La política de la pigmentocracia que se enarboló en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe fracasó.
Durante sus dos períodos hubo más retórica que soluciones a los problemas de exclusión y pobreza de la población negra. Las políticas que se pusieron en marcha para impulsar su desarrollo, obedecieron más a los intereses mediáticos de las negociaciones para la aprobación del TLC con Estados Unidos que a una política de Estado, encaminada a reducir los índices de pobreza en la población negra.
El estudio que se realizó para el avance de la población negra y que se difundió como el gran salto del atraso a la prosperidad para los negros, y una ley que pretendía otorgar el 5% de los subsidios y el 10% de los créditos estatales a los afros, amén de otras prerrogativas, terminaron en saludos a la bandera.
Pero si en el ámbito nacional el panorama fue frustrante, en el plano regional fue más desolador. La mayoría de las oficinas de negritudes en las gobernaciones y las alcaldías son oficinas decorativas con presupuestos pírricos, dedicadas más a organizar fiestas y al fomento de la politiquería que a ejecutar políticas de acciones afirmativas.
Más allá de la poca efectividad de las políticas nacionales en beneficio de la población negra, los líderes negros tienen una gran cuota de responsabilidad en el fracaso de aquellas políticas, en virtud de que las consultivas municipales, departamentales y, por ende, la nacional, como organismos coordinadores de las políticas públicas de las comunidades negras, son inoperantes y anquilosadas en las ancestrales retóricas de las lamentaciones.
El gobierno de Santos ha planteado una serie de iniciativas y esperamos que no sean más de lo mismo. En el caso de Antioquia, tengo la convicción de que el gobernador Sergio Fajardo hará cambios sustanciales en las políticas públicas para la población negra. Antioquia tiene una población afro que supera 1’215.985 habitantes y ha sido una de las regiones con mayor número de pobladores negros desde la época colonial. Actualmente, los negros representan el 23% de la población antioqueña y su presencia en el territorio antioqueño es igual de antigua y significativa que la población mestiza. Destacados investigadores como María Teresa Uribe, Roberto Luis Jaramillo y Víctor Álvarez, entre otros, han hecho investigaciones serias sobre esta materia. Sin embargo, hace falta un estudio histórico, económico, sociológico y antropológico sobre su aporte y el papel que ha jugado en el desarrollo de Antioquia, al igual que otras variables que sirvan de bases para elaborar una política de desarrollo para la población negra antioqueña.
La Gerencia de Negritudes, la dependencia encargada de liderar ese proceso en Antioquia, debe ser reestructurada con el fin de transformarla en una oficina más propositiva y eficiente, ya que en los últimos cuatro años pasó sin penas ni glorias. El gobernador tendrá que hacerle una reingeniería o en su lugar crear una secretaría de asuntos étnicos, con tres subsecretarías, una para los asuntos negros, otra para las políticas indígenas y una tercera para las colonias organizadas. Porque cuando se habla de exclusión e inclusión no sólo se puede hablar de negros e indígenas, sino de otros segmentos de la población que vive en Antioquia y que contribuyen a su desarrollo, pero que también han sido relegadas y que ameritan ser más visibles.
La política de la pigmentocracia que se enarboló en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe fracasó.
Durante sus dos períodos hubo más retórica que soluciones a los problemas de exclusión y pobreza de la población negra. Las políticas que se pusieron en marcha para impulsar su desarrollo, obedecieron más a los intereses mediáticos de las negociaciones para la aprobación del TLC con Estados Unidos que a una política de Estado, encaminada a reducir los índices de pobreza en la población negra.
El estudio que se realizó para el avance de la población negra y que se difundió como el gran salto del atraso a la prosperidad para los negros, y una ley que pretendía otorgar el 5% de los subsidios y el 10% de los créditos estatales a los afros, amén de otras prerrogativas, terminaron en saludos a la bandera.
Pero si en el ámbito nacional el panorama fue frustrante, en el plano regional fue más desolador. La mayoría de las oficinas de negritudes en las gobernaciones y las alcaldías son oficinas decorativas con presupuestos pírricos, dedicadas más a organizar fiestas y al fomento de la politiquería que a ejecutar políticas de acciones afirmativas.
Más allá de la poca efectividad de las políticas nacionales en beneficio de la población negra, los líderes negros tienen una gran cuota de responsabilidad en el fracaso de aquellas políticas, en virtud de que las consultivas municipales, departamentales y, por ende, la nacional, como organismos coordinadores de las políticas públicas de las comunidades negras, son inoperantes y anquilosadas en las ancestrales retóricas de las lamentaciones.
El gobierno de Santos ha planteado una serie de iniciativas y esperamos que no sean más de lo mismo. En el caso de Antioquia, tengo la convicción de que el gobernador Sergio Fajardo hará cambios sustanciales en las políticas públicas para la población negra. Antioquia tiene una población afro que supera 1’215.985 habitantes y ha sido una de las regiones con mayor número de pobladores negros desde la época colonial. Actualmente, los negros representan el 23% de la población antioqueña y su presencia en el territorio antioqueño es igual de antigua y significativa que la población mestiza. Destacados investigadores como María Teresa Uribe, Roberto Luis Jaramillo y Víctor Álvarez, entre otros, han hecho investigaciones serias sobre esta materia. Sin embargo, hace falta un estudio histórico, económico, sociológico y antropológico sobre su aporte y el papel que ha jugado en el desarrollo de Antioquia, al igual que otras variables que sirvan de bases para elaborar una política de desarrollo para la población negra antioqueña.
La Gerencia de Negritudes, la dependencia encargada de liderar ese proceso en Antioquia, debe ser reestructurada con el fin de transformarla en una oficina más propositiva y eficiente, ya que en los últimos cuatro años pasó sin penas ni glorias. El gobernador tendrá que hacerle una reingeniería o en su lugar crear una secretaría de asuntos étnicos, con tres subsecretarías, una para los asuntos negros, otra para las políticas indígenas y una tercera para las colonias organizadas. Porque cuando se habla de exclusión e inclusión no sólo se puede hablar de negros e indígenas, sino de otros segmentos de la población que vive en Antioquia y que contribuyen a su desarrollo, pero que también han sido relegadas y que ameritan ser más visibles.