ante la Corte Constitucional, de un número de muertes que oscilaría entre 15.000 y 53.000 al 31 de diciembre, permite advertir que los momentos más difíciles todavía están por llegar, con el agravante de que ya empieza a verse un deterioro de la seguridad y se advierte un descontento social que puede agravar la situación.
Con medidas autoritarias no se controla el avance del virus, no se recupera la economía y sí se afecta el Estado de derecho. Es necesario un alto en el camino, pensar sobre la seriedad de la crisis, tratar de construir un relato común y una estrategia de país donde los gobiernos enfoquen sus esfuerzos a la atención de la crisis sanitaria, concertar estrategias graduales y responsables de reactivación de actividades económicas esenciales y pedagogía con la ciudadanía, incrementando el autocuidado y la solidaridad, con especial protección de los más vulnerables.
Esto exige un esfuerzo monumental que como sociedad nunca hemos hecho, todavía estamos a punto de pasar a la fase de sálvese quien pueda.