Nos va a costar mucho salir de la violencia como fundamento de lo político. No basta el acuerdo con las Farc que desarma la guerrilla más vieja del continente y cuyo relato político fue precisamente el recurso a la violencia para cambiar las estructuras sociales; como no bastó la desmovilización de los paramilitares en la década pasada, pues muchos de ellos –ante la falta de una política de posconflicto exitosa– se han reciclado en nuevos actores que imponen su ley en contextos de débil presencia estatal y disputa de rentas ilegales, el escenario donde se desarrolla la eliminación incesante de líderes sociales.
El Estado parece resignarse a su triste papel de testigo indolente. Al líder social Ibes Trujillo un grupo armado lo saca de su casa en una vereda en el Cauca, y dos días después se encuentra su cuerpo sin vida, sin que nadie haya podido hacer algo para impedirlo, y así, el destino de muchos otros que mueren ante la incapacidad de respuesta adecuada y oportuna del sistema de protección, todos ante la sensación de la muerte ineluctable.
Pero no podía ser de otra manera si aquí la violencia ha sido instrumentalizada por todos, desde el Estado mismo, y buena parte de las guerras del siglo XIX dan cuenta de ello; y más recientemente en la llamada época de la Violencia. Las Farc y otros grupos guerrilleros justificaron su nacimiento para enfrentar esa arremetida del Estado contra disidentes del pacto político del Frente Nacional; y los narcos, para defenderse de la extradición; y los paramilitares, para defenderse de la guerrilla, pero que devinieron en verdaderos dispositivos de control político y social, como bien lo muestra Jacobo Grajales en su texto Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en Colombia (Unirosario, 2017), función que hoy siguen desarrollando ante la incomprensión del fenómeno por parte del Gobierno Nacional, la incapacidad de los gobiernos locales y el entusiasmo de los poderes fácticos regionales.
Así se haya reducido el número de muertes asociadas al conflicto como consecuencia del acuerdo, la sensación de estar siendo derrotados por una nueva arremetida de la violencia como fundamento de las relaciones políticas y sociales parece la reedición de ese círculo vicioso que nos acompaña a lo largo de nuestra historia. Pero esa violencia no vuelve por sí misma, no es una fuerza sobrenatural que se impone de manera inexplicable sobre nuestro ser colombiano, la traen actores que se benefician de ello.
Como bien lo muestra Robet A. Karl en el libro La paz olvidada de ediciones Lerner, el período que siguió a la pacificación del Frente Nacional en los años 50 trajo un sentimiento de que se podía superar la página de la violencia, pero malas decisiones gubernamentales para consolidar la paz como política de Estado, con las reformas sociales y políticas necesarias aplazadas por la resistencia del establecimiento político, generaron las condiciones para el surgimiento de nuevas violencias, esta vez de las manos de las Farc y del propio Estado para enfrentarlas. Es claro que las condiciones son otras, y un fracaso en la implementación del acuerdo no nos llevará necesariamente a un escenario de conflicto armado, tal y como lo conocimos, pero sí las condiciones para que se fortalezcan esas violencias regionales que terminarán siendo instrumentalizadas para asegurar un orden político que prefiere pacificación sin reformas sociales.
Esa es nuestra tragedia, que no hemos podido sacar la violencia del relato político. Ojalá la llegada del nuevo gobierno no aplace esto por cuatro años o quizás una década más con los costos de muertes y desarrollo social que esto implica.
