Laura Fernández, la candidata oficialista que prometió continuar el legado del actual gobierno de Costa Rica, ganó con un 50 % de los votos al ofrecer mano dura contra la inseguridad causada por el crimen organizado, la principal preocupación de los ciudadanos. La exministra, prohijada por el presidente Partido Pueblo Soberano, ha retomado el ejemplo de Nayib Bukele en materia de seguridad, y prometió actuar sin contemplaciones contra el narcotráfico. El continuismo, una oposición dividida y contar con un gran presupuesto le permitieron un triunfo arrollador. Al asumir la presidencia vendrá la parte compleja: cumplir todo lo prometido en campaña.
La campaña de Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPS), se basó en la promesa de “continuidad del cambio”. La presidenta electa recibió todo el apoyo posible del mandatario saliente, quien no podía presentarse a la reelección. De hecho, Fernández mencionó que, de resultar electa, le daría a Chaves un cargo de especial relevancia dentro de su gabinete. Entre sus promesas de campaña, estuvo el llevar a cabo una transformación estructural, “profunda e irreversible”, con el deseo de terminar con la “segunda república”, que comenzó el 1948, y, en su reemplazo, construir una “tercera república” en el país.
Con 31 diputados dentro de la nueva Asamblea Legislativa, unicameral, tiene la posibilidad de impulsar proyectos de ley en materia de seguridad, validar presupuestos y bloquear iniciativas contrarias, sin mayores contrapesos. La situación varía cuando quiera adelantar reformas constitucionales, para lo cual necesita de una mayoría calificada, es decir 38 votos, las dos terceras partes de los 57 escaños con que cuenta la Asamblea. De esta manera, para las reformas constitucionales que desea adelantar, le corresponde al PPS negociar con otras fuerzas políticas, lo cual no va a ser tan sencillo. Ese será el momento de buscar acuerdos y evitar la tentación de debilitar los contrapesos democráticos. Para obtener este resultado, su estrategia se centró en regiones con alta desigualdad y barrios empobrecidos, donde el descontento con las élites tradicionales es mayor.
Dentro de los regímenes populistas, quienes participan en procesos electorales suelen hacer uso de una serie de herramientas políticas cuestionables que pueden terminar en peligrosas derivas autoritarias. El uso de la mentira, como forma reiterada de posicionarse entre los electores con menores niveles de educación, a través de las redes sociales, la descalificación de los contrarios a los que no se considera como oponentes sino como enemigos y la división maniquea de la sociedad entre “nosotros”, grupo que representa la verdad, frente a “ellos”, a quienes hay que derrotar.
No en vano, en sus primeras palabras luego del triunfo electoral, la candidata ganadora hizo una fuerte crítica a la prensa independiente y llamó “caníbal” a la oposición política. En El Salvador, con ese tipo de lenguaje confrontacional, su primer mandatario fue desmontando el estado de derecho y terminó entronizándose en el poder. Hay ejemplos similares en la región y en el mundo.
El ejemplo de llevar a cabo una “refundación”, en el caso de gobiernos populistas como en la Hungría de Víctor Orbán o El Salvador de Nayib Bukele, por citar solo dos ejemplos de gobernantes de derecha, termina abriendo la puerta a regímenes iliberales o, abiertamente autoritarios. Con respecto a Bukele, hace poco visitó Costa Rica para poner, junto a Rodrigo Chaves, la primera piedra de lo que será una megacárcel, similar al Cecot, el Centro de Confinamiento del Terrorismo salvadoreño. En Honduras, el triunfo de Nasry Asfura, en las recientes elecciones presidenciales, demuestra hasta dónde ha calado la tendencia hacia este tipo de gobiernos en una suerte de “bukelización” de Centroamérica.
El reto principal de la presidenta electa, apenas asuma el poder, será mantener un ambiente de respeto y cooperación, evitar tendencias autoritarias, promover el diálogo institucional y lograr las reformas que pueda adelantar, sin perder legitimidad ni atentar contra la democracia. Sería lamentable que Laura Fernández actúe en contrario. Costa Rica debe continuar siendo un país modelo de estabilidad democrática regional.
Por José Luis Ramírez León
