El desastroso gobierno de Duque, a quien la historia recordará por su sangrienta política al manejar las movilizaciones ciudadanas, tiene una consecuencia: Uribe no podrá imponer en solitario al sucesor del presidente. Sin embargo, no se debe desconocer que puede endosar su caudal electoral a un candidato que, sin ser totalmente abyecto, le garantice, en caso de ganar, las siguientes posiciones.
Fiscalía: el próximo presidente ternará al sucesor del actual fiscal. Los votos de Uribe y del Centro Democrático (CD) apoyarán al candidato que garantice que la terna sea afecta al “presidente eterno”. Duque cumplió con creces esta misión. A Uribe le interesa una Fiscalía amiga para sus procesos, los de sus familiares y sus abogados.
Cancillería: el expresidente Uribe está blindado de ser juzgado en Colombia por su presunta responsabilidad en los asesinatos de personas indefensas por parte de miembros del Ejército. Un juicio tendría que ser inicialmente aprobado por la Comisión de Acusaciones que, en el improbable caso de no archivar el caso, lo pasaría a la Cámara de Representantes; si esta considera que hay mérito, pasaría al Senado para que se iniciara el juicio.
Por decisión del Acuerdo de Paz, la JEP no es competente para juzgar a los presidentes ni a los expresidentes por actos relacionados con el conflicto. No obstante, cada vez le es más difícil eludir su responsabilidad a quien ejerció de comandante supremo de las Fuerzas Armadas durante el abominable período de los 6.402 asesinatos de personas indefensas por miembros del Ejército. Estos hechos no ocurrieron a sus espaldas, pues hay memorandos de Naciones Unidas que, desde 2007, alertaron sobre esta criminal práctica. Entre julio del 2002 y junio del 2007, la Fuerza Pública aparece imputada en 955 casos de ejecuciones extrajudiciales y 235 casos de desaparición forzada de personas, según el informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Ese año, 2007, la Procuraduría General de la Nación estaba investigando 670 casos y emitió 11 fallos disciplinarios. A partir del 2007 los asesinatos se dispararon hasta tener 6.402 casos documentados. La Directiva 29 del 2005 del Mindefensa y la política presidencial de presionar el conteo de bajas estimularon este horror. Solo la justicia internacional podría avocar un proceso, de ahí la importancia para Uribe de que la Cancillería esté atenta y colaborativa para impedir que esto suceda.
Ministerio de Hacienda: para Uribe es necesario un acuerdo en el sentido de que no se implemente el catastro multipropósito, que busca que los propietarios de grandes extensiones rurales tributen. Ante la obligación de hacer pública su declaración de renta, el expresidente permitió un análisis de su contribución al fisco. S. Kalmanovitz lo hace: las 1.500 hectáreas de El Ubérrimo están avaluadas en $8.600 millones; $5,23 millones por hectárea. Kalmanovitz menciona que hay transacciones en fincas cercanas a $110 millones por hectárea. Por impuesto predial pagó $30,5 millones. A pesar de su reconocido prestigio como empresario ganadero y agrícola, la tierra no le fue muy productiva y generó utilidades de $800.000 por hectárea, y gracias a las deducciones solo tributó $84 millones por renta. Esta situación la comparten propietarios cercanos a los afectos del expresidente y verían con gusto un olvido del catastro multipropósito.
Algunos precandidatos ya están haciendo méritos para lograr el apoyo electoral del CD.