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20 Jan 2022 - 5:30 a. m.

Democracia

Se afirma que el sistema democrático en el mundo está en riesgo. Característica fundamental de la democracia es la separación de poderes, pesos y contrapesos. El respeto a la oposición y la no modificación de las leyes electorales por quienes detentan el poder hacen parte integrante de la democracia. Estos pilares se están desmoronando y los gobiernos autoritarios han encontrado esguinces para perpetuarse en el poder: Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela, Putin en Rusia. Colombia no escapó a este “embrujo autoritario”. El plan del uribismo de perpetuarse en el poder lo logró en una primera instancia al modificar en su beneficio la Constitución, luego la presión del gobierno de Obama y el control de la Corte Constitucional frustraron su segunda aspiración.

En Colombia, la real separación de poderes ha sido tenue: en pocos meses el Ejecutivo logra la mayoría a través de contratos, puestos y auxilios parlamentarios. El presidente Duque pasará a la historia por haberle propinado un golpe mortal a la independencia de los organismos de control; duplicar la nómina de la Procuraduría en plena campaña electoral es una vergüenza. La actuación de un fiscal comportándose como defensor de oficio de quien tiene el control del Ejecutivo genera desconfianza. Las acciones de organismos estatales contra los políticos que no se allanen a los dictámenes del partido de gobierno es escandalosa. La independencia del sistema electoral quedó en entredicho con las declaraciones del registrador nacional: “El que no sienta garantías o crea que habrá fraude no se debería presentar”. Luego atenuó la frase, que expresó con precisión y convicción.

La falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones que, teóricamente, deben protegerla, es más que merecida. Ante la corrupción rampante, el Congreso legisló no para controlarla, sino para castigar a quienes se atrevieran a denunciar hechos que atentan contra el erario. Este exabrupto se pudo atajar por la presión ciudadana nacional e internacional. El Ejecutivo acompañó siempre el trámite de esta ley. La feria de contratos realizada por altos funcionarios de la Presidencia, para favorecer a sus esposas o compañeras, no ha producido ninguna renuncia de los jefes inmediatos de estos traficantes de influencias. El mensaje para el ciudadano común, que enfrenta una acelerada pauperización y una inflación del 17,23 % en alimentos, es claro: mientras se sufre hambre y persecución, quienes merodean en la Presidencia usan los recursos públicos para su beneficio.

Modificar, en beneficio del partido de gobierno, las leyes electorales ha desencadenado revueltas en muchas latitudes. En Estados Unidos los cambios electorales en los estados de gobiernos republicanos, para dificultar o impedir el voto de las minorías étnicas, ha llevado a analistas a plantear una crisis institucional y aun la posibilidad de una guerra civil. Las próximas elecciones se desarrollarán con un Ejecutivo que controla las diferentes ramas del poder, con una chequera casi infinita para “convencer” a los votantes, con una Registraduría que no entiende que su función es rodear de garantías a la oposición y no decirles que no voten. Todo este desequilibrio institucional se realizó para anclar en el poder a un partido de gobierno que garantice la inimputabilidad de quien controla al Ejecutivo.

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