La presencia de naves de guerra, entre ellas barcos, aviones, un submarino y 4.500 efectivos de los Estados Unidos en aguas del Caribe Sur, más concretamente frente a Venezuela, ha creado el ambiente de una posible acción militar, limitada o amplia, para capturar/derrocar a Nicolás Maduro. El dictador del país vecino ha anunciado el cantinflesco despliegue de cuatro millones y medio de milicianos a lo ancho y largo del país para defender la soberanía. La situación creada parece ser otro intento de generar pánico en el país vecino para que caiga el régimen. Nada de lo anterior parece que vaya a suceder, al menos a corto o mediano plazo.
La puesta en escena de este nuevo intento de poner presión sobre Venezuela nace de una narrativa que ha sido cuidadosamente elaborada, sobre hechos conocidos, para justificar el envío de la fuerza militar. En primer lugar, la promueven altas autoridades en Washington, desde el secretario de Estado, Marco Rubio, hasta la vocero de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que Estados Unidos está decidido a usar “todo su poder”, pues “el régimen de Nicolás Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Para esta administración, Maduro es un narcotraficante, un líder fugitivo de este cartel”. En este narcoestado su ilegítimo presidente dirige el llamado Cartel de los Soles, controla todos los hilos del poder, y se dedica a exportar droga a todas partes.
Lo anterior no solo es cierto, sino que a este señalamiento se le pueden agregar otros hechos agravantes: la dictadura venezolana ampara el terrorismo, da cobijo al ELN y a las disidencias de las FARC, también a Hezbollah, y se lucra de la minería ilegal, especialmente de oro y diamantes en la zona del Arco Minero del Orinoco. Por último, y tal vez lo más importante, está la investigación que cursa ante la Corte Penal Internacional, CPI, contra Maduro y la cúpula gubernamental por delitos de lesa humanidad.
Con ese expediente, y frente a un gobierno ilegal y corrupto, surge el siguiente interrogante: ¿tiene Washington la potestad de actuar militarmente, de manera unilateral y en contra del deseo de la mayoría de los países de la región, para derrocar al autócrata que detenta el poder sobre la base de los hechos planteados? La respuesta, para quienes creemos, promovemos y defendemos los principios básicos de la convivencia entre Estados, representada por el Derecho Internacional Público, es un contundente No. Es decir que oponerse a un acto unilateral de fuerza no implica un apoyo a una dictadura. La única forma prevista para que se pueda actuar en un caso similar, es una amenaza a la paz y la seguridad internacional que sea aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU vía Capítulo 7. Cualquier otro acto es violatorio de la Carta de Naciones Unidas.
De llevarse a cabo unilateralmente, estaríamos retrocediendo a 1989 cuando los Estados Unidos invadieron Panamá para derrocar a otro dictador y narcotraficante, que había hecho parte de la nómina de la CIA, Manuel Antonio Noriega. Venezuela no es Panamá, hay una gran diferencia entre los dos países y el momento histórico en que sucedieron los hechos. El tema de la urgente necesidad del retorno de la democracia al sufrido y hermano pueblo de Venezuela, a pesar de la frustración que existe por los intentos legales y fallidos para hacerlo, no puede pasar por cohonestar una acción militar del país del norte que traería muy graves consecuencias no solo para Venezuela sino para Colombia y los demás países de la región.
Una opción, sobre la que se especula, es que el despliegue actual se trate tan solo de una operación quirúrgica, tipo comando, para llevarse a Maduro y que responda por todos los delitos sobre los cuales tendrá que pagar algún día. La otra, una invasión a gran escala, que implicaría el desplazamiento de una fuerza militar de una magnitud gigantesca, por parte de Estados Unidos, que implicaría pérdida de vidas de parte y parte, en momentos en que el presidente Donald Trump aspira a lograr el premio Nobel de la Paz. No tiene sentido.
Una situación similar a la de ahora ya se intentó en el 2020. La diferencia con la actual es que, al ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza, gente dentro del propio régimen, o algunos mercenarios, se animen a su captura y extracción. Escenario poco posible y, en caso de que sucediera, quedan otros integrantes del narcoestado, encabezados por Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Tarek William Saab, Cilia Flores, Delcy Rodríguez o el general Vladimir Padrino López. Para sacarlos a todos ellos tendría que darse una invasión en toda la línea, como en Irak, y no se ven las condiciones para que esto pueda suceder.
Por José Luis Ramírez León
