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EL GOBIERNO TENDRÁ QUE PROPOner reformas sustanciales en el sistema tributario que permitan desactivar la bomba de tiempo de un déficit fiscal que bordea el 4,5% del PIB.
Aprovechar la bonanza petrolera y minera para lograr que los recursos de las regalías se distribuyan en las regiones en forma más equitativa, y así reducir presiones de gasto del Gobierno Central. La implementación no será fácil; las entidades regionales productoras se oponen a ella. La ley que se apruebe tendrá menos efecto redistributivo que el buscado.
Existen otras restricciones a las reformas fiscales: la promesa electoral de no subir los impuestos y la presión que ejercerán quienes disfrutan de los privilegios tributarios. Las exenciones a las importaciones de bienes de capital, la reducción del impuesto por inversiones que de todas formas se harían, la exótica figura de zonas francas unipersonales que sirvieron para que los más poderosos, generalmente aportantes a las campañas reeleccionistas, vieran reducido el pago del impuesto de renta al 12%, en lugar del 33%. El valor de lo que generosamente entregó el Gobierno supera con creces el faltante en la financiación del sector salud y permitirían cubrir la casi totalidad del déficit estructural del Gobierno Central.
Los buenos precios del oro, que pasó de US$300 la onza a US$1.500, del petróleo, del carbón, del níquel son los que crearon la “minibonanza minera” y no las exenciones tributarias. Muchas de las empresas localizadas en las zonas francas, para atender el mercado interno, lo hicieron porque la demanda de su producto justificaba las ampliaciones. En otros casos, como son la producción de etanol y biodiésel, las leyes que obligan a su uso y la generosa fórmula de precios hace rentable la inversión sin necesidad de gabelas adicionales.
Es natural preguntarse: ¿aceptará la sociedad un aumento en impuestos, que son altos, para quienes por no ser grandes inversionistas no tuvieron acceso a la generosidad estatal, si al tiempo se mantienen privilegios en aras de “la confianza inversionista”?
El cambio de la estructura demográfica en el país implica un gasto creciente en salud y pensiones. El faltante pensional llega al 4,5% del PIB, es sensiblemente igual al monto del impuesto de renta. En el año 2008 el número de pensionados a cargo del Gobierno Nacional ascendía a 1’062.493 personas, de éstos 590.233 estaban a cargo del Seguro Social, la pensión media de los afiliados al ISS es de 1,67 salarios mínimos, los jubilados del Fondo del Congreso, que incluye personal administrativo, reciben en promedio 12 veces más. La pensión media del Fondo del Congreso es tres veces mayor que la de un jubilado de Colpuertos.
Otro aspecto de inequidad en el sistema pensional, además de los privilegios que han obtenido quienes tienen mayor capacidad de gestión, es la baja cobertura de quienes acceden a la pensión. De acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes, en el año 2008 sólo una de cada cuatro personas en edad de jubilación tenían pensión. Por otra parte, tres de las cuatro personas en edad de jubilación que no la reciben, pertenecen en su gran mayoría a los sectores más vulnerables. Hacia el futuro la situación sigue preocupante, el 54,2% de los empleados no están afiliados al sistema pensional, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, término políticamente correcto para incluir los subempleados, los no afiliados son el 84%. ¿Podrá obtenerse equidad con un sistema tributario inequitativo?
