El Congreso prepara un asalto a la voluntad popular al pretender modificar, ampliándolos, los períodos para los que fueron elegidos los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. La Constitución de 1886, más centrada en el poder ejecutivo y menos en los derechos ciudadanos, para evitar las guerras partidistas, introdujo años después una norma que restringía parcialmente el dictamen de “quien gana toma todo”. Las reformas electorales requerían de una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Los constituyentes del 91 no contaron con la astucia de la clase política y suprimieron la mayoría calificada. El Congreso puede, con una mayoría simple, reformar un artículo de la Constitución y prolongar su período. Podría pensarse que no se atreverían a llegar a tal extremo, por el claro conflicto de intereses, más sutil; pero el conflicto existe al prorrogar el período de quienes manejan sus maquinarias políticas en las regiones.
Los principales argumentos para volver trizas uno de los pilares de la Constitución, las leyes electorales, son:
1) El costo de elección de alcaldes y gobernadores, el cual podría aplazarse por dos años. Se estima en $409.000 millones. Esta cifra es un 35 % inferior al costo anual de funcionamiento del Congreso, de $620.000 millones, casi $2.000 millones por parlamentario. Difícilmente alguien propondría suprimir el Congreso para ahorrarse esa suma.
2) Los congresistas promotores de la prórroga del período de las autoridades territoriales arguyen que esta iniciativa tiene el apoyo de la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Colombiana de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Lo extraño sería que los gremios que agrupan a quienes se benefician con esta iniciativa no la apoyaran. Debe mencionarse que la presidenta de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales es la esposa del líder de la prórroga de los períodos. Los apoyos son, al menos, sesgados.
Los anteriores argumentos no merecen el mayor análisis; el tercero, que afirma que “se mejoraría la coordinación y la articulación en la planeación económica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional si se unifican los períodos”, es poderoso pero discutible. En un país con un Ejecutivo fuerte, la separación de elecciones atenúa la concentración del poder, además es un factor de estabilidad en caso de una profunda crisis en el Ejecutivo central, como la vivida durante la administración de Ernesto Samper, cuando la menor interdependencia de las autoridades territoriales con la autoridad nacional sirvió de amortiguador a los coletazos recibidos por el Ejecutivo central. Si se acepta la conveniencia de unificar los períodos, se puede, sin violentar la voluntad popular, definir que en las próximas elecciones territoriales del 2019 los períodos se extiendan hasta el 2022 y hacer coincidir la fecha de los agentes territoriales y el presidente.
El alcalde más entusiasta con la ampliación de su mandato ha sido E. Peñalosa, del mismo partido del líder de la prórroga. Afirma que ese período adicional le permitiría adjudicar, contratar y vigilar en su inicio los proyectos como el metro de Bogotá. Así no quedan dudas de quién toma la decisión. Sus críticos añadirían que le permitiría además acabar con la Reserva Van der Hammen y urbanizarla parcialmente.
El Congreso prepara un asalto a la voluntad popular al pretender modificar, ampliándolos, los períodos para los que fueron elegidos los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. La Constitución de 1886, más centrada en el poder ejecutivo y menos en los derechos ciudadanos, para evitar las guerras partidistas, introdujo años después una norma que restringía parcialmente el dictamen de “quien gana toma todo”. Las reformas electorales requerían de una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Los constituyentes del 91 no contaron con la astucia de la clase política y suprimieron la mayoría calificada. El Congreso puede, con una mayoría simple, reformar un artículo de la Constitución y prolongar su período. Podría pensarse que no se atreverían a llegar a tal extremo, por el claro conflicto de intereses, más sutil; pero el conflicto existe al prorrogar el período de quienes manejan sus maquinarias políticas en las regiones.
Los principales argumentos para volver trizas uno de los pilares de la Constitución, las leyes electorales, son:
1) El costo de elección de alcaldes y gobernadores, el cual podría aplazarse por dos años. Se estima en $409.000 millones. Esta cifra es un 35 % inferior al costo anual de funcionamiento del Congreso, de $620.000 millones, casi $2.000 millones por parlamentario. Difícilmente alguien propondría suprimir el Congreso para ahorrarse esa suma.
2) Los congresistas promotores de la prórroga del período de las autoridades territoriales arguyen que esta iniciativa tiene el apoyo de la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Colombiana de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Lo extraño sería que los gremios que agrupan a quienes se benefician con esta iniciativa no la apoyaran. Debe mencionarse que la presidenta de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales es la esposa del líder de la prórroga de los períodos. Los apoyos son, al menos, sesgados.
Los anteriores argumentos no merecen el mayor análisis; el tercero, que afirma que “se mejoraría la coordinación y la articulación en la planeación económica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional si se unifican los períodos”, es poderoso pero discutible. En un país con un Ejecutivo fuerte, la separación de elecciones atenúa la concentración del poder, además es un factor de estabilidad en caso de una profunda crisis en el Ejecutivo central, como la vivida durante la administración de Ernesto Samper, cuando la menor interdependencia de las autoridades territoriales con la autoridad nacional sirvió de amortiguador a los coletazos recibidos por el Ejecutivo central. Si se acepta la conveniencia de unificar los períodos, se puede, sin violentar la voluntad popular, definir que en las próximas elecciones territoriales del 2019 los períodos se extiendan hasta el 2022 y hacer coincidir la fecha de los agentes territoriales y el presidente.
El alcalde más entusiasta con la ampliación de su mandato ha sido E. Peñalosa, del mismo partido del líder de la prórroga. Afirma que ese período adicional le permitiría adjudicar, contratar y vigilar en su inicio los proyectos como el metro de Bogotá. Así no quedan dudas de quién toma la decisión. Sus críticos añadirían que le permitiría además acabar con la Reserva Van der Hammen y urbanizarla parcialmente.