El señalamiento contra el presidente Virgilio Barco de que fue el instigador del genocidio contra la Unión Patriótica (UP) es delirante.
De lo dicho por el informante anónimo a Alberto Donadio no puede concluirse la veracidad de semejante acusación. Que la Presidencia firmara un contrato con un experto en seguridad israelí no es prueba de complicidad del Gobierno en el exterminio de la UP. Es natural que el entonces presidente buscara un sistema de protección; no era ningún secreto que el narcotráfico había penetrado las instituciones colombianas: justicia, Ejército, DAS, Policía, etc., por lo cual resultaba conveniente buscar mecanismos de protección externos. Un ejemplo del grado de influencia del narcotráfico en los más altos estamentos del Estado fue una portada de la revista Time que señaló al comandante general de la Policía como receptor de los dineros de la mafia. Ese oficial buscó el apoyo del presidente Barco, quien, con mejor información, le respondió: “General, mejor demande a la revista por esta calumnia y si gana será multimillonario”. Por supuesto, no lo hizo, pues la acusación no era infundada.
Barco enfrentó a las mafias del crimen organizado. Algunos pensaban: ¡con qué ejército los va a enfrentar! Emprendió una reestructuración de las Fuerzas Militares y de la Policía para reducir la infiltración de la delincuencia. ¿Es censurable que en estas circunstancias haya buscado asesoría externa para temas de seguridad? La falta de confianza en algunos oficiales del Ejército se expresó en la entrevista a la revista South: “Para Venezuela y Colombia es mejor que los militares reciban las comisiones y no se gasten los recursos en la compra de costoso armamento”.
La acusación de Donadio hace referencia a una reunión en la cual, según un testigo, el asesor de seguridad propuso el exterminio de la UP y Barco no se opuso. Es alucinante que un tema así se trate en alguna reunión. Donadio tiene derecho a no divulgar su fuente, pero debe contrastarla. Barco era un liberal, en el sentido de respeto a las ideas de los contradictores, en la defensa de la vida y los derechos humanos. Su círculo más cercano estaba conformado por ciudadanos de tendencia claramente democrática, lejos de pensar que eliminar al contrincante era una idea aceptable. El talante de Barco no era el de emplear el poder del Estado para aniquilar un partido político.
Con Barco se negociaron y firmaron acuerdos de paz con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación, se avanzó en las negociaciones con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame. Los integrantes de los grupos subversivos, muchos de ellos en la clandestinidad, disponen de información de seguridad que mejora sus posibilidades de supervivencia. Conocen mucho más sobre los acontecimientos y estrategias de las políticas que se mueven en capas más oscuras que las que afloran oficialmente. Esta constatación es un poderoso argumento para rebatir al anónimo acusador de la memoria del presidente Barco. ¿Es concebible que grupos insurgentes, con capacidad militar, con integrantes urbanos y rurales, con contactos y conocimientos de los diferentes sectores, aceptaran negociar con un Gobierno que buscaba exterminar a los que se reinsertaban o a los partidos que lo apoyaban? Sería inconsistente. La consistencia es condición necesaria para la verdad, la inconsistencia es suficiente para la falsedad.
El señalamiento contra el presidente Virgilio Barco de que fue el instigador del genocidio contra la Unión Patriótica (UP) es delirante.
De lo dicho por el informante anónimo a Alberto Donadio no puede concluirse la veracidad de semejante acusación. Que la Presidencia firmara un contrato con un experto en seguridad israelí no es prueba de complicidad del Gobierno en el exterminio de la UP. Es natural que el entonces presidente buscara un sistema de protección; no era ningún secreto que el narcotráfico había penetrado las instituciones colombianas: justicia, Ejército, DAS, Policía, etc., por lo cual resultaba conveniente buscar mecanismos de protección externos. Un ejemplo del grado de influencia del narcotráfico en los más altos estamentos del Estado fue una portada de la revista Time que señaló al comandante general de la Policía como receptor de los dineros de la mafia. Ese oficial buscó el apoyo del presidente Barco, quien, con mejor información, le respondió: “General, mejor demande a la revista por esta calumnia y si gana será multimillonario”. Por supuesto, no lo hizo, pues la acusación no era infundada.
Barco enfrentó a las mafias del crimen organizado. Algunos pensaban: ¡con qué ejército los va a enfrentar! Emprendió una reestructuración de las Fuerzas Militares y de la Policía para reducir la infiltración de la delincuencia. ¿Es censurable que en estas circunstancias haya buscado asesoría externa para temas de seguridad? La falta de confianza en algunos oficiales del Ejército se expresó en la entrevista a la revista South: “Para Venezuela y Colombia es mejor que los militares reciban las comisiones y no se gasten los recursos en la compra de costoso armamento”.
La acusación de Donadio hace referencia a una reunión en la cual, según un testigo, el asesor de seguridad propuso el exterminio de la UP y Barco no se opuso. Es alucinante que un tema así se trate en alguna reunión. Donadio tiene derecho a no divulgar su fuente, pero debe contrastarla. Barco era un liberal, en el sentido de respeto a las ideas de los contradictores, en la defensa de la vida y los derechos humanos. Su círculo más cercano estaba conformado por ciudadanos de tendencia claramente democrática, lejos de pensar que eliminar al contrincante era una idea aceptable. El talante de Barco no era el de emplear el poder del Estado para aniquilar un partido político.
Con Barco se negociaron y firmaron acuerdos de paz con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación, se avanzó en las negociaciones con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame. Los integrantes de los grupos subversivos, muchos de ellos en la clandestinidad, disponen de información de seguridad que mejora sus posibilidades de supervivencia. Conocen mucho más sobre los acontecimientos y estrategias de las políticas que se mueven en capas más oscuras que las que afloran oficialmente. Esta constatación es un poderoso argumento para rebatir al anónimo acusador de la memoria del presidente Barco. ¿Es concebible que grupos insurgentes, con capacidad militar, con integrantes urbanos y rurales, con contactos y conocimientos de los diferentes sectores, aceptaran negociar con un Gobierno que buscaba exterminar a los que se reinsertaban o a los partidos que lo apoyaban? Sería inconsistente. La consistencia es condición necesaria para la verdad, la inconsistencia es suficiente para la falsedad.