Durante más de 50 años, la guerrilla luchó por derrotar al Estado y sus instituciones. En muchas ocasiones logró debilitarlo y, como respuesta, el establecimiento redujo las libertades democráticas, legislación bajo estado de sitio, consejos de guerra civiles, restricciones a la movilidad de los ciudadanos, detenciones sin orden judicial, etc. Lo que no logró la guerrilla, resquebrajar las altas cortes, lo consiguió el exfiscal anticorrupción al desvelar, sin querer, los actos de corrupción en las altas cortes.
La podredumbre venía de vieja data. Magistrados usaban sus posiciones para enriquecimiento personal. Se rumoraba de coimas, de extorsiones de miles de millones de pesos que permeaban los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales regionales. Haciendo un símil, puede pensarse que todo este barril de crímenes era una bomba que requería un detonante para que explotara y pusiera en evidencia la pestilencia que ocultaba. El detonante fue un “pequeño soborno” de US$10.000 recibidos por el abogado Moreno, quien mostraba en su hoja de vida una fulgurante carrera ascendente. La cifra recibida no era ni la cuota inicial para arreglar el proceso a un delincuente; podría tratarse de simplemente un monto para pisar el negocio. Lo que sigue es la comprobación de los delitos de expresidentes de la Corte Suprema. Esto, unido a violaciones al Código Penal por un magistrado de la Corte Constitucional, ha, por decirlo así, dinamitado al poder judicial, desde sus más altas cortes hacia abajo. Un golpe demoledor a uno de los pilares del Estado democrático.
La sociedad se había vuelto tolerante con la corrupción de otra rama de la democracia, el Congreso. Aún conociendo la poco presentable hoja de vida de los candidatos, vinculados con el narcotráfico, la parapolítica, el cartel de la contratación, etc., el elector no les negaba su voto y los reelegía casi indefinidamente. Cuando eran sentenciados por algún crimen inocultable, sus cónyuges o hijos los sucedían sin rubor alguno en el “Templo de la Democracia”.
Algunos cínicos afirman que la elección popular de alcaldes y gobernadores, más que fortalecer la democracia, lo que hizo fue descentralizar la corrupción. Ejemplos abundan: el atraco a las regalías en La Guajira, las refinerías inexistentes en el Meta, etc. Sería injusto decir que el despilfarro de los recursos públicos sólo se produce en las regiones. Reficar es un macroejemplo de un gasto incontrolable de una entidad de capital público mayoritario.
¿Qué puede pensar un ciudadano cuando se enfrenta a la cruda realidad, el cáncer de la corrupción y el manejo de los dineros públicos, permeando las instituciones en las cuales se asienta el Estado democrático?
Iniciativas como el referendo contra la corrupción, en especial la que se presenta en el Legislativo, promovida por Claudia López, y reformas radicales al juzgamiento de los altos jerarcas del Estado van en la dirección correcta. Se requieren medidas prontas y eficaces si se quiere evitar que a través de un sistema de elección lleguen al poder quienes no creen en los derechos ciudadanos y destruyan la incipiente democracia. Una mirada al vecino puede ser oportuna.
Los teóricos de la “teoría de catástrofes” dirían que los US$10.000 que son una ínfima fracción de los montos que transaban movió el sistema de “corrupto oculto” al estado de “corrupto visible”.
Durante más de 50 años, la guerrilla luchó por derrotar al Estado y sus instituciones. En muchas ocasiones logró debilitarlo y, como respuesta, el establecimiento redujo las libertades democráticas, legislación bajo estado de sitio, consejos de guerra civiles, restricciones a la movilidad de los ciudadanos, detenciones sin orden judicial, etc. Lo que no logró la guerrilla, resquebrajar las altas cortes, lo consiguió el exfiscal anticorrupción al desvelar, sin querer, los actos de corrupción en las altas cortes.
La podredumbre venía de vieja data. Magistrados usaban sus posiciones para enriquecimiento personal. Se rumoraba de coimas, de extorsiones de miles de millones de pesos que permeaban los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales regionales. Haciendo un símil, puede pensarse que todo este barril de crímenes era una bomba que requería un detonante para que explotara y pusiera en evidencia la pestilencia que ocultaba. El detonante fue un “pequeño soborno” de US$10.000 recibidos por el abogado Moreno, quien mostraba en su hoja de vida una fulgurante carrera ascendente. La cifra recibida no era ni la cuota inicial para arreglar el proceso a un delincuente; podría tratarse de simplemente un monto para pisar el negocio. Lo que sigue es la comprobación de los delitos de expresidentes de la Corte Suprema. Esto, unido a violaciones al Código Penal por un magistrado de la Corte Constitucional, ha, por decirlo así, dinamitado al poder judicial, desde sus más altas cortes hacia abajo. Un golpe demoledor a uno de los pilares del Estado democrático.
La sociedad se había vuelto tolerante con la corrupción de otra rama de la democracia, el Congreso. Aún conociendo la poco presentable hoja de vida de los candidatos, vinculados con el narcotráfico, la parapolítica, el cartel de la contratación, etc., el elector no les negaba su voto y los reelegía casi indefinidamente. Cuando eran sentenciados por algún crimen inocultable, sus cónyuges o hijos los sucedían sin rubor alguno en el “Templo de la Democracia”.
Algunos cínicos afirman que la elección popular de alcaldes y gobernadores, más que fortalecer la democracia, lo que hizo fue descentralizar la corrupción. Ejemplos abundan: el atraco a las regalías en La Guajira, las refinerías inexistentes en el Meta, etc. Sería injusto decir que el despilfarro de los recursos públicos sólo se produce en las regiones. Reficar es un macroejemplo de un gasto incontrolable de una entidad de capital público mayoritario.
¿Qué puede pensar un ciudadano cuando se enfrenta a la cruda realidad, el cáncer de la corrupción y el manejo de los dineros públicos, permeando las instituciones en las cuales se asienta el Estado democrático?
Iniciativas como el referendo contra la corrupción, en especial la que se presenta en el Legislativo, promovida por Claudia López, y reformas radicales al juzgamiento de los altos jerarcas del Estado van en la dirección correcta. Se requieren medidas prontas y eficaces si se quiere evitar que a través de un sistema de elección lleguen al poder quienes no creen en los derechos ciudadanos y destruyan la incipiente democracia. Una mirada al vecino puede ser oportuna.
Los teóricos de la “teoría de catástrofes” dirían que los US$10.000 que son una ínfima fracción de los montos que transaban movió el sistema de “corrupto oculto” al estado de “corrupto visible”.