Los gobernantes quieren saber cómo serán recordados cuando el tiempo decante su gestión. Las minorías étnicas, los afrodescendientes, los indígenas, los defensores de derechos humanos, los ambientalistas, los demócratas, los desprotegidos de la fortuna y las lideresas femeninas no tendrán una opinión favorable de la gestión de Duque. Algún espíritu siniestro y burlón puede hacerle pensar al presidente que este sentir negativo no es motivo de gran preocupación; a algunos de estos grupos los están asesinando en forma tal que se están convirtiendo en especies en vías de extinción, por lo que su opinión no podrá ser escuchada en el tribunal de la historia. ¡Craso error!
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Uno de los peores legados que dejará Duque es la destrucción de la confianza entre la ciudadanía y la Policía Nacional. Ante la tortura y el posterior asesinato del ciudadano Javier Ordóñez por miembros de la institución, la reacción del presidente, comandante constitucional de la Policía, fue elogiarla por la actitud gallarda con que se estaba enfrentando el “hecho”, término que le dio al asesinato. En los sucesos de las noches del 9 y 10 de septiembre, en los cuales murieron por balas oficiales 13 civiles, muchos de ellos ni siquiera eran participantes en las movilizaciones de repudio al vil asesinato. El accionar de las armas por parte de la policía tal vez fue estimulado por el elogioso calificativo con el cual Duque se refirió al actuar de la Fuerza Pública. Ante el exceso de violencia, su jefe no se pronunció sobre las necesarias investigaciones; por el contrario, decidió una madrugada vestirse con una chaqueta que usa la policía cuando está en servicio activo, ofreciendo respaldo no a las víctimas, sino a los victimarios.
Años antes el jefe del partido de gobierno no solo no condenó sino que estimuló los asesinatos de personas indefensas por parte de miembros del Ejército. Todavía se recuerdan sus palabras: “No estaban recogiendo café”, “más que falsos positivos son falsas denuncias”. Se agrega a lo anterior que los asesinatos de civiles para obtener mejores estadísticas en la lucha contra la guerrilla —y a la vez beneficios económicos y permisos para quienes los cometieran— se dispararon sin ningún control después de expedida la Directiva No. 29 de 2005, del Ministerio de Defensa. Esta norma dio incentivos a las bajas de personas innominadas.
Con la indiferencia o complacencia presidencial se siguen presentando hechos confusos que conllevan la muerte de ciudadanos, algunos de ellos menores de edad. El más reciente, el enfrentamiento entre la policía y los transportadores no autorizados en la localidad de Usaquén. Algunos vecinos denuncian que policías cobraban vacunas a estos transportadores. ¿Hay alguna investigación sobre esas denuncias? ¿O se castigará a los denunciantes, como parece ser la política actual? Debe agregarse el calificativo de “operación impecable” al bombardeo de un campamento ocupado en su mayoría por menores de edad.
El presidente es responsable políticamente por la violación de los derechos humanos de sus subordinados. La jefatura constitucional no es solo para recibir honores militares y condecoraciones o para tener la autorización de llevar su uniforme sin que este acto sea calificado como porte ilegal de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Hubiera sido más oportuno que Duque se hubiera declarado de extremo centro el 28 de diciembre.
