Una reforma tributaria estructural en plena crisis de pandemia. ¿Qué puede salir mal?
Sin embargo, esa es la apuesta del gobierno de Iván Duque, liderada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, una apuesta riesgosa tanto en términos políticos como económicos.
De los países de la región, Colombia fue el único que optó por esta vía. Los demás prefirieron una reforma fiscal orientada a solventar los gastos de la pandemia y dejar para otro momento la discusión sobre el equilibrio de mediano plazo de las finanzas públicas, cuando se logre cierta normalidad en la actividad económica y social.
El Gobierno presentó una propuesta estructural para corregir ineficiencias e inequidades del sistema tributario colombiano señaladas por la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. Ciertos puntos están bien encaminados y otros refuerzan algunos de los problemas ya recurrentes, como poner el énfasis de la reforma en los asalariados y en el consumo, sin medidas claras para estimular el crecimiento, especialmente de las empresas medianas y pequeñas tan golpeadas con los cierres en la pandemia.
El consenso para tramitar la reforma es precario, varios partidos ya manifestaron su decisión de no respaldarla y lo más práctico es que el Gobierno la retire y presente una nueva orientada a financiar los gastos derivados de la pandemia. Para ello sería deseable construir un consenso político previo sobre tres ejes:
1) ¿Cuánto es el faltante derivado del mayor gasto y menor recaudo de la pandemia?
2) ¿Cuáles programas son provisionales y cuáles serán permanentes? (Por ejemplo, una renta básica es diferente a la extensión del Ingreso Solidario, y esa discusión se debe dar en otra oportunidad).
3) ¿Quién está en condiciones de pagar más impuestos, sin que ello afecte el crecimiento económico? (Sin lo cual es difícil un nuevo escenario de distribución, según una regla elemental de política fiscal).
Esta ventana de oportunidad que ve el Gobierno para un revolcón estructural —y de esa manera enviar un mensaje tranquilizador a los mercados internacionales para preservar las calificaciones de riesgo— puede esperar. Colombia tiene buena reputación en esos escenarios y están las urgencias de la pandemia. Una reforma acotada y más equilibrada enviaría un mensaje en la dirección correcta.
El Gobierno tiene de dónde escoger. La propuesta de la ANDI de retrasar los beneficios de renta a las empresas de la anterior reforma tributaria es viable. La meta de recaudar $28 billones bien puede irse por la mitad de esa cifra, como lo planteó el exministro Juan Carlos Echeverry.
No son tiempos fáciles para nadie, los gobiernos tienen que hacer su mejor esfuerzo para atender los efectos de la pandemia y las finanzas públicas están en una situación crítica, con mayor déficit fiscal y endeudamiento externo e interno. Pero no tiene sentido enviar el mensaje de hacerles la vida más difícil a quienes también han tenido que soportar los rigores de esta situación, y menos por parte de un Gobierno que va de salida con un deterioro creciente de credibilidad y aceptación.
El palo no está para cucharas y el clima de tensión social exacerbado por la pandemia puede afectarse aún más con una reforma como la que presentó el Gobierno. Para proceder de manera responsable, es mejor hacerlo con consensos políticos y sin deteriorar más el malestar ciudadano.
