Informalidad y parafiscales

EN LA PASADA CAMPAÑA PRESIDENcial se mencionaron los temas del alarmante nivel de desempleo, del 12%, y la creciente participación del empleo informal, que supera el 50%.

La campaña terminó pero no el problema social. En un gobierno de “Unidad Nacional” los analistas, sean del gobierno o de la oposición, están en el deber aportar críticas e ideas que contribuyan a la solución de esta problemática, que afecta a los más desprotegidos.

Hay muchos prejuicios que impiden acercarse al análisis objetivo del problema. Uno de los más arraigados expresa que las prestaciones y los parafiscales impiden la creación de empleo formal. Las prestaciones son las cesantías, las primas, el subsidio de transporte; su reducción afectaría a quienes tienen menores ingresos, los empleados de mayor nivel salarial generalmente tienen salario integral.

En un país en el cual el índice Gini de concentración del ingreso aumentó en los años de bonanza económica hasta llegar al 0,58, y en el que, en el período 2003-2008, la participación de la remuneración de los asalariados se redujo del 34,6% del PIB al 31,1%, otra reforma laboral que reduzca el ingreso de los asalariados sería aumentar la inequidad. Los otros costos a la nómina son los aportes a pensión y salud, que representan para el empleador aproximadamente un 20% del salario básico. A veces se oyen propuestas para que los aportes de parafiscales los asuma el fisco. Es ampliamente conocido el déficit del sector salud y el costo fiscal que implica la desfinanciación de los fondos pensionales del ISS. No es fácil entender cómo se pueden conciliar la reducción de estos costos salariales, con el déficit del presupuesto nacional, que supera el 4% del PIB. Como está escrito en piedra que no se aumentarán los impuestos no se ve un camino viable para el ajuste.

Los otros “impuestos a la nómina” son los pagos al Instituto de Bienestar Familiar, al Sena y a las Cajas de Compensación, que representan el 9% del salario básico. En general la percepción de los servicios que prestan estas entidades es favorable. Si bien desde el punto de vista teórico, pueden financiarse con fondos presupuestales y dirigir su gasto hacia los sectores de menores ingresos, esta iniciativa tiene objeciones, por ejemplo el ICBF tendría que competir con el presupuesto de guerra y como hay un déficit, cómo financiar el nuevo gasto a cargo del Gobierno Central, ¿aumentándoles los impuestos a las empresas que compensen la reducción de estos costos? Difícil por la inscripción pétrea. Otra objeción puede expresarse así: ¿qué mecanismo garantiza que las entidades del sector central manejen con mayor eficiencia y transparencia los recursos, por ejemplo de las Cajas de Compensación que se administran con régimen del sector privado?

Alguna experiencia directa en la dirección de grandes empresas, y alguna participación en pequeñas, me permiten reforzar la hipótesis: es la demanda el factor determinante en la creación de empleo y no los bajos niveles salariales. Por otra parte, las dos reformas laborales que han bajado los costos a la nómina y han flexibilizado la contratación —o en términos más precisos, flexibilizado los despidos—, lejos de disminuir el desempleo y la informalidad, lo que las estadísticas muestran es un aumento de ésta y de aquél.

Fueron múltiples las negociaciones laborales en que participé, en todas se lograron acuerdos que consultaban la realidad económica de la empresa. Se aceptaron ajustes dolorosos cuando la demanda caía y gozosos en el caso contrario. El hoy vicepresidente electo, actuó como testigo de los acuerdos y siempre consideramos que los salarios de hambre no son una condición suficiente para el desarrollo económico, ni tampoco necesaria.