Una de las cosas que reflejan las encuestas recientes, y el hecho de que De la Calle no despegue, que Uribe supere su imagen negativa como no sucedía desde hace 15 años, que ninguno de los que diga Uribe aparezca entre los cinco primeros en intención de voto, y que Vargas Lleras, a pesar de una exposición mediática durante ocho años (como ministro y como vicepresidente), oscile sin consistencia en los primeros lugares, es el cansancio de la opinión pública —la que se refleja en esas encuestas, generalmente urbana— en todo lo que se relacione con la paz y la transición al conflicto.
El desarme de las Farc es un hecho cumplido, y con ello su existencia como grupo armado. Ya se ha llegado a un punto de no retorno y cada vez más la gente entiende que ese proceso no tiene reversa, a pesar del ruido que hacen los precandidatos uribistas sobre que en el 2018 harán trizas los acuerdos. El anclaje normativo y el apoyo internacional, y cierto consenso político interno sobre no dar marcha atrás, harán que el mismo uribismo aterrice sus pretensiones de acabarlo.
Por esta razón, sería conveniente que se empezara hablar de esa agenda que necesita el país, no solo para construir la paz y consolidar el posconflicto, sino de aquellos temas que tenemos aplazados por la misma existencia del conflicto que, de alguna manera, se convirtió en una excusa para no resolverlos. Difícilmente los candidatos (como 35 que hay, la mayoría por fuera de los partidos, en un fenómeno preocupante de personalización de la política) se van a bajar de la narrativa en torno del acuerdo y la lucha contra la corrupción, pero sería bueno empezar a conocer sus propuestas en otros temas y, de esa manera, oxigenar el debate.
Según la última encuesta de Opinómetro, Pulso País, los problemas que más preocupan a los colombianos son la calidad de la salud, la calidad de la educación, el desempleo y luego de la seguridad nacional, la economía y la inseguridad ciudadana, y es poco lo que se oye hablar a los precandidatos sobre estos temas.
Pero también sobre otros de escasa presencia en la agenda pública, como por ejemplo la reforma a la administración de justicia que ha fracasado por la concepción corporativista que ha sustentado los últimos esfuerzos y, en ese contexto, la reforma del Estado, especialmente a nivel local, donde es incapaz de cumplir con sus funciones básicas.
Cuentan que en terreno poco se ven funcionarios públicos trabajando en las regiones en las que hacían presencia las Farc, y lo que más se ve son funcionarios-contratistas de USAID con su chaleco haciendo las veces de Estado, pues la Agencia para la Renovación del Territorio no cuenta con el personal necesario para desarrollar esa compleja tarea de “rehacer el Estado” y, adicionalmente, con poca participación de las autoridades locales, lo cual compromete la sostenibilidad del proceso.
Pero también se necesita un debate a fondo sobre el modelo económico del futuro cercano, esto es, si hay planes de sustituir de manera progresiva el extractivismo a raja tabla por un modelo más amigable con el ambiente; qué hacer con los cultivos ilícitos, qué alternativas se van a ofrecer a los campesinos para que no trasladen sus actividades a otros territorios donde habrá grupos armados dispuestos a generar las condiciones para que esta dinámica continúe.
Y hay que volver sobre la lucha contra la pobreza y el modelo asistencialistas que la soporta, las brechas de inequidad: urbano-rural, intergeneracional, de género; la atención a poblaciones vulnerables, el tema pensional, cuya reforma no da espera, las muertes en accidentes de tránsito, la violencia contra la mujer, entre otros temas perdidos en la manigua de la corrupción y la politiquería.
Es hora de que los cientos de candidatos hablen de esos temas, que salgan de esa polarización en torno de si se debe preservar o no el Acuerdo porque ya estamos empezando a cansarnos de ello.
Una de las cosas que reflejan las encuestas recientes, y el hecho de que De la Calle no despegue, que Uribe supere su imagen negativa como no sucedía desde hace 15 años, que ninguno de los que diga Uribe aparezca entre los cinco primeros en intención de voto, y que Vargas Lleras, a pesar de una exposición mediática durante ocho años (como ministro y como vicepresidente), oscile sin consistencia en los primeros lugares, es el cansancio de la opinión pública —la que se refleja en esas encuestas, generalmente urbana— en todo lo que se relacione con la paz y la transición al conflicto.
El desarme de las Farc es un hecho cumplido, y con ello su existencia como grupo armado. Ya se ha llegado a un punto de no retorno y cada vez más la gente entiende que ese proceso no tiene reversa, a pesar del ruido que hacen los precandidatos uribistas sobre que en el 2018 harán trizas los acuerdos. El anclaje normativo y el apoyo internacional, y cierto consenso político interno sobre no dar marcha atrás, harán que el mismo uribismo aterrice sus pretensiones de acabarlo.
Por esta razón, sería conveniente que se empezara hablar de esa agenda que necesita el país, no solo para construir la paz y consolidar el posconflicto, sino de aquellos temas que tenemos aplazados por la misma existencia del conflicto que, de alguna manera, se convirtió en una excusa para no resolverlos. Difícilmente los candidatos (como 35 que hay, la mayoría por fuera de los partidos, en un fenómeno preocupante de personalización de la política) se van a bajar de la narrativa en torno del acuerdo y la lucha contra la corrupción, pero sería bueno empezar a conocer sus propuestas en otros temas y, de esa manera, oxigenar el debate.
Según la última encuesta de Opinómetro, Pulso País, los problemas que más preocupan a los colombianos son la calidad de la salud, la calidad de la educación, el desempleo y luego de la seguridad nacional, la economía y la inseguridad ciudadana, y es poco lo que se oye hablar a los precandidatos sobre estos temas.
Pero también sobre otros de escasa presencia en la agenda pública, como por ejemplo la reforma a la administración de justicia que ha fracasado por la concepción corporativista que ha sustentado los últimos esfuerzos y, en ese contexto, la reforma del Estado, especialmente a nivel local, donde es incapaz de cumplir con sus funciones básicas.
Cuentan que en terreno poco se ven funcionarios públicos trabajando en las regiones en las que hacían presencia las Farc, y lo que más se ve son funcionarios-contratistas de USAID con su chaleco haciendo las veces de Estado, pues la Agencia para la Renovación del Territorio no cuenta con el personal necesario para desarrollar esa compleja tarea de “rehacer el Estado” y, adicionalmente, con poca participación de las autoridades locales, lo cual compromete la sostenibilidad del proceso.
Pero también se necesita un debate a fondo sobre el modelo económico del futuro cercano, esto es, si hay planes de sustituir de manera progresiva el extractivismo a raja tabla por un modelo más amigable con el ambiente; qué hacer con los cultivos ilícitos, qué alternativas se van a ofrecer a los campesinos para que no trasladen sus actividades a otros territorios donde habrá grupos armados dispuestos a generar las condiciones para que esta dinámica continúe.
Y hay que volver sobre la lucha contra la pobreza y el modelo asistencialistas que la soporta, las brechas de inequidad: urbano-rural, intergeneracional, de género; la atención a poblaciones vulnerables, el tema pensional, cuya reforma no da espera, las muertes en accidentes de tránsito, la violencia contra la mujer, entre otros temas perdidos en la manigua de la corrupción y la politiquería.
Es hora de que los cientos de candidatos hablen de esos temas, que salgan de esa polarización en torno de si se debe preservar o no el Acuerdo porque ya estamos empezando a cansarnos de ello.