El enfrentamiento armado entre la Policía de Río de Janeiro y el Comando Vermelho (CV), la segunda organización criminal de la ciudad, dejó un saldo de 121 personas muertas, entre ellas cuatro policías. El gobernador estatal, el bolsonarista Cláudio Castro, presentó el hecho sangriento como un gran éxito, mientras se apresta a lanzar su candidatura a la presidencia para las elecciones del año entrante. El horror desatado, con válidos cuestionamientos de ONG de Derechos Humanos y del gobierno central, demuestran el preocupante aumento del uso letal de la fuerza en la región.
Se trata de la operación más sangrienta en contra del crimen organizado en la historia del Brasil y se enmarca en la actuación de la extrema derecha que está dispuesta a utilizar cualquier medio con tal de “garantizar la seguridad”. Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas, quien utilizó la violencia para combatir el narcotráfico sin respeto por las normas internas o internacionales. Hoy está preso y responde ante la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos. También Nayib Bukele, quien logró acabar en El Salvador con las denominadas Maras, pero es señalado por violación de los DD. HH. y manejo autocrático del poder. En los últimos meses Donald Trump designó a los narcotraficantes como terroristas, arrogándose el derecho de actuar con fuerza letal, sin presentar pruebas y en contra del Derecho Internacional.
Latinoamérica tiene los niveles más altos de violencia en el planeta, con un porcentaje de homicidios que llega a cuadruplicar a las demás regiones. La creciente preocupación por el aumento de inseguridad y la criminalidad llevan a que la ciudadanía exija respuestas inmediatas, abriendo el paso a gobiernos populista y autoritarios. En la gran mayoría de los casos se ha demostrado, según estudios serios, que la militarización de las calles o la eliminación física de los jefes de estos grupos no solo no es una solución a mediano plazo, sino que aumenta los niveles de violencia. Lo anterior no quiere decir que no se utilice la fuerza, cuando es necesario, pero debe ser proporcional a la amenaza, acorde con las normas internas e internacionales, el respeto a los DD. HH. y, muy especialmente, como un complemento a las labores de inteligencia que han demostrado ser más efectivas.
En Río conviven, unas veces como aliados y otra como enemigos, dos grandes grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y armas: el Primer Comando de la Capital, PCC, y el CV. Sus feudos están afincados en las favelas, o barridas populares, que se apiñan contra los cerros de la ciudad. Mueven gigantescas cifras de dinero de sus negocios ilícitos y manejan la vida diaria, donde la policía no puede ingresar fácilmente. El gobernador Castro, consciente de que la mano dura cala en un alto número de electores, planificó y llevó a cabo la acción como preparación de su candidatura dentro del bolsonarismo. A pesar de las graves denuncias de personas que fueron decapitadas durante la operación policial, y otros desmanes, este dijo que “las únicas víctimas” de la matanza eran los cuatro agentes de policía muertos.
La criminalidad en las grandes ciudades como Río de Janeiro es de vieja data. Los enfrentamientos con la policía también. No hace muchos años la denominada Mano Negra se dedicó a asesinar presuntos delincuentes en distintos lugares del país. Siempre se especuló que sus integrantes eran miembros de la policía que arrojaban los cadáveres en las favelas o en los basureros de las grandes ciudades. De allí que lo que se denomina el uso del “gatillo fácil” por la policía o los criminales, no haya cesado. Según cifras publicadas por El País, “6.243 sospechosos murieron baleados por la policía en 2024, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Eso significa 17 personas al día”.
El uso indiscriminado de la fuerza no lleva necesariamente a la desaparición de este tipo de grupos. Los estudios y la realidad de los hechos así lo demuestran. Mientras el Estado no logre actuar mediante políticas públicas de carácter social, enmarcadas dentro del concepto de la Seguridad Democrática, se estará perpetuando un círculo vicioso. La ministra de Derechos Humanos de Brasil, Macaé Evaristo, manifestó que la acción “fue un fracaso, una tragedia, un horror innombrable (…) si queremos combatir el crimen organizado, tenemos que empezar por la cima”, por los que mandan. Tiene toda la razón.
Por José Luis Ramírez León
