En el 2002, la idea de que Colombia era un Estado fallido a punto de caer en manos de las Farc caló entre la opinión pública y permitió el ascenso de Álvaro Uribe a la Presidencia de la República, quien hizo cambiar la Constitución —cómo no recordar a Yidis y a Teodolindo— y decidió quedarse ocho años, lo que produjo un desajuste institucional que todavía estamos pagando.
Las cuentas de la relación costo-beneficio de la política de Seguridad Democrática están todavía por hacerse, pero lo que sí se puede decir es que cambió la correlación de fuerzas entre el Estado y la guerrilla de las Farc, lo que a la postre terminó en el Acuerdo de Paz, gracias a que Santos pudo ver la tendencia de largo plazo y una ventana de oportunidad para consolidar una salida negociada al conflicto armado. Hasta ahí todo dentro de lo previsible, solo que Uribe no vio con buenos ojos esta salida, porque su idea era doblegar militarmente a las Farc hasta el punto de ofrecerles solamente una desmovilización y un sometimiento a la justicia como máxima concesión, a pesar de que en algún momento propuso un escenario de asamblea constituyente.
Para oponerse a la salida negociada se fundó el Centro Democrático, que ha mantenido vigente la idea de que a un grupo armado ilegal dedicado al terrorismo y al narcotráfico se le derrota con la fuerza legítima —e ilegítima― del Estado. Una negociación supone reconocer cierta legitimidad política al interlocutor y a las razones que justifican su lucha armada. El director del Centro Nacional de Memoria Histórica se ha encargado de desarrollar la idea de que en Colombia no existió conflicto armado y mucho menos las causas que le dieron origen, algunas de ellas recogidas en el punto 1 del Acuerdo relacionadas con la reforma rural integral. Sobre esta narrativa y sobre el liderazgo de Uribe, el partido Centro Democrático no solo logró derrotar el Acuerdo en las urnas sino poner presidente, resultados nada despreciables para una minoría política, bien cohesionada y disciplinada, que ha logrado consolidar apoyos en el Congreso para seguir adelante con su agenda de hacer de la seguridad, narcotráfico incluido, el relato central del régimen político colombiano.
¿Será posible salir del embrujo uribista? Las condiciones de ahora son muy diferentes a las de 2002, las Farc se desmovilizaron y son un partido político minoritario, pero en muchas regiones crece la sensación de que es necesario alargar el relato de la confrontación, ante el deterioro de la seguridad pública, el aumento de hectáreas de cultivos ilícitos, la muerte de líderes sociales y el reciclaje de grupos paramilitares que han recibido un segundo aire con el regreso al país de los viejos líderes del paramilitarismo, el crecimiento de las disidencias de las Farc y el retorno a la guerra de alias Iván Márquez y su combo, en el contexto de las protestas sociales y la desazón que ha producido la pandemia del COVID-19. En eso el uribismo les lleva ventaja a las demás fuerzas políticas, lo cual lo pone en primera línea de cara al 2022, si bien no es claro que tenga entre sus filas un candidato viable por fuera del reducto más duro, lo que obligará a contemplar alianzas con otros sectores políticos afines que comprarían fácil la idea de la seguridad como eje estructurante de una campaña y un gobierno.
Por fuera de allí solo reina la dispersión y la fragmentación política e ideológica alrededor de unos nombres, no de una plataforma ni de una agenda de mínimos que incluya, por supuesto, una propuesta de seguridad, sobre lo cual la izquierda no parece sentirse interpelada, y una respuesta coherente a la crisis social y económica que deja la pandemia.
Si no se logra una coalición lo más amplia posible alrededor de una propuesta y de una fórmula con nombres viables, que logre conciliar todo el espectro de la centroizquierda desde la primera vuelta, nos tomará cuatro años más salir del embrujo de la seguridad, de seguir concibiendo la política en términos de la lógica amigo-enemigo y de considerar los problemas sociales como un asterisco en la página de las políticas estatales.
En el 2002, la idea de que Colombia era un Estado fallido a punto de caer en manos de las Farc caló entre la opinión pública y permitió el ascenso de Álvaro Uribe a la Presidencia de la República, quien hizo cambiar la Constitución —cómo no recordar a Yidis y a Teodolindo— y decidió quedarse ocho años, lo que produjo un desajuste institucional que todavía estamos pagando.
Las cuentas de la relación costo-beneficio de la política de Seguridad Democrática están todavía por hacerse, pero lo que sí se puede decir es que cambió la correlación de fuerzas entre el Estado y la guerrilla de las Farc, lo que a la postre terminó en el Acuerdo de Paz, gracias a que Santos pudo ver la tendencia de largo plazo y una ventana de oportunidad para consolidar una salida negociada al conflicto armado. Hasta ahí todo dentro de lo previsible, solo que Uribe no vio con buenos ojos esta salida, porque su idea era doblegar militarmente a las Farc hasta el punto de ofrecerles solamente una desmovilización y un sometimiento a la justicia como máxima concesión, a pesar de que en algún momento propuso un escenario de asamblea constituyente.
Para oponerse a la salida negociada se fundó el Centro Democrático, que ha mantenido vigente la idea de que a un grupo armado ilegal dedicado al terrorismo y al narcotráfico se le derrota con la fuerza legítima —e ilegítima― del Estado. Una negociación supone reconocer cierta legitimidad política al interlocutor y a las razones que justifican su lucha armada. El director del Centro Nacional de Memoria Histórica se ha encargado de desarrollar la idea de que en Colombia no existió conflicto armado y mucho menos las causas que le dieron origen, algunas de ellas recogidas en el punto 1 del Acuerdo relacionadas con la reforma rural integral. Sobre esta narrativa y sobre el liderazgo de Uribe, el partido Centro Democrático no solo logró derrotar el Acuerdo en las urnas sino poner presidente, resultados nada despreciables para una minoría política, bien cohesionada y disciplinada, que ha logrado consolidar apoyos en el Congreso para seguir adelante con su agenda de hacer de la seguridad, narcotráfico incluido, el relato central del régimen político colombiano.
¿Será posible salir del embrujo uribista? Las condiciones de ahora son muy diferentes a las de 2002, las Farc se desmovilizaron y son un partido político minoritario, pero en muchas regiones crece la sensación de que es necesario alargar el relato de la confrontación, ante el deterioro de la seguridad pública, el aumento de hectáreas de cultivos ilícitos, la muerte de líderes sociales y el reciclaje de grupos paramilitares que han recibido un segundo aire con el regreso al país de los viejos líderes del paramilitarismo, el crecimiento de las disidencias de las Farc y el retorno a la guerra de alias Iván Márquez y su combo, en el contexto de las protestas sociales y la desazón que ha producido la pandemia del COVID-19. En eso el uribismo les lleva ventaja a las demás fuerzas políticas, lo cual lo pone en primera línea de cara al 2022, si bien no es claro que tenga entre sus filas un candidato viable por fuera del reducto más duro, lo que obligará a contemplar alianzas con otros sectores políticos afines que comprarían fácil la idea de la seguridad como eje estructurante de una campaña y un gobierno.
Por fuera de allí solo reina la dispersión y la fragmentación política e ideológica alrededor de unos nombres, no de una plataforma ni de una agenda de mínimos que incluya, por supuesto, una propuesta de seguridad, sobre lo cual la izquierda no parece sentirse interpelada, y una respuesta coherente a la crisis social y económica que deja la pandemia.
Si no se logra una coalición lo más amplia posible alrededor de una propuesta y de una fórmula con nombres viables, que logre conciliar todo el espectro de la centroizquierda desde la primera vuelta, nos tomará cuatro años más salir del embrujo de la seguridad, de seguir concibiendo la política en términos de la lógica amigo-enemigo y de considerar los problemas sociales como un asterisco en la página de las políticas estatales.