Mensaje

Principio fundamental es la defensa de la vida; el mensaje dado a la sociedad y en especial a las Fuerzas Militares y de Policía por el presidente Petro está en línea con ese postulado. Otorga prioridad a la defensa de la vida, del ciudadano y no al conteo de cuerpos. Se prohíben las fumigaciones con glifosato para evitar afectar a los campesinos, las tierras y las aguas, un cambio en la fracasada guerra de 50 años contra la producción y venta de narcóticos. La reconciliación requiere que se abandone el concepto de enemigo interno para quien se aparte de las políticas oficiales y se fortalezcan los mecanismos de solución de conflictos recurriendo a la justicia y no a la violencia.

Principio fundamental es la defensa de la vida; el mensaje dado a la sociedad y en especial a las Fuerzas Militares y de Policía por el presidente Petro está en línea con ese postulado. Otorga prioridad a la defensa de la vida, del ciudadano y no al conteo de cuerpos. Se prohíben las fumigaciones con glifosato para evitar afectar a los campesinos, las tierras y las aguas, un cambio en la fracasada guerra de 50 años contra la producción y venta de narcóticos. La reconciliación requiere que se abandone el concepto de enemigo interno para quien se aparte de las políticas oficiales y se fortalezcan los mecanismos de solución de conflictos recurriendo a la justicia y no a la violencia.

El anterior gobierno, caracterizado por un irrespeto a los derechos humanos, no vaciló en bombardear campamentos de grupos armados ilegales, así se tuviera información de que en ellos había menores de edad. Se justificó con frases como: “Los niños en campamentos de delincuentes son máquinas de guerra”, “si estaban con delincuentes también pueden ser delincuentes”. Olvidaban que los menores aun si son reclutados “voluntariamente” son víctimas y no victimarios, además es discutible la aceptación voluntaria de un niño a ser reclutado cuando existen amenazas de los grupos delincuenciales contra su familia si no acepta. No puede el Estado justificar la violación de las leyes de la guerra para combatir la delincuencia organizada, alegando que esta viola los derechos humanos. En los países civilizados hay una clara delimitación de lo que pueden hacer quienes portan con autorización del Estado las armas proveídas por este.

Si hay una toma de rehenes, no puede la fuerza pública, con el argumento de combatir a los ilegales, poner en riesgo la vida de los rehenes. Siguiendo la argumentación del anterior ministro de Defensa, como están con delincuentes, pueden ser delincuentes. Lo mismo puede decirse de un secuestro: es una obviedad que el secuestrado está con delincuentes, pero intentar rescates poniendo en riesgo la vida del secuestrado, viola el principio de preservar la vida. Quienes se oponen a la decisión de no bombardear campamentos si allí hay menores argumentan que esto incentiva el reclutamiento forzado para utilizar a los menores como escudos humanos.

La conclusión puede ser cierta, pero no la premisa. Pueden seguir usando a menores como escudos humanos, pero esa conducta delictiva no autoriza al Estado para bombardear campamentos con resultados en que la mayor parte de las víctimas son menores.

Todavía no está cicatrizada la herida de la toma del Palacio de Justicia. Si bien la responsabilidad fue del M-19, la retoma violenta buscó abatir a los agresores sin considerar la vida de los rehenes, murieron más civiles que guerrilleros. Poco a poco van surgiendo más evidencias de que el objetivo de la retoma era liquidar a los atacantes, los sospechosos, los trabajadores, así aniquilaran también a los magistrados de la Corte Suprema.

Se presenta la oportunidad de recuperar la necesaria confianza de la ciudadanía en sus Fuerzas Militares y de Policía, relación debilitada por la política del “todo vale”.

Nota. En mi anterior columna escribí que la película Viaje a la Luna, de 1902, fue la primera en la historia del cine. Recientemente se encontró otra, también de Méliès, La mansión del diablo, de 1896.