Del llamado a indagatoria al “presidente eterno” por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de su renuncia al Senado y del retiro de ésta, algunos hechos son claros:
Como lo afirmó uno de los paramilitares involucrados en el proceso, nada le pasará al hombre más poderoso de Colombia. La carta de renuncia la envía por sentirse “moralmente impedido” para ejercer sus funciones de senador y ocuparse de su defensa. La retira por “razones de honor”. Subordina así la moral al honor, es decir, el orgullo —honor— a lo que se considera benéfico para la comunidad —moral—. Opacó las acciones y decisiones que tomó Duque antes de su posesión como presidente; la opinión y los medios le dieron mayor importancia a la renuncia que a las designaciones del equipo de gobierno del presidente electo, reforzando así el principio “Duque es el presidente, pero el jefe es Uribe”, como lo reafirma la designada ministra de Trabajo.
Otros aspectos no son totalmente claros. Si el “presidente eterno” consideró que la CSJ era la institución confiable para juzgar allí al senador Iván Cepeda, demandado por Uribe, ¿por qué cuando la CSJ decide absolver a Cepeda e iniciar un proceso contra Uribe e imputarle cargos, ya esta institución no tiene la independencia ni la majestad para juzgarlo?
Uribe consideraba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una agrupación de abogados de izquierda con el objetivo de defender terroristas. Hoy, el “eterno” anuncia que va a recurrir a ella. Surge la natural pregunta: ¿cambió la institución o va a recurrir a su amparo porque hoy sí se considera objetivo de su protección?
El principio “nadie está por encima de la ley” le incomoda a Uribe; a toda costa busca escoger a quienes pueden juzgarlo. La renuncia como senador buscaba que el juicio pasara a la Fiscalía; sin embargo, como no es totalmente claro el cambio de jurisdicción, retira la renuncia, pero recusa a los tres magistrados ponentes y, de no lograr que la recusación sea aceptada, se anuncia que se pedirá la nulidad de lo actuado, pues en su opinión el juicio debe seguirse de acuerdo a los nuevos procedimientos, de dos salas. Esto a pesar de que no está implementada la doble instancia para los aforados y tampoco se ha integrado dicho tribunal.
Busca dilatar el proceso con dos objetivos: lograr la prescripción de los supuestos delitos o algo mucho más interesante.
El proceso puede dilatarse por más de un año, lo cual es facilísimo de lograr. El año entrante se produce la elección del nuevo fiscal.
El fiscal será escogido por Uribe, pues la terna la envía el presidente Duque. Aun si no es totalmente clara la jurisprudencia de quién juzgaría al senador Uribe, es posible que su estrategia tenga éxito. Lo juzgaría quien él mismo haya elegido, por intermedio del presidente. Es difícil que en tan delicada decisión el presidente Duque no acate las indicaciones del jefe.
Adenda. El gobierno de Santos fue superior a la baja popularidad de la que disfrutó. Fue una administración liberal en lo político, no persiguió a la oposición, ni mucho menos la declaró objetivo militar o paramilitar, no hubo frases del tenor de “la izquierda es la cabeza de la culebra de la guerrilla”. Sus seguidores no intimidaron a sus contradictores con amenazas como “el proyecto político de… es de vieja data y arrasaremos a quienes se opongan”.
Deseo que durante el gobierno de Duque le vaya bien al país.
