El régimen venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía general para presos políticos, que abarca desde la llegada del chavismo al poder en 1999, hasta ahora. La ley se presentará esta semana a la Asamblea Nacional (AN) para su aprobación. La decisión, que beneficiaría a cientos de prisioneros encarcelados por motivos políticos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, excluye a aquellas personas condenadas por homicidio, drogas y delitos comunes.
También se anunció el cierre del Helicoide, el centro de detención y tortura del régimen.Según la presidenta encargada “estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, y mencionó que ya se había conversado el tema con Nicolás Maduro, quien se encuentra junto a su esposa, Cilia Flores, esperando ser procesado en Nueva York.
Hasta el momento, el proceso de liberación adelantado no ha sido claro, y hay evidentes discrepancias entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones defensoras de derechos humanos. Según el Foro Penal, una importante ONG que se dedica a hacerle seguimiento al tema habían sido liberadas 302 personas, mientras que el gobierno habla de 800.
Lo cierto es que la noticia, que demuestra un giro sustancial en la forma en que se había manejado el tema hasta ahora, es un hecho positivo y es una prueba clara de cómo la presión que ejerce Washington sobre el nuevo gobierno está dando resultados positivos en este campo. El propio Trump, para no dejar dudas al respecto, escribió en su red Truth Social que “Venezuela ha comenzado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos (…) Espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que había que hacer”. La medida también incluye el temido centro de reclusión llamado El Helicoide, que se hizo célebre por las torturas y asesinatos que se han cometido allí en contra de presos políticos.
Este importante paso permitirá la liberación no solo de quienes fueron ilegalmente encarcelados por ejercer sus derechos constitucionales, sino que también elimina medidas legales restrictivas como la presentación periódica ante tribunales y la prohibición de salir del país. Organizaciones como Foro Penal y Provea insisten en que la amnistía no debe ser vista como perdón, sino como reconocimiento de la injusticia sufrida por los presos políticos. Algunas ONG exigen que la amnistía incluya a todos los afectados por la represión, incluyendo exiliados, activistas y periodistas. El proceso de excarcelación ha reactivado protestas y movilizaciones de familiares y víctimas, quienes exigen transparencia y la publicación de listas de beneficiados.
Es importante recordar que la amnistía había sido una de las principales exigencias de la oposición y uno de los temas más conflictivos entre los opositores y el chavismo, especialmente durante los trece años de gobierno de Maduro, donde la represión arreció de forma inmisericorde. Ya en 2015, y luego de ganar las elecciones parlamentarias, el bloque opositor había presentado una ley de amnistía, que fue bloqueada por el oficialismo y por el Tribunal Supremo de Justicia. La ONU y la OEA han recopilado las graves denuncias de maltrato y muertes en prisión cometidas por el régimen. Para finales de 2024, el número de presos políticos era de mil quinientos. Mientras se da este importante paso, que, de concretarse en la forma esperada, será un avance esencial en materia de derechos humanos, la transición política en Venezuela sigue siendo incierta, con dudas sobre la capacidad del actual gobierno para liderar cambios profundos y garantizar justicia.
De otro lado, y también bajo la tutela que ejercen los Estados Unidos, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una amplia reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la AN. La misma, reduce la carga fiscal, cede a las empresas privadas un control inédito sobre la operación y comercialización del crudo, y otorga al Ministerio de Petróleo amplias facultades para firmar y modificar contratos. En paralelo, Donald Trump anuncia que “abrirá todo el espacio aéreo comercial” sobre Venezuela y reanudará las conexiones aéreas comerciales como parte de un giro que incluye alivio de sanciones y el desembarco de grandes petroleras estadounidenses.
Por José Luis Ramírez León
