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POR SUPUESTO QUE EL GOBIERNO tiene todo el derecho de atribuir el atentado terrorista al Palacio de Justicia de Cali a las Farc, su enemigo natural, máxime si las informaciones preliminares, con el sello de credibilidad y seriedad del general Óscar Naranjo, apuntan en ese sentido.
No tengo duda de que desde el punto de vista de su comportamiento anterior, las Farc tienen suficientes antecedentes para ser señaladas de ser las autoras de este execrable hecho, así que no es precisamente por angelitos que haya que descartarlas. Sin embargo, como ciudadano, también nos es dado introducir una duda razonable sobre si pudieron ser otros los autores de tan atroz suceso.
Lo primero en preguntarnos es sobre la razón que tendrían las Farc para atentar contra la justicia en Cali. Se ha señalado que sería una reacción a las acciones de que han sido objeto en el último tiempo, desde la muerte de alias JJ, hasta la reciente captura de alias Santiago, golpes que han debilitado su presencia en el occidente del país. Sería una respuesta al acorralamiento y una retaliación que tendría como antecedente el bombazo al comando de Policía del Valle. Sin embargo, parece una acción desproporcionada, sobre todo en lo que arriesgan en cuanto a reacción del Estado.
Existen otras hipótesis menos plausibles, pero igualmente probables. Está la guerra entre pequeños carteles que viene dándose a partir de la desmovilización de los grandes capos del narcoparamilitarismo. La ola de asesinatos en Medellín y Bogotá podría tener alguna relación con la bomba de Cali. El hecho de que el Gobierno le hubiese declarado la guerra a alias Don Mario puede ser otra hipótesis por investigar, si bien esa organización no tiene antecedentes de operar en esa zona ni de esa manera. La solicitud de confirmación de la sentencia condenatoria en el caso de Jamundí, elevada por la Fiscalía al Tribunal Superior del Valle, es una coincidencia inquietante que no debería descartarse por las autoridades.
Si el móvil es la destrucción de expedientes, por la hora en que se puso la bomba, no debe descartarse una alianza Farc–narcotráfico y bandas emergentes.
Lo cierto es que las Farc tienen el móvil general de desafiar la política de seguridad democrática y hacer saber que no están tan derrotadas como el gobierno dice. Trasladar su guerra a las ciudades es una estrategia que apunta en esa dirección. Lo que no es claro es que el objetivo sea la justicia, precisamente en estos momentos.
El gobierno se casó con la hipótesis de las Farc y descarta otras opciones razonables, lo que puede afectar el resultado de las investigaciones. Recuerdo que en la época del narcoterrorismo no había margen para pensar que las bombas atribuidas a Pablo Escobar fueran de autoría de alguien distinto. No era políticamente correcto siquiera sugerirlo, no era patriótico. Hoy, mucho menos puede dudarse de la versión oficial.
No se trata de exculpar a las Farc, se trata de saber la verdad y tener la certeza de que las autoridades tomarán las medidas adecuadas para neutralizar los factores de riesgo que amenazan la seguridad pública. Igual, el hecho nos duele, lo condenamos y nos parece un acto criminal, no importa quién lo haya cometido.
Si en efecto fueron las Farc, el presidente Uribe no pudo haber encontrado un mejor jefe de debate para su segunda reelección.
