La guerra contra las drogas declarada en 1971 por el presidente Nixon muestra cada vez menos resultados. Hoy no es tabú decir que es una guerra perdida, con grandes costos humanos y económicos. Uno de los fines que buscó Nixon con su guerra fue encarcelar a las comunidades afrodescendientes y a sus dirigentes utilizando en los allanamientos policías que llevaban drogas para acusar de tráfico y consumo a quienes se oponían a la guerra de Vietnam. El debate sobre el cambio de una política represiva que criminaliza el consumo por una que lo aboque como un problema de salud pública, día a día, gana adeptos incluyendo jefes de Estado. El presidente Petro así lo ha enfocado. En la reunión de Blinken, secretario de Estado de EE. UU., con el canciller Álvaro Leyva el 27 de marzo de 2023, aquel expresa la política para reducir el consumo de drogas en EE. UU. “Estamos trabajando en políticas para reducir la demanda, invirtiendo en la prevención del consumo y en tratamientos para recuperar a los adictos en nuestro país, porque fundamentalmente es un problema de salud pública (...) Se deberán discutir políticas para reducir la oferta, reforzando la interdicción por mar y tierra, y apoyando a las comunidades vulnerables con métodos alternativos de subsistencia”. Reconoce que el problema no es solo de oferta sino también de demanda, que es un problema de salud pública, señala que se deben dar alternativas de ingreso a los pequeños cultivadores de hoja de coca, y no menciona la fumigación como instrumento para reducir la oferta.
El problema de salud se pone de relieve con cifras que muestran que en el año 2021 hubo más de 100.000 muertos por sobredosis en EE. UU.; de estos 75.600 fueron por opiáceos, en particular el fentanilo, mientras que la cocaína causó 25.000 decesos. Los opiáceos son producidos también en laboratorios farmacéuticos reconocidos, legalizados y recetados por médicos acreditados, pero no se ha planteado bombardear los laboratorios.
Los narcotraficantes de cocaína muestran que conocen mejor las leyes del mercado que las autoridades que las combaten. Como la demanda no crece a la misma tasa que la oferta, para evitar un derrumbe en los precios, generan mecanismos que aumentan las incautaciones; de esta forma, las autoridades se muestran orgullosas de su éxito y las bandas rivales se castigan entre sí. Las hectáreas sembradas están generando una sobreproducción, por lo cual las incautaciones en 2020 fueron de 1.300 toneladas y en el 2021 casi llegan a las 2.000 toneladas, cifra similar al consumo. Entre los años 2000 a 2010, debido a que hubo menos área sembrada, se evitó el derrumbe de los precios, pues las incautaciones en esos años fueron en el orden de 600 a 800 toneladas.
En el período de 2002 a 2010 —años de mayor fumigación—, el área sembrada se redujo de 150.000 a 110.000 hectáreas, para lograr esto se fumigaron 1’200.000 hectáreas, lo cual muestra que para erradicar una hectárea se fumigaron 30, método que además de costoso es ineficiente, peligroso para la salud y contaminante de las fuentes de agua.
A pesar de los “éxitos” de la incautación, parece que la sobreoferta puede afectar el precio, disminuyendo así la rentabilidad del negocio. Hoy se están dejando de comprar las cosechas de hoja de coca, lo que afecta a los pequeños cultivadores. Situación ideal para que el Gobierno acelere la sustitución de cultivos ilícitos, que dejan de ser tan atractivos.
