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TODO MINISTRO DE JUSTICIA QUE se respete quiere hacer su gran reforma. A pocos días de estrenar su cargo, el ministro Valencia Cossio ha sorprendido con una propuesta que no dudamos en calificar de inoportuna, improvisada e insuficiente.
Es inoportuna, porque en momentos en que la Corte Suprema cumple sus obligaciones constitucionales de investigar a miembros del Congreso de la República por sus vínculos con grupos armados ilegales, se propone quitarle la competencia y cambiar las reglas de juego del juzgamiento, con el resultado previsible de que por aplicación del principio de favorabilidad, más adelante se caiga todo el proceso. En esta crisis lo único que está funcionando bien es la justicia, y el Gobierno decide reformarla. Dígase lo que se diga, suena a ajuste de cuentas. A ello se suma que este Congreso no tiene la legitimidad política ni ética para tramitar una reforma de esa naturaleza.
Es improvisada e insuficiente porque, en gracia de discusión, si hubiera que hacer una reforma a la justicia, esos no son los temas prioritarios. Resulta que de un tiempo a esta parte antes no importaba el principio de la doble instancia se convirtió en el pilar del Estado de Derecho y una excusa para cambiar una vez más la Constitución. ¿No puede expedirse una ley en la que se establezca que las labores de investigación y juzgamiento se dividan entre una subsala y la Sala Plena? Esos abogados litigantes, que a la vez son asesores de los gobiernos, son un peligro porque inducen las reformas en favor de los intereses de sus clientes.
Pero también es cierto que tampoco es deseable una administración de justicia intocable que no esté sujeta al escrutinio de los ciudadanos, como corresponde en toda sociedad democrática.
Y en ese orden de ideas, sí vale la pena iniciar una amplia discusión, con el gobierno incluido, sobre cuál es el tipo de justicia que queremos, para debatir si se justifica la existencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, si debe restablecerse el Ministerio de Justicia, si es deseable la cooptación judicial, qué hacer con la congestión en los juzgados civiles municipales, qué hacer con la congestión endémica de la sección tercera del Consejo de Estado, con la lentitud de la justicia laboral, con la falta de rendición de cuentas por parte de los jueces, con los graves problemas de acceso a la justicia de los más pobres de la sociedad, la creación de una verdadera jurisdicción de pequeñas causas en todos los temas, y no este desastre que tenemos ahora, repotenciar la justicia de paz, temas eso sí de fondo, y no sobre cuál debe ser la edad de jubilación de un magistrado, sólo para desviar la discusión sobre las dudas acerca de la legitimidad del sistema político.
Coletilla. El Presidente incluyó en la terna para defensor del Pueblo a Vólmar Pérez, quien va para su segunda reelección. ¿Qué ha hecho este personaje para ser premiado con un tercer período? No molestar al Gobierno y pasar de agache en los temas más complicados.
Qué tristeza que una de las entidades más importantes de la Constitución de 1991 haya caído en manos de la politiquería más ramplona y, como si nada, le haya sido adjudicada a un partido, el Conservador, que la ha reducido a su mínima expresión. Pérez tiene los votos en Cámara para ser reelegido, por algo le dicen el defensor del puesto.
