Presos como moneda de cambio

Lo que en principio pareció ser una medida legítima de canje humanitario de presos a tres bandas, entre los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador y Venezuela, terminó desvirtuándose por tratarse de la utilización de personas, la casi totalidad de ellas retenidas de forma ilegal, que fueron circuladas como moneda de cambio. Esta inédita forma de actuación, que les permite a algunos países deshacerse de personas indeseables, sin atender consideraciones legales, crean un grave precedente que debería ser de conocimiento de entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

La historia parte de comienzos del presente año con la decisión del gobierno de EE. UU. de llevar a cabo redadas masivas y retener a cientos de personas que se encuentran en condición de irregulares. De ellas, 250 fueron deportadas irregularmente en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Se estableció entonces que sólo 32 de ellos han sido condenados por crímenes en Estados Unidos, en su mayoría no violentos, como hurtos en tiendas o infracciones de tránsito. Es decir, que no se cumplió con los protocolos internos ni los internacionales previstos para adelantar procesos de deportación. Los presos quedaron así abandonados a su suerte, en un incierto limbo jurídico, con sus derechos vulnerados, sin debido proceso y sin que se atendiera a sus reclamos ni los de sus familias. El infierno.

Frente a esta situación irregular, en la cual los deportados fueron esposados y presentados como peligrosos criminales y terroristas, tan solo un caso adquirió la relevancia mediática y judicial que ameritaba: el de Kilmar Abrego García. Luego de su deportación, y ante las crecientes protestas de su familia y de los medios de comunicación, el gobierno se vio obligado a permitir su retorno, pero fue detenido de nuevo al llegar, acusado por un supuesto de tráfico de personas. Mientras su caso continúa ante la justicia federal, la mayoría de las demás personas detenidas de manera arbitraria en Estados Unidos no cuenta con dolientes que aboguen para exigir el debido proceso.

El viernes 18 de julio, en un insólito movimiento tripartito, y tras la solicitud de la Casa Blanca, el gobierno autoritario de Nayib Bukele en El Salvador envió a Venezuela, sin ninguna explicación jurídica, a los 252 venezolanos que se hallaban retenidos ilegalmente en el CECOT. Luego de llegar a Venezuela, la mayoría declararon haber recibido “abusos físicos y psicológicos”, y uno de ellos denunció violencia sexual en su contra. Estaban acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, sin pruebas, y a pesar de que sus familiares denunciaron la falsedad de los cargos y la violación de sus derechos humanos.

En contraprestación, la dictadura de Nicolás Maduro, justo un año después del gigantesco fraude electoral que lo atornilló en el poder, liberó a diez estadounidenses detenidos en cárceles venezolanas, entre ellos a un venezolano naturalizado en EE. UU., y convicto por un triple homicidio en España, que fue dejado en libertad al llegar al país del norte. Se presentó así una macabra paradoja: se deporta sin pruebas a supuestos delincuentes y se acepta sin problema el ingreso al país de una persona condenada por homicidio. También se liberó a un número no precisado de presos políticos venezolanos, detenidos ilegalmente en su país. Según Maduro, se trataba de individuos procesados por delitos comunes y por actos contra el orden constitucional. En un país sin un sistema de justicia independiente, este tipo de señalamientos carece de legitimidad.

Carolina Jiménez, directora de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), mencionó que hay un buen número de defensores y defensoras de derechos humanos detenidos arbitrariamente en Venezuela, privados arbitrariamente de su libertad. De otro lado, la periodista venezolana Luz Mely Reyes consideró que, en otra evidente paradoja: “con el trueque entre los tres gobiernos se avanza hacia un estilo de entendimiento entre autoritarios que no son aliados ideológicos”.

Al final, se conoció que el uso ilegal de presos llevó a la administración Tump, una vez Maduro cumplió su parte del negocio, a permitir que Chevron regresara a Venezuela para continuar con el negocio petrolero. Cada uno de los tres países ganó, de acuerdo a su perspectiva, en este perverso negocio. Desde entonces, en un procedimiento de “puerta giratoria”, el régimen detuvo ilegalmente en Venezuela a otros 20 opositores políticos, listos para la próxima negociación con Washington en un repudiable juego de mesa internacional con seres humanos utilizados como moneda de cambio.