Los ciudadanos de algunos municipios están ejerciendo el derecho de opinar y tal vez definir cuál debe ser el modelo de desarrollo de su localidad. En todos los casos, por amplia mayoría, han votado en contra de la explotación minera y petrolera en su área. Los votantes consideran que estas actividades ponen en riesgo los acueductos y la producción agropecuaria que, en su sentir, es más benéfica para ellos.
Las opiniones extremas de quienes defienden con argumentos macroeconómicos la actividad minera y de los ambientalistas a ultranza no son adecuadas para buscar una solución equitativa.
Las consultas, sus resultados, la volatilidad de los precios de los bienes primarios, son hechos que obligan a encontrar una solución para el país y las comunidades.
Es comprensible la oposición local a las explotaciones mineras, en especial las auríferas; el cianuro y mercurio, empleados más por la minería informal que por la formal, están envenenando a la población y los acuíferos. Las concentraciones de mercurio en los pescados de la cuenca baja del Magdalena y el Cauca superan en varios múltiplos los topes recomendados por la OMS. El pretender, a toda costa, alegando derechos no consolidados, explotar oro en los páramos y en las fuentes de abastecimiento de los acueductos y agua para la actividad agrícola ha exacerbado a la población. El argumento aducido, de que no estaban delimitados los páramos, no es convincente para las comunidades cuya subsistencia depende de las fuentes de agua allí localizadas. Los geógrafos definen que los paramos se encuentran a una altura superior a 2.700-3.100 metros sobre el nivel del mar. El pretender, por ejemplo, arrasar una localidad histórica como es Marmato para explotar a cielo abierto los yacimientos tampoco parece ser muy “amigable” para sus habitantes.
Las comunidades que han rechazado la minería de oro consideran que los beneficios económicos, empleos y regalías son inferiores a los costos ambientales.
Se argumenta que sí es posible la explotación minera con mínimo costo ambiental, que así lo han hecho Canadá y Australia; esto es cierto para el oro, pero no para la explotación de los esquistos bituminosos en Canadá. Por otra parte, si van a seguir los ejemplos de otros países, sigamos también las buenas prácticas de ellos. Por ejemplo, durante el ciclo de precios altos estos países modificaron sus leyes tributarias para que el Estado tuviera una mejor participación en esta renta “ocasional”. En Colombia no sucedió así; se alegó que se pondría en riesgo la confianza inversionista.
Las regalías por explotación de oro son inferiores a las de producción de sal: 4 % para el oro de veta y 6 % para el oro de aluvión. Las múltiples exenciones de impuestos a la renta minera hacen que buena parte de la participación del Estado se genere por las regalías. La distribución de estas entre el municipio productor, el departamento y la Nación conlleva a que la localidad que sufre el impacto ambiental se beneficie en menor medida de este ingreso. Por otra parte, el tiempo transcurrido entre la exploración y explotación lleva el mensaje a los pobladores de que durante largo período van a cargar con los costos y que solo al cabo de mucho tiempo verán unos exiguos resultados en las finanzas del municipio.
La actividad minera aurífera puede hacerse benéfica para el municipio, la Nación y las empresas si se buscan acuerdos equitativos y se renuncia a la oposición imperial de desconocer la opinión local.
Los ciudadanos de algunos municipios están ejerciendo el derecho de opinar y tal vez definir cuál debe ser el modelo de desarrollo de su localidad. En todos los casos, por amplia mayoría, han votado en contra de la explotación minera y petrolera en su área. Los votantes consideran que estas actividades ponen en riesgo los acueductos y la producción agropecuaria que, en su sentir, es más benéfica para ellos.
Las opiniones extremas de quienes defienden con argumentos macroeconómicos la actividad minera y de los ambientalistas a ultranza no son adecuadas para buscar una solución equitativa.
Las consultas, sus resultados, la volatilidad de los precios de los bienes primarios, son hechos que obligan a encontrar una solución para el país y las comunidades.
Es comprensible la oposición local a las explotaciones mineras, en especial las auríferas; el cianuro y mercurio, empleados más por la minería informal que por la formal, están envenenando a la población y los acuíferos. Las concentraciones de mercurio en los pescados de la cuenca baja del Magdalena y el Cauca superan en varios múltiplos los topes recomendados por la OMS. El pretender, a toda costa, alegando derechos no consolidados, explotar oro en los páramos y en las fuentes de abastecimiento de los acueductos y agua para la actividad agrícola ha exacerbado a la población. El argumento aducido, de que no estaban delimitados los páramos, no es convincente para las comunidades cuya subsistencia depende de las fuentes de agua allí localizadas. Los geógrafos definen que los paramos se encuentran a una altura superior a 2.700-3.100 metros sobre el nivel del mar. El pretender, por ejemplo, arrasar una localidad histórica como es Marmato para explotar a cielo abierto los yacimientos tampoco parece ser muy “amigable” para sus habitantes.
Las comunidades que han rechazado la minería de oro consideran que los beneficios económicos, empleos y regalías son inferiores a los costos ambientales.
Se argumenta que sí es posible la explotación minera con mínimo costo ambiental, que así lo han hecho Canadá y Australia; esto es cierto para el oro, pero no para la explotación de los esquistos bituminosos en Canadá. Por otra parte, si van a seguir los ejemplos de otros países, sigamos también las buenas prácticas de ellos. Por ejemplo, durante el ciclo de precios altos estos países modificaron sus leyes tributarias para que el Estado tuviera una mejor participación en esta renta “ocasional”. En Colombia no sucedió así; se alegó que se pondría en riesgo la confianza inversionista.
Las regalías por explotación de oro son inferiores a las de producción de sal: 4 % para el oro de veta y 6 % para el oro de aluvión. Las múltiples exenciones de impuestos a la renta minera hacen que buena parte de la participación del Estado se genere por las regalías. La distribución de estas entre el municipio productor, el departamento y la Nación conlleva a que la localidad que sufre el impacto ambiental se beneficie en menor medida de este ingreso. Por otra parte, el tiempo transcurrido entre la exploración y explotación lleva el mensaje a los pobladores de que durante largo período van a cargar con los costos y que solo al cabo de mucho tiempo verán unos exiguos resultados en las finanzas del municipio.
La actividad minera aurífera puede hacerse benéfica para el municipio, la Nación y las empresas si se buscan acuerdos equitativos y se renuncia a la oposición imperial de desconocer la opinión local.