Cuando Fidel Castro lideró su revolución triunfante pudo imponer su visión política sin restricciones legales o constitucionales, su triunfo las anuló. Lo mismo ocurrió con Ben Bella al derrotar el colonialismo francés, Mao, Lenin, Franco, etc. Diferente es cuando se llega al poder con las reglas institucionales, estas no desaparecen instantáneamente por un triunfo electoral. El M-19 y las FARC como guerrilla política tenían un objetivo claro: la toma del poder por la vía armada. Pero la realidad histórica hizo evidente la casi imposibilidad de lograrlo. No eran movimientos armados derrotados cuando pactaron la paz. Los integrantes del M-19 desmovilizado cumplieron lealmente su compromiso de paz, obtuvieron un gran triunfo electoral en la Asamblea Constituyente de 1991, muchas de sus propuestas están reflejadas en esa carta. Antonio Navarro y el hoy presidente, para sentir algunos casos, obtuvieron triunfos electorales en Nariño y Bogotá. La elección presidencial de Petro se realizó bajo las normas institucionales vigentes, no llegó al poder como un general triunfante de una guerra, sino como un presidente electo bajo la Constitución que él ayudó a construir. En esta se aplicó el principio del “velo de la ignorancia” de Rawls; los constituyentes del 91 no podían predecir si iban a estar en la oposición o en el gobierno, por lo cual establecieron mecanismos de pesos y balances y garantías a la oposición. En ningún aparte de la carta se establece que las promesas de campaña se incorporan, automáticamente sin pasar por el Legislativo y la revisión de constitucionalidad, a la normatividad jurídica.
La victoria del presidente no fue apabullante: le ganó a un candidato vergonzoso. Obtuvo las mayorías parlamentarias como se logran en Colombia y las desbarató cuando no siguieron sus órdenes sin discutirlas.
Los continuos ataques presidenciales al Congreso por no aprobar ágilmente y sin discusión sus reformas generan inquietudes y alarmas sobre su talante autocrático. No por el hecho de haberlas presentado son necesariamente correctas. En el caso de la reforma de la salud, la más controversial, una lectura del proyecto permite vislumbrar la posibilidad de usar el derecho de la salud como un instrumento de control político. Así lo ha hecho Maduro: con la salud y el acceso a los alimentos subsidiados controla a la oposición.
No se discute al derecho de invitar a la movilización ciudadana para que exprese su apoyo o rechazo a iniciativas gubernamentales o a las de la oposición. Hay que reconocer que el presidente ha respetado las marchas opositoras; a diferencia de su antecesor, que estimulaba la represión armada con dolorosos saldos de muertos y heridos. El argumento de recurrir a la movilización como medio de presión o de atajo institucional recuerda al expresidente Uribe cuando proclamaba que el estado de opinión es una fase superior a la Constitución como argumento para perpetuarse en el poder.
La política de priorizar el poder de “la calle” sobre los otros balances constitucionales genera el siguiente problema: “la calle” no es exclusiva para los defensores del gobierno, la oposición también la puede y debe emplear. ¿Quién define cuando es lo suficiente masiva una movilización para que se convierta en política su demanda o rechazo? Una de las más importantes iniciativas gubernamentales es la búsqueda de la paz, un sector que se opone a la forma como está prevista movilizó a una multitud que casi llena la Plaza de Bolívar, ¿debería, por lo tanto, el Gobierno renunciar a esa política que busca desarmar grupos ilegales, reducir las muertes y los sufrimientos? Si se compara el número de manifestantes que acudieron a la Plaza de Armas para respaldar los proyectos de ley del Ejecutivo, con los opositores a la política de la paz total, entonces ¿se debería renunciar al trámite de la reforma de la salud?
Cuando Fidel Castro lideró su revolución triunfante pudo imponer su visión política sin restricciones legales o constitucionales, su triunfo las anuló. Lo mismo ocurrió con Ben Bella al derrotar el colonialismo francés, Mao, Lenin, Franco, etc. Diferente es cuando se llega al poder con las reglas institucionales, estas no desaparecen instantáneamente por un triunfo electoral. El M-19 y las FARC como guerrilla política tenían un objetivo claro: la toma del poder por la vía armada. Pero la realidad histórica hizo evidente la casi imposibilidad de lograrlo. No eran movimientos armados derrotados cuando pactaron la paz. Los integrantes del M-19 desmovilizado cumplieron lealmente su compromiso de paz, obtuvieron un gran triunfo electoral en la Asamblea Constituyente de 1991, muchas de sus propuestas están reflejadas en esa carta. Antonio Navarro y el hoy presidente, para sentir algunos casos, obtuvieron triunfos electorales en Nariño y Bogotá. La elección presidencial de Petro se realizó bajo las normas institucionales vigentes, no llegó al poder como un general triunfante de una guerra, sino como un presidente electo bajo la Constitución que él ayudó a construir. En esta se aplicó el principio del “velo de la ignorancia” de Rawls; los constituyentes del 91 no podían predecir si iban a estar en la oposición o en el gobierno, por lo cual establecieron mecanismos de pesos y balances y garantías a la oposición. En ningún aparte de la carta se establece que las promesas de campaña se incorporan, automáticamente sin pasar por el Legislativo y la revisión de constitucionalidad, a la normatividad jurídica.
La victoria del presidente no fue apabullante: le ganó a un candidato vergonzoso. Obtuvo las mayorías parlamentarias como se logran en Colombia y las desbarató cuando no siguieron sus órdenes sin discutirlas.
Los continuos ataques presidenciales al Congreso por no aprobar ágilmente y sin discusión sus reformas generan inquietudes y alarmas sobre su talante autocrático. No por el hecho de haberlas presentado son necesariamente correctas. En el caso de la reforma de la salud, la más controversial, una lectura del proyecto permite vislumbrar la posibilidad de usar el derecho de la salud como un instrumento de control político. Así lo ha hecho Maduro: con la salud y el acceso a los alimentos subsidiados controla a la oposición.
No se discute al derecho de invitar a la movilización ciudadana para que exprese su apoyo o rechazo a iniciativas gubernamentales o a las de la oposición. Hay que reconocer que el presidente ha respetado las marchas opositoras; a diferencia de su antecesor, que estimulaba la represión armada con dolorosos saldos de muertos y heridos. El argumento de recurrir a la movilización como medio de presión o de atajo institucional recuerda al expresidente Uribe cuando proclamaba que el estado de opinión es una fase superior a la Constitución como argumento para perpetuarse en el poder.
La política de priorizar el poder de “la calle” sobre los otros balances constitucionales genera el siguiente problema: “la calle” no es exclusiva para los defensores del gobierno, la oposición también la puede y debe emplear. ¿Quién define cuando es lo suficiente masiva una movilización para que se convierta en política su demanda o rechazo? Una de las más importantes iniciativas gubernamentales es la búsqueda de la paz, un sector que se opone a la forma como está prevista movilizó a una multitud que casi llena la Plaza de Bolívar, ¿debería, por lo tanto, el Gobierno renunciar a esa política que busca desarmar grupos ilegales, reducir las muertes y los sufrimientos? Si se compara el número de manifestantes que acudieron a la Plaza de Armas para respaldar los proyectos de ley del Ejecutivo, con los opositores a la política de la paz total, entonces ¿se debería renunciar al trámite de la reforma de la salud?