Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las características mínima para que un país pueda considerarse democrático son además las fundamentales: separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el respeto al derecho de las minorías y la sujeción del Ejército al poder civil.
Esta última es la consecuencia del derecho a portar y usar las armas que tienen los integrantes de la institución militar.
Esta básica condición parece no cumplirse en Colombia. La ampliación, en buena hora aplazada, del fuero militar va en contravía con la subordinación del Ejército al poder civil. La solidaridad de cuerpo, presente en muchas instituciones, es mucho más acentuada en la militar, con el agravante de que es la solidaridad de una institución armada, que agrupa cerca de medio millón de integrantes.
Las discrepancias en el lenguaje entre el presidente y su ministro de Defensa, en relación con la negociación con las Farc, pasaron en las últimas semanas de castaño oscuro. Con motivo de las interceptaciones, realizadas por el Ejército en un corrientazo, el presidente ordenó tomar medidas inmediatas. En la noche se vio a un ministro desencajado, vociferando que esta vez no se iba a actuar como en el pasado, destituyendo militares. El pasado se refería cuando el actual presidente, actuando como ministro de Defensa, ordenó la separación de oficiales involucrados por acción u omisión en los asesinatos de personas civiles desarmadas y en situación de indefensión. Esta medida redujo significativamente los asesinatos. ¿Será que el presidente no vio la actuación de su ministro, o que hay ministros que pueden actuar como “ruedas sueltas”?
Les asiste razón a quienes consideran que convocar a marchas y ocupación del espacio público no es el mecanismo adecuado para eludir el cumplimiento de decisiones sancionatorias, los cuales tienen recursos legales para controvertirlas. La tesis de que una mayoría de votos, o un alto nivel de aceptación en las encuestas, debe crear inmunidad judicial, es altamente peligrosa y desinstitucionalizante. A muchos de los críticos de Petro, por el uso del balcón para incitar a una revuelta, se les olvida que en su momento fueron tolerantes o áulicos de quien inventó la tesis de que los niveles de aceptación podrían echar por tierra decisiones judiciales. Fue el famoso “Estado de opinión” liderado por el expresidente Uribe. Se recuerda como antes del fallo de la Corte sobre la inconstitucionalidad de una segunda reelección, que aprobada con todo tipo de irregularidades, se decía “Tiene más vicios que la calle del Cartucho o el Bronx”, el entonces presidente daba a entender que si el fallo le era desfavorable recurriría al “Estado de opinión”.
¿Cuáles fueron las razones por las cuales acató el fallo? En los días previos hubo declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. que expresaron opinión desfavorable de su gobierno a otra reelección de Uribe si se saltaba las normas constitucionales.
Un simple test de democracia, durante el régimen presidencial anterior, muestra que no se cumplían las mínimas normas. No había respeto por los derechos de la oposición, la independencia del legislativo estaba limitada por las múltiples prebendas, la justicia fue infiltrada ilegalmente y jueces independientes sufrieron persecución. El Ejército no estuvo sometido al poder civil, como lo prueba la tolerancia por los falsos positivos.
