Consultas

De la lectura de los medios de comunicación parece desprenderse que la principal causa de los interminables retrasos en la construcción de las obras públicas es la consulta previa a las comunidades afectadas por la obra.

Aunque no se menciona explícitamente, parecería que la corrupción ocupa un lugar secundario en los atrasos. Tal vez porque las empresas que manejan la corrupción como una parte importante dentro de su estructura administrativa con alguna razón piensan que una forma de ocultar el delito es ejecutar a tiempo las obras fruto de una fragante violación a todos los estándares éticos.

En algunos casos, las consultas a las comunidades pueden aplazar temporalmente las obras, pero un rápido paneo a las más significativas y retrasadas obras de infraestructura no avala esta hipótesis. El fracaso del túnel de La Línea se debe más a la improvisación contractual, problemas de ingeniería que las firmas contratistas no quisieron o por falta de competencia no pudieron resolver; a lo anterior deben agregarse dificultades financieras. Ni la falta de experiencia ni la insuficiente capacidad financiera fueron motivo para no contratar con ellas la ejecución de la obra.

No hay evidencia de que de los más de diez años necesarios para construir la doble calzada Bogotá-Girardot alguna consulta con la comunidad explique la demora. Por el contrario, afloraron delitos de corrupción que explican este increíble retraso. ¿El aplazamiento continuo de las obras de adecuación del río Magdalena es producto de la corrupción o de la consulta previa? El deprimido de la calle 94, en Bogotá, demoró más su construcción que la ampliación del Canal de Panamá. ¿Podrán explicarse los sobrecostos y el mayor tiempo de construcción por alguna consulta?

Cuando afloran los sobrecostos y demoras en las obras públicas, hay que buscar primero la corrupción como causa. Corrupción que se puede originar desde el momento de preparación de los pliegos y la adjudicación a empresas que no cuentan con los requisitos para ejecutar la obra. Presentar una propuesta con falsedades y esperar que en el desarrollo de obra con artimañas legales puedan modificar los precios con que ganaron la adjudicación es una forma de corrupción.

El principio fundamental “el bien general prima sobre el particular” no autoriza arrasar con los derechos de las comunidades que se ven perjudicadas por las obras de interés general. Lo que debe hacerse es escucharlas y llegar a acuerdos equitativos que les compensen los costos en que incurrirán.

Es posible ejecutar grandes proyectos respetando las comunidades localizadas en el área de influencia. Un ejemplo fue la ejecución de la hidroeléctrica sobre el río Sogamoso, realizada cuando Isagén era una entidad de mayoría pública. Se buscó que la calidad de vida de los afectados mejorara con la realización de la obra. Al tiempo que se ejecutaba esta obra, en el alto Magdalena se construía la represa del Quimbo, la cual tuvo retrasos por enfrentamientos con los ribereños. No entender que lo que reclamaban era la posibilidad de mantener su forma de vida exacerbó los ánimos y de tiempo en tiempo demoraba la ejecución. Oír y atender las justas peticiones es la forma de realizar eficazmente las obras de infraestructura.

Una buena ingeniería que conduzca a buenos diseños no sólo es una limitante a la corrupción, sino también un acelerante a la ejecución.