EN DÍAS PASADOS, COINCIDENcialmente luego de la detención del compañero
y familiar y estrecho colaborador en la historia política del
Presidente, el Ministro de Gobierno y Justicia, y el mismo Presidente,
por todos los medios escritos, radiales y audiovisuales desautorizaban
a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía por la “ligereza” en
dictar autos de detención para investigar, en lugar de investigar para
producir las capturas.
Aún resuenan sus palabras, esas sí sensatas, en el sentido de reiterar que la libertad es un bien fundamental y el mayor derecho del ciudadano, después de la vida. Lástima que esta defensa de la libertad sólo se hace cuando la justicia actúa sobre los electores del actual gobierno.
Cómo olvidar que al iniciarse la administración Uribe el Congreso, por iniciativa del Ejecutivo, con rapidez digna de mejor causa, promulgó las leyes que permitían detenciones masivas y preventivas, violación de correspondencia y allanamientos sin orden judicial. En buena hora la Corte Constitucional declaró inexequibles esas leyes.
Las cifras de violación al derecho a la libertad de los no electores del gobierno son impresionantes: en el período agosto 2002-diciembre 2004 hubo 128.099 detenciones, según datos de Mindefensa. Es claro que no hay ni tantos guerrilleros, ni auxiliares de los grupos ilegales. En el período 7 de agosto de 2002-6 agosto de 2004 hubo 77 capturas masivas y se encarceló como efecto de éstas a 5.535 personas.
Un estudio realizado por el profesor Jesús Ángel Bobadilla, titulado “Capturas masivas, estrategia ineficaz”, muestra que, por ejemplo, en el departamento del Huila sólo el 2% de los capturados en redadas masivas tuvieron sentencia condenatoria.
Otro ejemplo aberrante es el de los 117 capturados en Quinchía. Casi toda familia de ese pequeño pueblo tuvo un detenido. 22 meses después se encontró que la totalidad eran inocentes. El daño a la estructura social y familiar es de difícil reparación.
Los ejemplos pueden continuar. Cómo olvidar que en Cartagena del Chairá se detuvo —preventivamente— a un porcentaje significativo de la población, pero esos hechos no conmovieron ni al Presidente ni a su Ministro, pues se trataba de ciudadanos anónimos, no de los electores comprometidos en “refundar la patria”.
P.D.: Es bueno recordar que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero no sin el profundo respeto de los derechos de las minorías. El hecho de no respaldar al gobierno no otorga patente de corso para vulnerar los derechos ni atizar las amenazas que reciben.
La justicia por encuestas o en manifestaciones comunales nos recuerda los peores momentos de los juicios populares de la revolución cultural china.
