Ludistas

Así se llamó a quienes destruían las recién inventadas máquinas tejedoras de lanzadera. No fue ni el primer ni el último intento para detener los avances tecnológicos, que si bien pueden afectar a sectores de la población, es casi imposible evitar que se implanten en la sociedad.

La reducción de costos de transporte de petróleo, utilizando los oleoductos en lugar del ferrocarril, a principios del siglo XX, se enfrentó a la oposición de los monopolios de las vías férreas en EE.UU. Los concesionarios eran dueños del subsuelo y podían impedir el paso subterráneo de las tuberías y, por supuesto, el cruce aéreo.

Algo similar ocurrió en Colombia en los 80: los transportadores del crudo del Huila por tractomula se opusieron al proyecto del oleoducto; al final éste se construyó y las tractomulas se emplearon en otros campos; muchas cambiaron el remolque para atender la creciente demanda de carga seca.

En los años 70 del siglo pasado, era casi un delito la importación de computadores; se requería autorización del DANE, luego que el interesado demostrara que quienes hacían las operaciones aritméticas con las inmensas calculadoras podrían continuar haciéndolas y las nuevas herramientas tecnológicas no pusieran en peligro nuestro bien ganado título de ser el “Tíbet de Suramérica”. El abuelo de uno los actuales ministros tuvo líos penales por haber cometido el “delito” de importar un computador que sería usado en una alianza universidad–empresa.

La telefonía celular entró al país luego de una huelga de Telecom, que aisló completamente del mundo exterior a Colombia. El sindicato se aferraba al monopolio de la costosísima telecomunicación telefónica de larga distancia.

Algo similar ocurre hoy con las decisiones del Ministerio de Transporte sobre el uso de la plataforma Uber. Parece que se olvida que la función de los “servidores públicos” es buscar el bienestar de los ciudadanos y no activar las oficinas de mortificación a éstos. El sistema Uber funciona; no es obligatorio usarlo; con alta probabilidad es más seguro que someterse a un posible “paseo millonario”.

Un argumento de los opositores a la plataforma es la competencia desleal. De acuerdo con los taxistas de carros amarillos, deben pagarse $100 millones por el cupo. La pregunta es: ¿a quién? Ni el Estado ni la sociedad reciben un peso de este peaje, contrario a los recursos municipales que se obtienen por ejemplo en Nueva York por el derecho de usar el medallón de taxi. ¿No será que quienes presionan, recurriendo a las vías de hecho, contra las nuevas tecnologías son los beneficiarios de este sobreprecio que pagan los usuarios?

La caricatura de Matador aclara y explica el punto. Bajo el título “Radicales extremistas”, se ve a un degollador, con la vestimenta típica de los asesinos del Estado Islámico, con un rótulo de TAXI, gritando: “Uldarico es grande” mientras degolla a un civil, Uber, ante la presencia vendada de la ministra de Transporte.

Es a toda luces entendible que ante la pérdida de protagonismo de la titular del Ministerio de Transporte, ante el liderazgo del vicepresidente, quiera buscar otras áreas de acción. Para los usuarios es mejor que emplee su autoridad y experiencia en promover la competencia para mejorar el servicio de taxis que impedir los avances tecnológicos.

Me ha ido muy bien con el uso de Tappsi, y no soy usuario regular de Uber.