En Colombia el manejo de las relaciones internacionales se asemeja a un sainete. La declaración de la canciller pidiendo respeto a los movimientos sociales en Cuba y exigiendo que se cumplan los derechos humanos de los manifestantes produce pena ajena. Debe condenarse el asesinar a quienes participan en las movilizaciones, pues estas buscan mejores condiciones de vida, una alternativa de futuro y libertad. Pero solicitar al gobierno cubano respeto a la movilización popular por parte de la representante de un país que despliega la más atroz represión, asesinatos, desapariciones y detenciones causa vergüenza. Los detonantes en Colombia fueron la malhadada reforma tributaria y el abandono del Estado a las justas aspiraciones de una juventud desempleada y marginada. Uno de los artículos ponía impuestos a las exequias en momentos en que la pandemia cobraba más de 500 víctimas diarias, podía llamarse “el impuesto de Drácula”: a más muertos más recursos fiscales. Violando la Constitución, gravaba las pensiones.
El comunicado de la Cancillería sobre las manifestaciones en Cuba evoca a Herodes pidiendo que se proteja a los niños. El discurso de la canciller ante la ONU diciendo que la mayoría de muertes en las protestas colombianas las causaron los mismos manifestantes es llevar la mentira al ámbito planetario.
El manejo oficial del magnicidio en Haití es patético. Es apropiado que el Gobierno preste apoyo consular y jurídico a los connacionales acusados de algún delito y capturados en otro país, pero no se había visto tanto despliegue de colaboración con detenidos en otras latitudes. ¿Será para evitar confesiones incómodas? Desconociendo la separación de poderes y la presunción de inocencia, el presidente afirmó que los colombianos apresados sí habían participado en el asesinato. La canciller los exculpó, tal vez fueron engañados, y agregó: “Un militar colombiano jamás participaría en un magnicidio”. Los presuntos implicados no son militares en servicio activo, sí son militares retirados y parte de la reserva. Las Fuerzas Militares no tienen responsabilidad penal en este suceso, pero sí política. Cuando el paramilitarismo estaba en su apogeo se nutría en parte de quienes se retiraban del Ejército. Se requiere un análisis del tipo de formación que se imparte. Las Fuerzas Militares no pueden ser una entidad de capacitación para mercenarios, así esta actividad no sea ilegal.
El rechazo oficial a la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violencia en las movilizaciones en Colombia es similar a la respuesta de tiranos como Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela. Deja la impresión de que no leyeron completo. Callaron mencionar la censura de la CIDH a la violencia de los vándalos y a los bloqueos que causaron muertes y graves daños.
Si el Gobierno rechaza la injerencia en asuntos internos de entidades multilaterales, ¿por qué interviene en la política interna de Venezuela? La justificación, cierta, de que Maduro es un dictador (elegido) que anuló la separación de poderes no autoriza la intervención unilateral. El incumplimiento de los protocolos acordados con Noruega y Cuba para la repatriación de los miembros del Eln, que no estaban presos cuando se iniciaron las negociaciones de paz, no contribuye a la confianza en el país. Estados Unidos durante el gobierno de Trump, al romper negociaciones con los talibanes en Yemen, no pidió su extradición, volvieron a Afganistán.
En Colombia el manejo de las relaciones internacionales se asemeja a un sainete. La declaración de la canciller pidiendo respeto a los movimientos sociales en Cuba y exigiendo que se cumplan los derechos humanos de los manifestantes produce pena ajena. Debe condenarse el asesinar a quienes participan en las movilizaciones, pues estas buscan mejores condiciones de vida, una alternativa de futuro y libertad. Pero solicitar al gobierno cubano respeto a la movilización popular por parte de la representante de un país que despliega la más atroz represión, asesinatos, desapariciones y detenciones causa vergüenza. Los detonantes en Colombia fueron la malhadada reforma tributaria y el abandono del Estado a las justas aspiraciones de una juventud desempleada y marginada. Uno de los artículos ponía impuestos a las exequias en momentos en que la pandemia cobraba más de 500 víctimas diarias, podía llamarse “el impuesto de Drácula”: a más muertos más recursos fiscales. Violando la Constitución, gravaba las pensiones.
El comunicado de la Cancillería sobre las manifestaciones en Cuba evoca a Herodes pidiendo que se proteja a los niños. El discurso de la canciller ante la ONU diciendo que la mayoría de muertes en las protestas colombianas las causaron los mismos manifestantes es llevar la mentira al ámbito planetario.
El manejo oficial del magnicidio en Haití es patético. Es apropiado que el Gobierno preste apoyo consular y jurídico a los connacionales acusados de algún delito y capturados en otro país, pero no se había visto tanto despliegue de colaboración con detenidos en otras latitudes. ¿Será para evitar confesiones incómodas? Desconociendo la separación de poderes y la presunción de inocencia, el presidente afirmó que los colombianos apresados sí habían participado en el asesinato. La canciller los exculpó, tal vez fueron engañados, y agregó: “Un militar colombiano jamás participaría en un magnicidio”. Los presuntos implicados no son militares en servicio activo, sí son militares retirados y parte de la reserva. Las Fuerzas Militares no tienen responsabilidad penal en este suceso, pero sí política. Cuando el paramilitarismo estaba en su apogeo se nutría en parte de quienes se retiraban del Ejército. Se requiere un análisis del tipo de formación que se imparte. Las Fuerzas Militares no pueden ser una entidad de capacitación para mercenarios, así esta actividad no sea ilegal.
El rechazo oficial a la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violencia en las movilizaciones en Colombia es similar a la respuesta de tiranos como Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela. Deja la impresión de que no leyeron completo. Callaron mencionar la censura de la CIDH a la violencia de los vándalos y a los bloqueos que causaron muertes y graves daños.
Si el Gobierno rechaza la injerencia en asuntos internos de entidades multilaterales, ¿por qué interviene en la política interna de Venezuela? La justificación, cierta, de que Maduro es un dictador (elegido) que anuló la separación de poderes no autoriza la intervención unilateral. El incumplimiento de los protocolos acordados con Noruega y Cuba para la repatriación de los miembros del Eln, que no estaban presos cuando se iniciaron las negociaciones de paz, no contribuye a la confianza en el país. Estados Unidos durante el gobierno de Trump, al romper negociaciones con los talibanes en Yemen, no pidió su extradición, volvieron a Afganistán.