La columna de Alberto Donadio llamada “Democracia” no tiene un solo adjetivo, ningún verbo, ausencia de pronombres, artículos y preposiciones. Solo hay nombres, empieza con Alberto Santofimio Botero y termina con Aida Merlano.
Una muestra representativa de la corrupción política de los últimos 30 años. Comienza con la apropiación de la Contraloría por una casta política; se mezcla con los grandes hechos de corrupción en las empresas de servicios públicos, como la Empresa de Energía de Bogotá con Fabio Puyo; no escapan nombres de procuradores que, sin solución de continuidad, eran abogados de narcotraficantes, políticos que ejerciendo desde la Comisión de Acusaciones iban en la misma lista de Pablo Escobar.
La enumeración se va diferenciando. Aparecen los principales actores del Proceso 8.000, se abre paso el carrusel de la contratación en Bogotá con su emblemático alcalde y el contratista de sus preferencias. Los condenados por parapolítica forman legión. Continúa con los funcionarios del gobierno del Centro Democrático, algunos juzgados y vencidos en juicio por haber puesto sus instituciones al servicio de las mafias paramilitares, otros, los más, por violación de los derechos humanos y delitos como cohecho, seguimientos e interceptaciones ilegales realizados con el fin de prolongar el mandato del Presidente Eterno.
Empiezan a aparecer los comprometidos con los sobornos de Odebrecht y termina con una de las pocas personas condenadas por comprar votos.
Por supuesto, como lo mencioné, la lista es incompleta, es solo una muestra. Es posible que el listado exhaustivo se asemeje a los antiguos directorios telefónicos.
Con alta seguridad, Donadio espera los pronunciamientos de los organismos de control para incluir o no a los responsables de los despilfarros de la Refinería de Cartagena, o quienes tomaron a conciencia decisiones que llevaron a la crisis de Hidroituango. O, tal vez, por no ser políticos en ejercicio no debe incluirlos en el listado.
Un hecho esperanzador es que la justicia ha actuado. Terminado el Proceso 8.000, la ciudadanía pensó que esta condena iba a disuadir a la clase política de su accionar criminal. No sucedió así: muy rápidamente migró de las alianzas con los narcotraficantes a las coaliciones con los paramilitares y a las violaciones de los derechos humanos para perpetuar un régimen autoritario.
Es de esperarse que en un futuro la lista pueda actualizarse cuando se conozcan los fallos sobre los responsables políticos de los asesinatos de personas inocentes e indefensas por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de los responsables de la conversión de colectivos desarmados de ciudadanos en los grupos de autodefensas.
Con toda razón se arguye que los políticos corruptos son una minoría. Pero pensemos: un cuerpo colegiado encargado de dictar las normas para el funcionamiento de una sociedad, en el cual la amplia mayoría, digamos el 95 %, es honesta y solo una minoría, el 5 %, es corrupta, ¿es aceptable? O ¿cuál es el límite para que la sociedad tolere la corrupción en sus dirigentes? ¿El 1 %? ¿El 2 %? Si a un paciente canceroso el médico le dice: no se preocupe, el 95 % de su cuerpo está sano, solo el 5 % es un tumor canceroso, ¿el paciente no debe preocuparse?
A pesar de los más de 11 millones de votos en la consulta para controlar la corrupción, el Congreso no ha dictado normas para lograr este objetivo, ni para autorregularse.
La columna de Alberto Donadio llamada “Democracia” no tiene un solo adjetivo, ningún verbo, ausencia de pronombres, artículos y preposiciones. Solo hay nombres, empieza con Alberto Santofimio Botero y termina con Aida Merlano.
Una muestra representativa de la corrupción política de los últimos 30 años. Comienza con la apropiación de la Contraloría por una casta política; se mezcla con los grandes hechos de corrupción en las empresas de servicios públicos, como la Empresa de Energía de Bogotá con Fabio Puyo; no escapan nombres de procuradores que, sin solución de continuidad, eran abogados de narcotraficantes, políticos que ejerciendo desde la Comisión de Acusaciones iban en la misma lista de Pablo Escobar.
La enumeración se va diferenciando. Aparecen los principales actores del Proceso 8.000, se abre paso el carrusel de la contratación en Bogotá con su emblemático alcalde y el contratista de sus preferencias. Los condenados por parapolítica forman legión. Continúa con los funcionarios del gobierno del Centro Democrático, algunos juzgados y vencidos en juicio por haber puesto sus instituciones al servicio de las mafias paramilitares, otros, los más, por violación de los derechos humanos y delitos como cohecho, seguimientos e interceptaciones ilegales realizados con el fin de prolongar el mandato del Presidente Eterno.
Empiezan a aparecer los comprometidos con los sobornos de Odebrecht y termina con una de las pocas personas condenadas por comprar votos.
Por supuesto, como lo mencioné, la lista es incompleta, es solo una muestra. Es posible que el listado exhaustivo se asemeje a los antiguos directorios telefónicos.
Con alta seguridad, Donadio espera los pronunciamientos de los organismos de control para incluir o no a los responsables de los despilfarros de la Refinería de Cartagena, o quienes tomaron a conciencia decisiones que llevaron a la crisis de Hidroituango. O, tal vez, por no ser políticos en ejercicio no debe incluirlos en el listado.
Un hecho esperanzador es que la justicia ha actuado. Terminado el Proceso 8.000, la ciudadanía pensó que esta condena iba a disuadir a la clase política de su accionar criminal. No sucedió así: muy rápidamente migró de las alianzas con los narcotraficantes a las coaliciones con los paramilitares y a las violaciones de los derechos humanos para perpetuar un régimen autoritario.
Es de esperarse que en un futuro la lista pueda actualizarse cuando se conozcan los fallos sobre los responsables políticos de los asesinatos de personas inocentes e indefensas por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de los responsables de la conversión de colectivos desarmados de ciudadanos en los grupos de autodefensas.
Con toda razón se arguye que los políticos corruptos son una minoría. Pero pensemos: un cuerpo colegiado encargado de dictar las normas para el funcionamiento de una sociedad, en el cual la amplia mayoría, digamos el 95 %, es honesta y solo una minoría, el 5 %, es corrupta, ¿es aceptable? O ¿cuál es el límite para que la sociedad tolere la corrupción en sus dirigentes? ¿El 1 %? ¿El 2 %? Si a un paciente canceroso el médico le dice: no se preocupe, el 95 % de su cuerpo está sano, solo el 5 % es un tumor canceroso, ¿el paciente no debe preocuparse?
A pesar de los más de 11 millones de votos en la consulta para controlar la corrupción, el Congreso no ha dictado normas para lograr este objetivo, ni para autorregularse.