Responsables

El Gobierno no ha acertado en su estrategia de buscar responsables de la delicada situación que afronta el país, se ha desgastado en acusar al castrochavismo, a Maduro, a Petro, a Putin, a Santos, a las disidencias de las Farc, a los narcotraficantes, etc. No sería de extrañar que los organismos de control cooptados por el Ejecutivo “ordenen” a los organismos de inteligencia que intensifiquen sus esfuerzos para perfilar a quienes no son afectos incondicionales del Gobierno, con el fin de ampliar el abanico de presuntos responsables.

Sin embargo, una alternativa poco costosa para identificar a los que han provocado este levantamiento ciudadano es el siguiente test: en la mañana, cuando el presidente, el ministro de Defensa, los altos mandos del Ejército y la Policía se mi ren al espejo, este les mostrará a los presuntos responsables.

¿Quién presentó en medio de una pandemia una reforma tributaria que aumentaba los impuestos a la clase media y gravaba los productos de la canasta básica?

¿Quién propuso al Congreso gravar con IVA los servicios funerarios cuando el COVID-19 mata a 500 personas al día? Es macabro el mensaje: a más muertos, mejores resultados en las arcas del Estado.

¿Quién decidió que el grueso de los recursos obtenidos se destinaría a la compra de aviones de combate?

¿Quién ordenó los ejercicios militares en la frontera, para aumentar las tensiones y así explicar por qué el único sector que no estaría sometido a un proceso de austeridad era el gasto en armamento?

¿Quién propuso gravar las pensiones consolidadas, a pesar de que este impuesto requiere una reforma constitucional?

¿Quién propuso reiniciar la fumigación con glifosato, a pesar de ser costosa, ineficiente y peligrosa para las personas, las fuentes de agua y los ecosistemas?

¿Quién, dando muestras de nula austeridad, creó nueve altas consejerías?

¿Quién utilizó los recursos fiscales para contratar asesorías que mejoraran la imagen del presidente?

¿Quién ignoró el creciente deterioro de las cifras de ingreso y el aumento del desempleo y el hambre de las familias?

Iniciado el movimiento ciudadano, la represión sangrienta exacerbó los ánimos.

¿Quién dio la orden de reprimir con armas la movilización ciudadana?

¿Quién manifestó públicamente que la protesta civil debería reducirse a espacios cerrados en un “protestódromo”?

¿Quién autorizó el uso de perdigones dirigidos a los ojos de los jóvenes?

¿Quién calificó de gallarda la actitud de la policía el mismo día que torturaron y asesinaron a un ciudadano?

¿Quién, violando el derecho constitucional, decidió que los indígenas permanezcan en sus resguardos? Les faltó añadir que los pobres no se desplacen de sus barrios.

¿Quién calificó de terroristas y vándalos a quienes ejercen su derecho a la protesta, convirtiéndolos en objetivos militares?

Por supuesto que hay infiltrados de todo tipo en las marchas, incluyendo a policías armados con traje civil, como se comprobó y tuvo que explicarlo confusamente la misma Policía. Los vándalos deben ser judicializados y castigados, pero no se puede aplicar preventivamente la pena de muerte y mucho menos a quienes no realizan actos lesivos.

La principal solicitud de los jóvenes es que no los maten ni los desaparezcan. ¿Es una demanda imposible de aceptar? Un paso decisivo para recuperar confianza es sancionar los excesos de la represión, no autorizar el asesinato de manifestantes y rechazar cualquier acto de violencia e irrespeto a los derechos humanos cometidos por cualquier participante.